El Partido Frente Amplio manifiesta su apoyo al movimiento estudiantil de la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” que desde esta mañana realiza una toma de las instalaciones para enfrentar la política de recortes presupuestarios que en los últimos años ha venido afectando las labores regulares de la sede, en todas las áreas sustantivas de la Universidad: acción social, docencia e investigación.
Los recortes generalizados contra las sedes regionales de las universidades públicas afectan directamente a las poblaciones más vulnerables. En medio del contexto de crisis que enfrentamos, el repliegue de las universidades estatales de las regiones más empobrecidas y golpeadas por el modelo económico neoliberal, contribuye a reforzar la situación de exclusión y abandono en que viven estas comunidades.
Necesitamos universidades estatales con una presencia fuerte y permanente en estos territorios, que junto con la comunidad contribuyan a brindar alternativas para las regiones rurales y costeras. De esta manera, no es de recibo el recorte en acción social, como ha sido la tónica el último año en la Sede del Pacífico, ni en docencia, que deja al estudiantado de la región en una situación de extrema vulnerabilidad ante el cierre de cursos y carreras académicas.
Las medidas contra las universidades públicas tomadas por la actual administración Alvarado Quesada, lideradas por Rocío Aguilar, ministra de hacienda, ponen en peligro aún más el financiamiento del sistema de becas para la población estudiantil, y condenan a la juventud de menores recursos a endeudarse para poder costear sus estudios. Estamos así ante uno de los escenarios más agresivos de los últimos años contra la educación superior estatal.
La Sede del Pacífico, ubicada en el Cocal de Puntarenas, se creó en la década de 1970 gracias a la gestión parlamentaria del diputado Arnoldo Ferreto Segura, del Partido Vanguardia Popular, junto con la acción de las comunidades porteñas, que se materializó en la llamada “Ley Ferreto” que creó el financiamiento para la educación superior en esa provincia mediante un impuesto a la pesca atunera de grandes embarcaciones.
Es por esto, que comunidades rurales, costeras, universitaria, y población en general debemos unir esfuerzos en la defensa de la educación superior pública financiada por el Estado, que garantice el acceso de los sectores populares a esta educación y junto a la investigación y la acción social siga siendo un mecanismo de movilidad social ascendente, desarrollo de los territorios y democratización.
¡Frente Amplio en defensa de la educación superior pública!
