-Expone lazos familiares y políticos en el caso del millonario alquiler de edificio para la ARESEP
-Llama a no dilatar más la integración de la Comisión Investigadora de las Concesiones de Obras y Servicios Públicos
La inexistencia de una ley que regule con claridad los conflictos de interés en el ejercicio de la función pública, es uno de los vacíos que son aprovechados por quienes abusan de sus cargos e influencias políticas para favorecer negocios familiares o de personas allegadas.
Así lo expresó el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien resaltó lo ocurrido en el caso de la decisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), de alquilar, en tiempo récord, un edificio del complejo Multipark, en Guachipelín, Escazú, por un costo de ¢1.000 millones al año, según dio a conocer el diario La Nación.
El edificio pertenece al fondo de inversiones IMPROSA SAFI, del Banco Improsa S. A., cuya Junta Directiva estuvo integrada, hasta febrero de 2006, por el Tesorero de la campaña electoral del Partido Liberación Nacional, Alfredo Ortuño Victory. Familiares suyos siguen integrando, a la fecha, dicha Junta Directiva.
Como se sabe, una vez instalado el Gobierno del Expresidente Óscar Arias, Ortuño Victory fue designado como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue cuestionado por pagar consultorías a personas que laboraron para el Poder Ejecutivo.
Entre los consultores pagados de esta manera, cuestionada por la Contraloría General de la República, se encontró Jorge Cornick, quien luego pasó a formar parte de la Junta Directiva de la ARESEP, cuando era jefeada por el actual Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y bajo cuya responsabilidad se tomó la decisión –en solo 19 días- de alquilar el edificio de Multipark.
Pero resulta que Cornick –dijo el diputado Villalta- también forma parte del equipo de la organización no gubernamental PROCESOS, que preside la esposa del Ministro Herrero, Florisabel Rodríguez.
“Esto debe ser investigado, pues es solo otro caso más que pone de relieve la urgencia de entrarle con bisturí a los posibles conflictos de interés, al abuso que se hace de la función pública para favorecer, en una competencia desigual, a determinados grupos político-empresariales”, agregó Villalta.
“Hay diputados quienes nos acusan de supuestamente “dañar honras”, pero esto no es lo que hacemos en el Frente Amplio. Lo que hacemos es no olvidar que hemos sido electos por el pueblo precisamente para velar por la honestidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, y para proteger los bienes que pertenecen a toda la ciudadanía”, concluyó.
