No se trata de satanizar la concesión de obra pública, sino esclarecer procedimientos oscuros
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO
En su editorial, titulado “El análisis de las concesiones”, publicado el miércoles 22 de setiembre, el diario La Nación comete el error de desestimular la necesaria vigilancia y control político que, no solo la Asamblea Legislativa, sino toda la ciudadanía, deben ejercer sobre las concesiones de obra pública.
El ejemplo más patente de esta necesidad es la carretera San José-Caldera, la primera licitación cuyo lucro, por parte del concesionario, no es pagado por el Presupuesto Nacional, sino directamente por la población usuaria, mediante los peajes pactados en un contrato que financieramente resultó oneroso para el país y un verdadero abuso por parte del concesionario.
Este mal negocio para el país lo pagará, por los próximos 17 años, la población de Santa Ana, Ciudad Colón y Puriscal, pues deberá costear de ¢20.000 a ¢25.000 mensuales en peajes. Y lo mismo podría ocurrir con la concesión pendiente de la carretera a San Ramón, entregada al mismo concesionario.
Pero lo más grave de todo es que las autoridades del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el MOPT, en su momento, hicieron caso omiso de las claras advertencias que emitió la primera gerencia financiera de la concesión. Y, todavía peor, también hizo la vista gorda la Contraloría General de la República, que refrendó la negociación y no tomó en cuenta las advertencias, poniendo excusas formalistas.
En términos de derecho administrativo, cuando se hace una licitación pública, el cartel es la base del contrato. Y los aspectos sustantivos del cartel, como el objeto de control, el precio, el plazo y la distribución de riesgos, no se pueden modificar. El contrato de la carretera San José-Caldera sufrió cuatro cambios mediante las adendas 1, 2, 3 y 5. El 4 nunca se refrendó. Yo invito a La Nación y a los medios de comunicación interesados a prestar atención a las adendas 3 y 5,
En la adenda 3 se trasladó la concesión del consorcio Cartellone-Acosol a Autopistas del Sol, y se modificó el precio de la obra mediante el cambio de la tasa de descuento, que pasó de ser variable, a ser fija, y muy alta. Y gracias a esto, mientras que el concesionario se financió a una tasa entre el 7% y 8% en dólares, la tasa de descuento se fijó en 11.62%, más la inflación de EE. UU,, lo cual da una tasa de un 14%.
El diferencial entre la tasa de descuento y la tasa a la que se financió el concesionario, le da a Autopistas del Sol un ingreso adicional que no estaba especificado en el cartel, que originalmente estableció una tasa variable. Con este procedimiento, se aumentó el precio de la obra en $72 millones sin que este aumento fuese visible, sin aumentar el valor presente de la obra, que se había cotizado en un total de $158 millones. Y este es solo uno de los cambios que beneficiaron abusivamente al concesionario.
Sentar responsabilidades. Este y otros hechos son los que la comisión creada para investigar las concesiones de obra pública se propone esclarecer, con el fin de sentar responsabilidades y evitar que verdaderos desastres como el de esta concesión, vuelvan a ocurrir en el país.
No se trata, entonces, de satanizar la concesión de obra pública cuando esta es beneficiosa para el país, pero tampoco de convertirla en una panacea cuando hay inversiones que el Estado puede realizar con costos razonables y sin que medie el lucro. Tampoco se trata de condonar el atropello del interés público y de la institucionalidad, para que se puedan exhibir inauguraciones precipitadas con el objetivo de ganar una campaña electoral.
En su cuarto informe de fiscalización de la concesión de la carretera San José-Caldera, recientemente publicado, la Contraloría General de la República llega a la conclusión de que el CNC no está preparado para fiscalizar esta concesión como debe ser: “Esta Contraloría General considera que el citado comentario del CNC más bien viene a fortalecer la posición externada dentro del presente acápite del informe en relación con las debilidades que muestra el CNC respecto a la concreción de las obras señaladas, en virtud de que su capacitad organizativa e institucional no le permite atender todos los asuntos relevantes de la Concesión de este proyecto” (pág. 32).
Por eso, antes de realizar nuevas concesiones, también es importante establecer si el país está preparado para llevarlas a cabo exitosamente.
Hacer transparentes las concesiones en las que se involucra el patrimonio público y también el ingreso de las personas usuarias, resulta una obligación, no una opción.
Fuente: La Nación, 27 de Setiembre 2010
