José María Villalta Flórez-Estrada
Diputado del Frente Amplio
La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Una iniciativa que el movimiento ecologista costarricense viene promoviendo desde hace muchos años y que la fracción del Frente Amplio propuso como su proyecto prioritario para esta legislatura. ¿Qué logramos con esta reforma?:
• Cerramos definitivamente el portillo legal para nuevas concesiones y permisos de minería metálica a cielo abierto. Costa Rica se posiciona como el primer país latinoamericano que prohíbe por ley esta dañina actividad en su territorio.
• Se archivan todos los proyectos de minería metálica a cielo abierto en trámite que no tengan una concesión válidamente otorgada. Incluso se archivan aquellos que han presentado trámites en SETENA o que han obtenido un permiso de exploración, pues no podrán obtener una concesión de explotación. Protegemos así a comunidades amenazadas por nuevos proyectos mineros en zonas frágiles y de gran riqueza natural como Talamanca y la Península de Osa.
• Erradicamos de forma definitiva el uso del mercurio y el cianuro en todo tipo de actividad minera. La prohibición rige inmediatamente, salvo para la minería artesanal que tendrá un plazo de ocho años para reconvertirse y usar tecnologías alternativas. El progreso es sustancial si comparamos este logro con la situación actual, cuando cualquier empresa minera puede obtener permisos para utilizar estos químicos tóxicos.
• Se prohíbe todo tipo de explotación minera en reservas forestales y refugios de vida silvestre. Hoy en día, la ley solo prohíbe la minería en parques nacionales y reservas biológicas pero expresamente la permite en estas áreas protegidas de gran riqueza natural y altísima vulnerabilidad.
• Las concesiones para actividades mineras no prohibidas en Abangares, Osa y Golfito se reservan para otorgarse única y exclusivamente a empresas nacionales de la economía social: cooperativas dedicadas a la minería artesanal de pequeña escala, integradas por habitantes de las comunidades locales. Hoy en día estas concesiones están en manos de grandes empresas trasnacionales, que pueden usarlas para construir nuevos megaproyectos. Con la reforma se cierra esta amenaza. El Estado tendrá la obligación de recuperarlas para reasignarlas a las comunidades locales. Las cooperativas de minería artesanal tendrán que cumplir con todos los controles y requisitos establecidos en la legislación ambiental para obtener sus concesiones.
• Se abre una oportunidad de brindar mejores condiciones de vida a las comunidades empobrecidas dedicadas a la minería artesanal y coligalleros que dependen de esta actividad como única fuente de subsistencia y hoy viven en la ilegalidad. El Estado asume una serie de obligaciones concretas como brindarles acceso al crédito, asistencia técnica y capacitación para reconvertir su actividad hacia el uso de tecnologías ecológicamente sostenibles y para impulsar el desarrollo de actividades productivas alternativas como el turismo.
• Se fortalece la lucha contra el proyecto minero Crucitas. Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, pero si la concesión ilegal de Industrias Infinito se cae en los tribunales de justicia, como está ocurriendo con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y esperamos que también finalmente en casación, no podrán subsanarla ni obtener una nueva. La aprobación de esta ley por unanimidad implica la definición de una clara política de Estado: en Costa Rica la minería metálica a cielo abierto es una actividad prohibida por insostenible y dañina. Es una incoherencia mantener un decreto que la declara de “conveniencia nacional”.
El proyecto de ley se aprobó por unanimidad. Muchos diputados y diputadas de varias fracciones legislativas contribuyeron a su aprobación. Sin embargo, si a alguien hay que atribuirle la titularidad de este logro es al movimiento ecologista costarricense que, pese a los ataques y las infamias, tiene décadas de denunciar el desastre ambiental de la minería a cielo abierto; a las comunidades de la Zona Norte, que tienen casi 20 años de luchar y marchar contra la minería; a las y los caminantes; a las y los ayunantes; a miles de ciudadanos y ciudadanas concientes que se han manifestado por otra Costa Rica posible.
Reconciliación con la Madre Tierra y justicia social con las comunidades empobrecidas y abandonadas. Son dos objetivos que hoy están un poquito más cerca.
