Ley de Protección al Trabajador obliga a trasladar al IVM hasta el 15 % de las utilidades de empresas públicas
El Plenario legislativo ha aprobado hoy una moción, del diputado frenteamplista José María Villalta y apoyada por los diputados de la Alianza por Costa Rica, para instar a la Presidenta de la República para cumpla lo que dispone el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual obliga a trasladar las utilidades de las empresas públicas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la recaudación no se ha podido concretar por la falta un reglamento para los cobros.
Los estudios y recomendaciones, para emitir el decreto, fueron enviados a la Presidenta el 14 de setiembre de 2010 por el MTSS. Así consta en oficio de la Ministra Sandra Piszk a la Sala Constitucional el pasado 16 de mayo.
Hace un año, el estudio actuarial de la CCSS remitido a la Presidenta de la República, estimaba en 300 mil millones de colones lo adeudado por las empresas públicas al régimen de IVM en los 10 años en que no se ha cobrado. Hoy, por el atraso de la Presidenta, se suman miles de millones de colones a la deuda, lo cual redunda en la profundización de la crisis.
La moción contó con una airada oposición de la fracción liberacionista que trató por todos los medios que no se aprobara.