-“Es evidente que existe una voluntad política excluyente y cerrada a todo raciocinio por parte del PLN y el PAC”, afirma el parlamentario.
Tres nuevas mociones presentadas por el Frente Amplio en la Comisión del Proyecto Fiscal, cuyo propósito era preservar las exoneraciones del Impuesto de Ventas o Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las ventas de bienes y las prestaciones de servicios adquiridos por las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza, las universidades públicas, el Consejo Nacional de Rectores y las instituciones parauniversitarias estatales, fueron rechazadas ayer por el PLN y el PAC.
Se trata de las mociones No. 1041, 1042 y 1043 que el diputado José María Villalta defendió durante la sesión nocturna de esa Comisión con el propósito de evitar el encarecimiento de los costos de operación para estas instituciones y que de esta manera se vean afectados sus presupuestos.
Los argumentos expresados por el parlamentario sí ganaron el respaldo de los diputados representantes del PUSC, el PASE y el Movimiento Libertario, e inclusive su defensa de la exoneración del IVA para las juntas de educación obtuvo un voto a favor del PLN, pero en ningún caso ese partido ni el PAC quisieron poner los votos necesarios para proteger a ese conjunto de entidades de la educación pública costarricense.
Para el diputado Villalta, “existe un claro bloqueo a la argumentación crítica del Frente Amplio en la discusión de este paquetazo fiscal, que es consecuente con la voluntad antidemocrática que expresaron esos partidos, incluido el PAC, al apoyar una tramitación ultrarrápida y restrictiva de los derechos de los diputados.”
Otra manifestación de esto fue que, en la apurada sesión de la Comisión realizada el domingo pasado, el PLN y el PAC aprobaron una moción del PUSC para exonerar del IVA a la Junta de Protección Social de San José (JPS), por la realización de las actividades que la ley le mandata, incluida la venta de distintos tipos de loterías, moción que había sido presentada primero por el Frente Amplio, pero que le fue rechazada junto con otras 40 mociones que estaban dirigidas a proteger a instituciones y actividades muy sensibles para la ciudadanía.
