-Además pide indemnizar a la CCSS por incumplimiento de Ley de Protección al Trabajador por más de 263 mil millones de colones
-Tribunal Contencioso Administrativo le da curso a la demanda y la declara preferente
La fracción legislativa del Frente Amplio presentó una demanda contra el Estado costarricense, por incumplir sus obligaciones legales con los seguros sociales de salud y pensiones que administra la CCSS, a la cual el Tribunal Contencioso Administrativo ha resuelto darle curso. La demanda se centra fundamentalmente en dos grandes reclamos: el pago en efectivo de todas las deudas del Estado y el cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
“En primer lugar estamos reclamando que los tribunales de justicia obliguen al Estado a cumplir con la Ley 7374 que estableció que desde 1997 debían pagarse en efectivo y no con títulos de deuda, bonos u otro tipo de papeles las deudas del Estado con la seguridad social tanto por las cuotas obrero patronales y del Estado como tal, como por otras obligaciones, por ejemplo, la atención a personas pobres”, señaló el diputado frenteamplista José María Villalta.
Para ello, solicitan que se declare la ilegalidad del pago con bonos y se le ordene al Estado cancelar todas sus obligaciones pendientes y las que surjan en el futuro con dinero en efectivo. Asimismo, se demuestra que la CCSS ha sufrido un grave daño económico por el pago con papeles inservibles que realiza el Gobierno, tal y como ocurrió en los últimos meses, cuando la CCSS tuvo que pedir un préstamo a los bancos del Estado para cubrir sus gastos, al entregar Hacienda bonos que no podían colocarse en el mercado.
El segundo punto de la demanda es que por fin se obligue al Estado a cumplir con el artículo 78 de la Ley de Protección del Trabajador que establece una contribución obligatoria de hasta 15% de las utilidades de las empresas públicas. “Esta contribución debía destinarse desde el año 2000 a fortalecer el régimen de pensiones de la CCSS y a universalizar la cobertura a favor de trabajadores independientes en condición de pobreza. Sin embargo, de forma indignante, 12 años después la CCSS no ha recibido nada por concepto de este tributo”, afirmó el diputado Villalta.
El incumplimiento del Gobierno le ha causado un daño multimillonario al seguro de pensiones (IVM) que asciende, como mínimo, a la cifra de 263 mil millones de colones que la CCSS dejó de recibir durante 12 años entre principal e intereses, por lo cual se solicita que se condene al Estado por los daños y perjuicios causados a la seguridad social y se le ordene indemnizar a la CCSS por esa suma de dinero que no recibió por su negligencia.
Al admitir la demanda, el citado Tribunal indicó que “siendo un hecho público y notorio que la CCSS enfrenta una crisis financiera, se revela la necesidad de resolver este proceso”, luego concluye “cada día de atraso implica un agravamiento de la crisis financiera y por ello resulta urgente y necesario darle preferente a este proceso.”
