José Merino del Río*
Las leyes sobre propiedad intelectual que se aprobaron en la Asamblea Legislativa como parte del TLC establecieron penas desproporcionadas para castigar el fotocopiado, por ejemplo, cinco años de cárcel por fotocopiar un libro. Ni para los delitos de corrupción que cometen a diario miembros de la llamada clase política las penas son tan duras.
Como era de esperar, representantes de grandes casas editoriales, que publican textos universitarios y los colocan en el mercado a precios inalcanzables para la gran mayoría de los estudiantes costarricenses, visitaron algunas fotocopiadoras con fines claramente amenazantes.
Surgió así un movimiento de estudiantes, principalmente de la UCR y de la UNA, y un grupo de dueños de pequeñas casas fotocopiadoras, que buscaron cómo proteger el acceso al fotocopiado con fines educativos, enfrentando ese garrote de las transnacionales que significa el TLC y su legislación sobre propiedad intelectual.
El Frente Amplio, que combatió con todas sus fuerzas estas leyes leoninas y draconianas del TLC, se puso del lado de los estudiantes y elaboró un proyecto de ley para garantizar el derecho a fotocopiar con fines ilustrativos para la enseñanza, y evitar así cualquier amenaza presente o futura que limite o impida el acceso a este recurso a miles de estudiantes.
Es absolutamente falso que este proyecto desconozca o lesione los derechos de autor. El proyecto de ley mantiene fuertes penas de multa para los que lesionen esos derechos, y el Ministerio Público sigue estando obligado a perseguir a los infractores.
Quien sí lesionó los derechos de autor fue el TLC, pero curiosamente entonces muchos se mantuvieron callados. Los derechos de autor son amenazados y burlados por las grandes empresas editoriales, no por una ley que pretende poner el conocimiento al servicio de miles de estudiantes y profesores y no de una minoría que pugna por privatizarlo y convertirlo en una mercancía más.
El libre acceso al conocimiento debía ser un patrimonio de la Humanidad y no un negocio como lo están convirtiendo las transnacionales con las leyes sobre propiedad intelectual.
Ninguna pequeña editorial costarricense va a quebrar, como se ha dicho, por esta ley, como no quebraron por este motivo antes del TLC donde todavía se fotocopiaba con mayor libertad, aunque ya existían algunas penas de cárcel disuasivas al respecto. Si quiebran no va a ser por esta ley, sino sobre otros problemas del mercado del libro y de la falta de ayudas públicas. Incluso seguramente cuantos más estudiantes en sus años de estudio tengan acceso al fotocopiado, más ciudadanos en el futuro comprarán libros por necesidad y por placer.
Justo equilibrio. Aunque en el Frente Amplio tenemos fuertes discrepancias con toda la legislación sobre propiedad intelectual que se ha venido aprobando el país, esta ley no busca desproteger los derechos de propiedad intelectual, lo que pretende es restablecer el justo y necesario equilibrio entre estos derechos y los derechos a la educación de las grandes mayorías.
Ese equilibrio fue roto con reformas desproporcionadas que se aprobaron con el TLC y sus leyes complementarias, que no tomaron en cuenta los intereses de Costa Rica y su realidad social.
Son explicables los ataques interesados y tendenciosos de que ha sido objeto la ley por grandes intereses que se mueven en el mundo editorial, que exigen a la presidenta Chinchilla su veto. Es menos explicable que otras personas que nada tienen que ver con esos intereses, la ataquen con tanta inquina y demagogia, seguramente un ataque hijo del desconocimiento.
*Exdiputado, Partido Frente Amplio.
Fuente: Diario Extra, Suplemento Página Abierta, martes 21 de agosto de 2012.
http://www.diarioextra.com/2012/agosto/21/opinion10.php
