- Se manifestó indignado por la respuesta de esa institución a su gestión para evitar el refrendo de la cesión del contrato
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, afirmó que la Contraloría General de la República (CGR) “se lavó las manos” al refrendar, el mes pasado, la cesión del contrato de la concesión de la carretera Bernardo Soto, también conocida como San José-San Ramón, luego de recibir, recién el día de hoy, la respuesta de esa institución a su solicitud de que no se procediera a emitir tal refrendo.
En su respuesta al parlamentario, con fecha de 01 de abril de 2013, la Contraloría afirma que, para refrendar ese contrato únicamente revisó los aspectos que están “taxativamente” señalados en su reglamento para emitir refrendos, de modo que “los aspectos no contemplados en el artículo 8 de ese reglamento, al estar fuera de la lista taxativa de la revisión de legalidad que debe hacer este órgano contralor, cuentan con una presunción de validez y legalidad, la cual abarca el contenido final de cada uno de esos actos, así como las valoraciones y análisis realizados por la Administración para su resolución.”
Además, la CGR explica que el hecho de haber otorgado el refrendo “…no implicó la validación de los informes y análisis técnicos aportados durante el trámite que justifican cada uno de los cambios incorporados al contrato, sino que sobre estos, existe una presunción de validez y rigurosidad técnica que este órgano contralor no se encuentra habilitado para desvirtuar en fase de refrendo.”
“Esta es una respuesta indignante. La Contraloría refrendó el contrato sin leerlo y evaluarlo en su totalidad, y de esta manera se lava las manos de lo tramitado por la Administración”, expresó el diputado Villalta.
Además, el parlamentario recordó que en el oficio que envió el 27 de noviembre de 2012, y cuya respuesta recién le ha sido remitida por la CGR, él adjuntó el estudio PEA-01-12-0279 Ref: Propuestas actualización de tarifas de tasa de peaje, que fue enviado al Ex Ministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes el 20 de febrero del 2012, realizado por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en el que se demuestra que, con solo aumentar las tarifas de los peajes a lo largo del tiempo, el MOPT obtendría los ingresos suficientes para recuperar la inversión en todas las mejoras y ampliaciones contenidas en la Concesión.
Además, según el CONAVI, el monto total de las tarifas de peajes a cobrar por el desplazamiento a todo lo largo de la ruta sería más bajo para las personas usuarias de la carretera, que lo que pretende esa concesión. Por ejemplo, los vehículos livianos sólo pagarían una tarifa de 280 colones en el año 2014, lo cual implicaría un aumento del 24%, para financiar todas las mejoras necesarias para el buen funcionamiento de esa autopista.
Por lo anterior, el diputado Villalta pidió entonces a la Contraloría que no emitiera el refrendo del contrato de esa concesión, hasta no compararlo exhaustivamente con el estudio del CONAVI documento que también le fue remitido a él a su solicitud formal.
Sin embargo, en su respuesta emitida ayer, la CGR afirma que no le compete fiscalizar que la concesión sea beneficiosa para el país.
“…el Poder Ejecutivo decidió elegir la figura de la concesión como la forma mediante la cual se mejoraría la infraestructura del Corredor San José-San Ramón, frente a lo cual bien podría existir la opción de que el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizara el mejoramiento de la carretera. No obstante, la Administración se inclinó por reactivar la concesión existente dentro del marco de atribución de funciones que goza, para la consecución del bien común y la debida satisfacción del interés público”, le responde al diputado Villalta.
Sin embargo, la Concesión de la carretera San Ramón-San José triplicó su costo, de $197 millones en el año 2004 a $552 millones en el año 2011. “Esto es inaudito y corrupto. No se deben forzar las cosas para convertir una obra pública en un negocio privado, cuando las instituciones públicas pertinentes están en perfectas condiciones para hacer las obras de manera eficiente y rentable”, expresó el parlamentario.
“La lucha de las comunidades alajuelenses contra esta concesión es justa y necesaria. Lo que realmente sucede es que el Gobierno, siguiendo la misma línea que los últimos gobiernos neoliberales, prefiere favorecer los “chorizos” de unos pocos grandes empresarios transnacionales, en lugar de fortalecer y utilizar las capacidades públicas nacionales, en este caso del MOPT”, enfatizó.
“No les importa la gente. Se ha perdido totalmente el sentido del buen gobierno y la ética en la función pública ha sido completamente abandonada. Cuando esto sucede, le corresponde a la ciudadanía, a las comunidades, al pueblo costarricense poner un freno mediante la movilización, como lo están haciendo las comunidades de Alajuela”, concluyó.
