“El Estado costarricense no debería contratar con empresas que pueden prestarse para la evasión de impuestos y el lavado de dinero”, afirmó.
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, denunció que la empresa brasileña OAS, con quien el Estado costarricense firmó el contrato para explotar la Concesión de la Carretera San José-San Ramón, tiene como lugar de residencia legal un apartado postal de las Islas Vírgenes Británicas, territorio recientemente señalado como el paraíso fiscal más importante del Caribe por una investigación liderada por el periódico inglés The Guardian y una red de periodistas de todo el mundo.
En la página 10 del “Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público “Correedor San José-San Ramón””, se consigna que “El Poder Ejecutivo, en adelante denominado “Administración Concedente” o “Administración”, representado en este acto por LAURA CHINCHILLA MIRANDA, casada, politóloga, vecina de Guachipelín, Escazú (…) y la Sociedad OAS Central American Investing Limited, en adelante denominada el “Adjudicatario”, entidad constituida y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, bajo el número de registro 1693047, con domicilio en P. O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas (…)” serán las partes firmantes del contrato.
Debe recordarse que en la primera semana de abril, una investigación periodística reveló los nombres de una serie de personalidades de todo el mundo vinculadas a empresas en conocidos paraísos fiscales, entre las que figuran los hijos del Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, la millonaria familia brasileña Steinbruch y la hija del exdictador filipino Ferdinand Marcos.
Realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, el diario británico The Guardian y 38 medios de prensa internacionales, la investigación tomó 15 meses de análisis minucioso de 2,5 millones de correos electrónicos y otros documentos secretos. La información recogida incluye a más de 122.000 compañías y 130.000 individuos e intermediarios esencialmente en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook, Singapur y otros paraísos fiscales.
“Los archivos ilustran como el secreto financiero offshore se ha extendido de forma agresiva por todo el mundo, permitiendo a los ricos evadir impuestos, estimulando la corrupción y los problemas económicos en las naciones ricas y pobres”, afirmó el ICIJ.
En el caso de las Islas Vírgenes Británicas, el diario The Guardian explica que “son un micro-Estado cuyo himno nacional es “Dios salve a la Reina” (…). Abogados británicos se dieron cuenta en los años 1980 de que podían hacer dinero vendiendo secreto financiero allí. La abolición del control de cambios por Margaret Thatcher permitió al capital británico moverse libremente. Cuando Panamá, la ubicación tradicional para las oscuras entidades offshore fue perturbada por la invasión de EE.UU, en 1990, la demanda mundial de anonimato corporativo en las Islas Vírgenes Británicas se disparó. Más de un millón de compañías se han registrado allí en lo que constituye el mayor proveedor mundial de entidades offshore.”
Y agrega que “el secretismo opera en múltiples niveles. Normalmente, el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas no tiene idea de quién posee las compañías libres de impuestos o qué es lo que hacen. La única información significativa que se proporciona al registro oficial es el nombre del agente –una de las firmas locales que formalizan las sociedades y que cobran ingentes tarifas anuales-. Los agentes se niegan rotundamente a proporcionar información a nadie”.
En Costa Rica, mediante el Acuerdo SUGEF-8-08 de esa Superintendencia se estableció la obligatoriedad de que la banca costarricense offshore establecida en paraísos fiscales, debía ser regulada tanto por las leyes nacionales como por las autoridades de esos lugares. Como consecuencia de esto, los bancos privados costarricenses, excepto uno, cerraron sus offshores.
El año pasado, Francia retiró a Costa Rica de su lista de paraísos fiscales, lo cual fue celebrado por el entonces Ministro de Hacienda Fernando Herrero, quien resaltó el interés de Costa Rica “por ajustarnos a las exigencias internacionales en materia fiscal, tal y como lo hemos venido demostrando con la firma de los tratados de intercambio de información tributaria con diferentes países”.
Sin embargo, la contratación de OAS para desarrollar la cuestionada concesión San José-San Ramón empaña la conducta del Estado costarricense, en opinión del diputado Villalta. “Además, contratar a una compañía que se constituyó en un paraíso fiscal es un elemento que arroja más oscuridad sobre el negocio de la Concesión San José-San Ramón”, dijo.
“El Estado costarricense no debería hacer negocios ni firmar contratos con empresas que buscan ampararse en el secreto de los paraísos fiscales quién sabe con cuáles intenciones”, expresó.
