• Presentado por José Merino
Betania Artavia
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Los trabajos de construcción de acueducto están paralizados desde que inició la polémica; sin embargo, las acciones ante la Sala IV buscan obligar a AyA a suspender definitivamente hasta que cuente con los estudios técnicos necesarios.
Un nuevo recurso de amparo es interpuesto contra el polémico acueducto de Sardinal, el cual se suma al que planteó la comunidad con la coadyuvancia de la Defensoría de los Habitantes, y otro del Partido Acción Ciudadana, en esta ocasión es el diputado José Merino, dado que ha pasado el tiempo y la Sala no se ha pronunciado sobre el tema.
El legislador del Frente Amplio escogió el Día del Ambiente para interponer la acción contra el acueducto por considerar que está poniendo en riesgo uno de los recursos fundamentales para la vida, cual es el agua, y se está violando el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Considera además que este acueducto presenta graves irregularidades y vicios de legalidad, “las obras están siendo ejecutadas incumpliendo importantes obligaciones y disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y sin tomar las precauciones necesarias para evitar daños al ambiente, el recurso hídrico y los derechos de la población”, detalló.
El legislador pide a la Sala la suspensión de todos los trabajos, construcciones y obras del proyecto, incluyendo la perforación y acondicionamiento de pozos para la extracción de aguas subterráneas.
Así como ordenar a AyA suspender o no iniciar la extracción de agua de los pozos perforados en terrenos privados para las actividades relacionadas con el acueducto El Coco-Ocotal.
En este momento el proyecto se encuentra suspendido por acuerdo de la Municipalidad de Carrillo, sin embargo, los grupos opuestos al proyecto, así como la Defensoría han pedido que AyA acepte abiertamente suspender los trabajos hasta tanto cuente con los estudios requeridos por Senara para evaluarlos y medir el impacto que tendrá sobre los acuíferos.
LOS CUESTIONAMIENTOS…
El legislador cuestiona que se otorgó la viabilidad ambiental y se inició la construcción sin la aprobación previa de un estudio de impacto ambiental, pese a que la ley lo exige así, violentando la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
Agrega que durante el trámite de evaluación de impacto ambiental el AyA no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente para obtener la viabilidad ambiental mediante la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.
Se incumplió el principio preventivo y precautorio en materia ambiental, consagrados en la Declaratoria de Río, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que establece que para proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
Critica que pese a la falta de certeza científica sobre el impacto del proyecto en los acuíferos cercanos Setena autorizó el proyecto y se inició la construcción, la cual se encuentra avanzada en más de un 70%.
Recalca Merino que los estudios realizados por AyA son parciales e incompletos, tal como lo han indicado entes técnicos especializados como la auditoría interna del mismo AyA, Senara y la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica.
Diario Extra, 7 de junio de 2008.
