Luego de varias negociaciones las nueve fracciones se pusieron de acuerdo en modificar la Ley de Remuneración de los Diputados, acordando además el tope propuesto por el Frente Amplio.
“La ética no es objeto de enseñanza, sino de ejemplo. Si los diputados y diputadas quieren exigir la supresión de gastos superfluos, con el objetivo de destinar mayores recursos a políticas sociales sustantivas y generadoras de bienestar social, es entonces totalmente necesario, exigir desde el ejemplo”. Así se expresó el diputado Gerardo Vargas Varela, Jefe de Fracción del Frente Amplio en la justificación de los votos de su Partido, esta tarde en el plenario legislativo.
Con la Ley vigente, la remuneración de los legisladores se incrementa un 10,25% cada año, independientemente de la inflación. El Frente Amplio fue el primer partido en proponer un proyecto para eliminar esta situación de privilegio, muy distinta de la que rige para la mayoría de trabajadores y trabajadoras costarricenses.
“Con ese proyecto en mano fuimos capaces de dialogar con las demás fracciones, un diálogo que deparó la propuesta consensuada que hemos votado el día de hoy”, señaló Vargas Varela.
Salarios con un tope
La propuesta consensuada entre las Fracciones dispuso que los aumentos en los salarios de los diputados sean iguales al incremento en el costo de la vida (inflación). Sin embargo, si no se establecía un tope, el aumento podría dispararse. “Por ejemplo, si en un periodo la inflación alcanza un 15%, el salario de los diputados crecería en esa misma proporción y eso traería serias consecuencias a las ya deficitarias finanzas publicas, de ahí que aprobar el tope era fundamental”, explico el legislador frenteamplista.
Con el tope aprobado, si la inflación llega a ser superior al 10%, el aumento en los salarios de las y los diputados no pasará de ese 10%. Para Vargas, “Este tope permite asegurar a los ciudadanos que, bajo ninguna circunstancia, los aumentos en las remuneraciones de los diputados serán mayores a lo que establece la Ley vigente, ni serán mayores a los aumentos que se otorgan a los funcionarios públicos ni a los trabajadores privados”.
Esto en el tanto en el Acuerdo entre el Gobierno de la República y las Organizaciones Sindicales del Sector Público (2007), se estableció que los aumentos a los funcionarios públicos serán equivalentes a la inflación del semestre anterior. De igual manera, con el Acuerdo de Concertación Nacional, la inflación se toma como base para determinar el aumento de los salarios mínimos en el sector privado, con un tope del 12,36% anual.
Comunicado del 10 de Junio de 2014.
