Según consigna La Nación en su nota “Nuevas regulaciones a tarjetas de crédito casi no tienen avance en el Congreso” (30/7/2014), la diputada oficialista Epsy Campbell Barr declaró que la subcomisión encargada quiere archivar el proyecto Nº 18.803, Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Usuarias de Tarjetas de Crédito y Débito.
Como miembro de esta comisión legislativa, debo manifestar que es incorrecto lo que en la nota periodística afirma la diputada Campbell Barr, ya que nuestro partido tiene especial interés en que este proyecto, presentado por el exdiputado del Frente Amplio José María Villalta, sea analizado y discutido. Nuestra posición es que este proyecto, como todos en la Asamblea Legislativa, todavía puede ser consensuado en su contenido.
El Frente Amplio ha presentado este proyecto, porque el mercado de las tarjetas de crédito es un mercado oligopólico, es decir, en el que participan muy pocos operadores, lo cual les permite cobrar intereses abusivos. Este mercado cautivo equivale a nada menos que al 20% del PIB y facturará este año $10.000 millones ( La Nación , 24/7/2014).
El proyecto contiene regulación importante en dos aspectos fundamentales. El primero es garantizar el derecho de los tarjetahabientes a información suficiente y clara sobre su relación con las empresas emisoras de tarjetas. El segundo es regular las tasas desproporcionadas que cobran las empresas emisoras a los usuarios, pues una gran mayoría de ellos recurren a este tipo de crédito de corto plazo con intereses de usura, al no tener garantías y avales que les permitan ser sujetos de créditos de largo plazo, con intereses menores. Asimismo, plantea prohibir el cobro de intereses sobre intereses, lo cual constituye una práctica comercial abusiva en contra de las personas deudoras. Se trata, pues, de un proyecto que busca cautelar el bienestar de las familias costarricenses, pues un 43,8% de toda la población las usa.
El Frente Amplio ha hecho transparente su posición: consideramos que el Estado debe intervenir, de manera razonada y eficiente, allí donde el dogma del libre mercado provoque efectos negativos sobre las condiciones de vida de la población. Creemos que, en la búsqueda de un consenso, deben tomarse en consideración, como antecedentes, las leyes que ya existen al respecto en países como España, Estados Unidos, Colombia y Chile, por mencionar solo algunos.
Reiteramos nuestra apertura para debatir y construir una opción consensuada. No obstante, para poder emprender esta construcción en diálogo con los demás partidos, es necesario aclarar las posiciones políticas presentes en el debate parlamentario. Lo primero que debe establecerse con transparencia es el núcleo del debate: ¿estamos dispuestos, o no, a regular los mercados cuando presentan condiciones que afectan a los sectores con menos recursos económicos? Solo después de hacer transparente esto, se podrá iniciar el debate en torno al tope a establecer.
Así, quienes estemos a favor de esta regulación podremos avanzar en la construcción de los mecanismos técnicos que aseguren el establecimiento óptimo de un tope máximo a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Por todo lo anterior, reiteramos que es incorrecto que la diputada Campbell afirme unilateralmente que la subcomisión archivará este proyecto. La usura en el cobro de los intereses de las tarjetas es un problema real que sufren muchas familias en Costa Rica, y, lamentablemente, son las que tienen menos acceso a los recursos. Por esto, es necesario y urgente establecer una solución, como ya otros países lo han hecho.
Fuente: La Nación
