El arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) se realizaría en condiciones totalmente desfavorables para Costa Rica. Infinito Gold reclama más de 90 millones de dólares.
Así lo afirmó el abogado ambientalista y diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, en conferencia de prensa realizada en la Asamblea Legislativa. Para Araya, el arbitraje es improcedente y lesivo para el interés público y los derechos de la población costarricense y el Estado cuenta con una serie de razones para negar su consentimiento, de conformidad con la Constitución Política costarricense.
En primer lugar, Araya señala que el mismo texto del Tratado Bilateral de Inversiones, suscrito entre nuestro país y Canadá, establece que los arbitrajes sólo proceden en los casos en que “ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo” (Inciso 3, artículo XII).
“Esta condición es categórica, pues en el caso de Crucitas existe una sentencia en firme del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual fue confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con esta sentencia, tanto el Estado como la empresa incurrieron en graves violaciones a la legislación ambiental del país, al tiempo que lesionaban el derecho fundamental tutelado en el Artículo 50 de la Constitución Política”, dijo el legislador.
Por otra parte, Araya también destaca que Costa Rica puede rehusarse al arbitraje. “No pueden existir arbitrajes obligatorios. Interpretar lo contrario supondría desnaturalizar la figura del arbitraje, que es de por sí, facultativo. Así es como lo ha interpretado la Sala Constitucional de nuestro país”, aclaró.
De consentir el arbitraje en el caso Crucitas, Costa Rica aceptaría un arbitraje internacional “Inversionista-Estado”, en el cual los árbitros que resolverán las diferencias serían nombrados de acuerdo con las reglas del Convenio del CIADI. Este convenio establece que si no hay acuerdo entre las Partes sobre la cantidad de árbitros y sus nombres, se designará un tribunal integrado por tres personas: una nombrada por Estado costarricense, otra nombrada por la empresa trasnacional Infinito Gold y la tercera nombrada por el Presidente del CIADI que es el Presidente del Banco Mundial.
“Pasaríamos de un proceso judicial contencioso donde el asunto fue conocido por jueces de carrera del Poder Judicial -conocedores de la legislación costarricense y los principios constitucionales sobre la protección del ambiente- a un tribunal integrado por abogados de corporaciones trasnacionales, donde Infinito Gold y el Presidente del Banco Mundial nombrarán a dos de sus tres integrantes”, dijo Araya quien finalizó apuntando que existen los argumentos de constitucionalidad, oportunidad y conveniencia suficientes para declinar válidamente nuestra participación en dicho arbitraje.
Infinito Gold reclama $94 millones, que según ellos, es la cantidad que se invirtió en Crucitas desde 1993. La cifra incluye el pago de intereses y costos legales. De acuerdo con encuestas de la época, el 86 por ciento de los costarricenses no estuvo de acuerdo con la minería a cielo abierto en Crucitas de Cutris de San Carlos.
San José, 18 de agosto de 2014.
