Consecuentes con la defensa y el fortalecimiento de la Institucionalidad costarricense, en el Frente Amplio creemos en la necesidad de fortalecer a la Junta Portuaria para el Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y en mejorar la eficiencia en el manejo de los puertos nacionales.
Desde nuestra propuesta de gobierno, venimos señalando que esta labor pasa por frenar el proceso de privatización de los puertos nacionales, revisando los incumplimientos contractuales en las concesiones, despolitizando la junta directiva, garantizando la inversión eficiente y eliminando la mala gestión de los recursos. Una tarea imprescindible en esta dirección, era la revisión inmediata del contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, a fin de impedir la creación de un monopolio privado y evitar que se ocasionen gravísimos daños ambientales a los frágiles ecosistemas marino-costeros de la zona.
En esto creímos coincidir con el gobierno de Luis Guillermo Solís, que en su Plan de Gobierno prometió “Modernización portuaria con participación estatal de JAPDEVA, revisión de la gestión y renegociación de los contratos de concesión de puertos y promoción del turismo de cruceros”. (Plan Rescate: Trabajo, Progreso y Alegría. P14).
Sin embargo, ante la evidente contradicción del Presidente y de su partido, al cerrar las puertas a cualquier revisión de contrato y ante su negativa a negociar con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, la Fracción Legislativa del Frente Amplio manifiesta que:
1. Rechazamos que el Gobierno acuda, como primera acción, al uso de la fuerza para enfrentar este movimiento huelguístico, sin haber abierto canales de diálogo y negociación con el sindicato. Incluso en la reunión que se dio el día de hoy en la mañana, el Gobierno ha dicho que no está en disposición de negociar nada. Esto contradice absolutamente el discurso del diálogo y de disposición a la construcción de acuerdos planteada desde los inicios de este gobierno y reiterada en el discurso de los 100 días.
2. Llamamos al Gobierno a sentarse a negociar con SINTRAJAP, para encontrar una solución a la incertidumbre que el contrato con APM terminal genera para JAPDEVA, para sus miles de trabajadores, para las y los pobladores de la provincia de Limón, para las y los empresarios nacionales y para los ecosistemas que serían afectados por ese megaproyecto.
3. Demandamos al Gobierno claridad sobre su propuesta para el desarrollo de JAPDEVA, incluyendo un plan de inversiones que garantice su modernización.
San José, 23 de octubre de 2014