Desde el fatídico 28 de junio del 2009 en que se ejecutó el golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya, Honduras y su pueblo viven bajo un régimen de terror.
La represión violenta y brutal que se ha ejercido contra la dirigencia popular ha cobrado muchas víctimas. Sólo basta recordar que entre el año 2011 y el 2014 más de ochenta dirigentes ambientalistas fueron asesinados en la región de Bajo Aguán, según datos de la organización GlobalWitness.
Hoy debemos incluir un nuevo nombre a esa dolorosa lista de asesinatos. Hoy debemos incluir el nombre de Berta Cáceres y lo hacemos con sumo dolor, pesar, indignación y rabia.
Berta Cáceres es un nombre que deberá ser recordado y honrado por los pueblos latinoamericanos en el futuro. Luchó al lado del pueblo Lenca en la defensa de su territorio ancestral, en una lucha contra los intereses voraces que buscaban desarraigar y expulsar a este pueblo originario para desarrollar proyectos hidroeléctricos y mineros; mismos que cuentan con la complicidad y el beneplácito del gobierno hondureño.
Su voz se alzó para denunciar las expropiaciones de estos territorios, la carencia en los sistemas de salud, la defensa de la soberanía nacional ante los proyectos de establecer bases militares en esos mismos territorios y en contra del golpe de Estado del 2009. Todo ello le costó amenazas de muerte que, desgraciadamente, se han materializado el día de hoy.
Pero su voz no va a callar. A los asesinos y esbirros de la oligarquía hondureña y las transnacionales a las cuales sirven les podemos asegurar que pueden haber callado esa voz, pero se multiplicará por miles alrededor del mundo.
Instamos a las fuerzas progresistas de América Latina a que se manifiesten ante sus gobiernos para que condenen la violencia política que ocurre diariamente en Honduras contra el movimiento social. Igualmente esperamos que las muestras de solidaridad se multipliquen y sirvan como un aliciente para el valiente pueblo hondureño en lucha.
Secretaría de Relaciones Internacionales Frente Amplio
San José de Costa Rica, 3 de marzo de 2016.
