- Diputada Patricia Mora presenta proyecto que protege derechos de familias que habitan en fincas rurales cuando enfrenten desalojos.
Como un importante avance para las familias trabajadoras costarricenses, la Diputada Patricia Mora Castellanos presentó esta mañana del Proyecto de Ley para Garantizar el Cumplimiento de Derechos Laborales en los Procesos de Desalojo de Predios Rurales mediante la reforma del inciso h) del artículo 70 del Código de Trabajo. La iniciativa busca proteger los derechos de las familias que habitan en viviendas que forman parte del pago en especie y que se ven enfrentadas al desalojo cuando se termina la relación laboral.
Para la diputada Patricia Mora, el plazo de 15 a 30 días que actualmente otorga el Código Procesal Civil es irracional e imposible de cumplir para las familias que dependen de la tierra para subsistir. “Encontrar una casa de habitación no es fácil, se requiere de un periodo razonable para encontrar el lugar que más se ajuste a las necesidades y capacidades económicas de cada familia, si tiene niños pequeños, adultos mayores, o personas con necesidades especiales. Todo esto se ve agravado cuando el patrono no cumple sus obligaciones laborales con el trabajador, como lo es el pago de cesantía, vacaciones, aguinaldo y demás”, dijo la diputada Mora.
El proyecto, presentado este lunes 30 de mayo busca exigir el cumplimiento de todos sus derechos laborales fundamentales de la persona trabajadora y el reconocimiento de las mejores realizadas a la finca, como requisitos para ejecutar el desalojo de las viviendas que utilicen como pago en especie. También se dispone que el desalojo de los predios tenga un plazo no menor de sesenta días a partir de la notificación, como un plazo razonable que garantice la posibilidad de traslado de las familias a una nueva vivienda.
“Costa Rica debe acatar las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que han establecido las reglas específicas en materia de desalojos. No puede ser que el desalojo dependa arbitrariamente de la voluntad del titular del bien. Eso tiene que traducirse en plazos más amplios y en el respeto a condiciones legales y humanitarias mínimas que permitan armonizar los intereses de las partes y así evitar el surgimiento de conflictos sociales como el vivido en las fincas de Chánguena en Palmar Sur en los últimos años”, apuntó Patricia Mora.
El proyecto, que se tramita con el Expediente N°19981, será publicado y asignado a una Comisión dictaminadora, donde se espera cuente con el apoyo de todas las bancadas.
Familia desalojada en Finca Chánguina. Palmar Sur
