• Proyecto incluye un paquete de medidas temporales para mejorar la grave situación fiscal del país.
La Fracción legislativa del Frente Amplio presentó el día de hoy un proyecto de ley de contingencia fiscal que incluye una serie de medidas urgentes y mayoritariamente de carácter temporal para contener y mejorar las finanzas públicas.
Desde el año 2009 la situación de las finanzas públicas del Gobierno Central se ha deteriorado y desde ese año se han presentado resultados financieros negativos, y la deuda pública ha aumentado a un ritmo cada vez más acelerado. Este largo periodo de déficit fiscal alto y sostenido ha provocado un aumento también sostenido de la deuda pública del Gobierno Central. Solo entre 2010 y 2016 la deuda del Gobierno Central ha aumentado de un 28,4% del PIB a un 44,9% del PIB.
Para Edgardo Araya, Jefe de Fracción del frente Amplio “desde el FA hemos insistido en la necesidad de una reforma fiscal integral y definitiva que ponga a pagar a los que más ingresos tienen sin afectar a las empresas pequeñas y a la gente de menores ingresos. Una y otra vez insistimos en una propuesta fiscal y socialmente responsable, pero el electorerismo y las vínculos de los Partidos tradicionales con las élites económicas impidieron el avance de una reforma progresista que de fin de una vez por todas a problema fiscal que arrastramos por las políticas neoliberales”.
Esto aunado a una estructura tributaria injusta, que provoca que las personas de menores ingresos tributen más, proporcionalmente respecto sus ingresos totales, que las personas de mayores ingresos. Nuestra estructura tributaria actual violenta el principio de capacidad económica que ha sido reconocido en jurisprudencia Constitucional sobre la legitimidad de que las personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas (Voto 2197-92).
La propuesta de contingencia fiscal frenteamplista incluye el congelamiento durante dos años de las remuneraciones de todos los altos mandos (Presidente, ministros, viceministros, Diputados, Presidentes y Gerentes de instituciones descentralizadas). También se congelan, por dos años, las remuneraciones totales de todos los funcionarios con remuneraciones superiores a 5,4 millones de colones, así como las dietas pagadas a miembros de juntas directivas de entidades públicas.
Otro grupo de medidas propuestas incluye la eliminación del subsidio a las entidades financieras, un impuesto extraordinario y temporal al tabaco, a las bebidas alcohólicas y sobre la propiedad de vehículos con valores superiores a 10 millones.
El diputado Edgardo Araya insistió en solicitar el apoyo de las y los legisladores “hago un llamado a las demás fracciones legislativas: “con este proyecto tendemos la mano la mano a las otras fuerzas políticas que tengan, como el Frente Amplio, vocación de gobierno; porque quien gobierne en 2018 necesitará estos recursos para dar chance a que se logre la reforma fiscal integral y definitiva necesaria”.
El Proyecto de Ley contiene 14 medidas agrupadas en tres áreas:
1. REDUCCIÓN DEL GASTO
a. Eliminar subsidio a bancos por supervisión financiera.
b. Congelar la remuneración del Presidente, Vicepresidentes, Diputados, Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos y Gerentes.
c. Congelar salarios de todos los funcionarios públicos con remuneraciones de 5 millones o más.
d. Congelar dietas.
2. AUMENTO DE LOS INGRESOS CON MEDIDAS PROGRESIVAS
a. Aumentar impuesto sobre propiedad de vehículos solo a vehículos de más de 10 millones de colones.
b. Poner impuesto extraordinario sobre bebidas alcohólicas temporalmente.
c. Aumentar impuesto sobre utilidades solo a grandes empresas.
d. Reducir el impuesto sobre utilidades a las micro-empresas.
e. Reducir el impuesto sobre salarios pequeños, y aumentarlo sobre grandes salarios.
f. Eliminar privilegios tributarios a fondos de inversión.
g. Aumentar impuesto sobre cigarrillos.
h. Aumentar temporalmente impuestos sobre dividendos, intereses, y remesas.
3. REDUCCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y DE LA CORRUPCIÓN
a. Hacer ilegal la elusión fiscal.
b. Prohibir a todos los altos cargos políticos tener actividades comerciales en paraísos fiscales.
