El Frente Amplio dio su apoyo al proyecto 17561, por razones humanitarias y de justicia hacia las personas educadoras afectadas, cuidando siempre las finanzas del IVM.
Ante las reacciones públicas en diversos medios de prensa y redes sociales, por la aprobación en primer debate del proyecto 17561, los diputados Edgardo Araya, Frank Camacho y la diputada Patricia Mora, integrantes de la bancada del Frente Amplio en la Comisión Legislativa Plena I, aclaran:
La aprobación de este proyecto permitirá que por 18 meses, contados desde su entrada en vigencia, las personas educadoras que se trasladaron del Régimen de Pensiones del Magisterio al de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja (IVM), entre los años de 1995 y 1996, puedan regresarse al primero, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
-Haber cotizado al menos 10 años en el Magisterio, antes de su traslado al IVM.
-Pagarle a Hacienda, con su propio patrimonio, la diferencia entre lo cotizado en la Caja y lo que debió haber cotizado en el Magisterio. Con la Caja se debió cotizar, durante todo este tiempo, entre el 2,05% y el 2,84% del salario, mientras que con el Magisterio se habría cotizado entre el 10% y el 16% del salario. Esta diferencia, traída a valor presente, significaría un costo de traslado para la persona interesada de entre ₡4 millones y ₡25 millones.
Además de los requisitos anteriores, debe tomarse en cuenta que de 1995 a la fecha, una gran cantidad de personas se han acogido a la pensión y muchas otras han fallecido, por lo que la cantidad real de personas que puedan llegar a trasladarse, no pasarían de 200 el primer año. Hay que tomar en cuenta que es un régimen cerrado, por lo que ya nadie nuevo podría entrar en él.
La Junta de Pensiones del Magisterio estima que este traslado constaría a Hacienda cerca de ₡200 millones en el primer año, asumiendo que todas las personas se trasladen al mismo tiempo. En cambio, Hacienda recibiría por las personas que se trasladen, no menos de ₡800 millones. Por su parte, la erogación por parte del IVM sobre esa cantidad de personas no sería actuarialmente significativo, por lo que no afectará la estabilidad del régimen ni las finanzas de la CCSS.
La bancada del Frente Amplio ha apoyado este proyecto desde su presentación en el 2010, valorando razones de humanidad y de justicia con un grupo de personas que en 1995 fueron inducidas por el gobierno de José María Figueres a trasladarse de régimen de pensiones y que hoy sufren las consecuencias de ello, trabajando en condiciones precarias de salud o manteniéndose incapacitados por el desgaste que tienen, sin que aún se puedan acoger a la pensión.
El proyecto, además, está blindado contra el posible otorgamiento de pensiones de lujo, pues le aplicarían los topes y contribuciones especiales previstos en la ley.
