Esta tarde el diputado y candidato presidencial Edgardo Araya presentó un proyecto de ley que modifica el Código de Familia para que la imposibilidad de establecer vida común sea considerada una causal de divorcio.
Según nuestro Código de Familia, cuando una persona quiere disolver el vínculo matrimonial, porque ya no desea hacer una vida en común con su cónyuge, debe esperar que haya mutuo acuerdo para solicitar el divorcio, o separarse por 3 años, durante los cuales continúan las obligaciones legales del matrimonio, para poder solicitar el divorcio.
Esta situación obliga a muchas personas a mantenerse en un matrimonio por años y resulta muy contradictorio, pues para el matrimonio es esencial que ambas personas deseen mantener el vínculo, sin embargo, aunque el vínculo deje de existir, el matrimonio continúa. Y eso puede provocar situaciones de violencia entre cónyuges o para con los hijos e hijas de esos matrimonios.
Según el diputado Edgardo Araya “ante este vacío legal, estamos presentando un proyecto de ley que busca adicionar a las causales de divorcio, la solicitud de una de las partes, afirmando que no es posible continuar construyendo una vida en común. Hay un vacío legal que genera problemas legales con grandes implicaciones para la sociedad”.
Según el proyecto de ley, la situación actual genera desigualdades entre las personas unidas en matrimonio y constituye una vulneración al principio jurídico de la autonomía de la voluntad, pues obliga a una persona a mantenerse en un matrimonio, a pesar de que su voluntad ha cambiado. El hecho de que para una de las partes sea imposible sostener la vida en común, debe ser suficiente para la disolución del vínculo, pues implica que la razón de ser del matrimonio ha dejado de existir.
Según el diputado Araya Sibaja, “en la actualidad, si no hay mutuo acuerdo, la persona debe abandonar el domicilio común, sin ningún derecho sobre los bienes de ambos y debe esperar 3 años para poder reclamar estos bienes que le corresponden y son fruto también de su aporte. Esto podría dificultar la posibilidad de separarse por necesidades económicas y las personas se ven obligadas a sostener una convivencia, que es en alguna medida, forzada”.
Esta tarde el diputado y candidato presidencial Edgardo Araya presentó un proyecto de ley que modifica el Código de Familia para que la imposibilidad de establecer vida común sea considerada una causal de divorcio.
Según nuestro Código de Familia, cuando una persona quiere disolver el vínculo matrimonial, porque ya no desea hacer una vida en común con su cónyuge, debe esperar que haya mutuo acuerdo para solicitar el divorcio, o separarse por 3 años, durante los cuales continúan las obligaciones legales del matrimonio, para poder solicitar el divorcio.
Esta situación obliga a muchas personas a mantenerse en un matrimonio por años y resulta muy contradictorio, pues para el matrimonio es esencial que ambas personas deseen mantener el vínculo, sin embargo, aunque el vínculo deje de existir, el matrimonio continúa.
Según el diputado Edgardo Araya “ante este vacío legal, estamos presentando un proyecto de ley que busca adicionar a las causales de divorcio, la solicitud de una de las partes, afirmando que no es posible continuar construyendo una vida en común. Hay un vacío legal que genera problemas legales con grandes implicaciones para la sociedad, como mayor violencia entre cónyuges y más trámites para la gente”.
Según el proyecto de ley, la situación actual genera desigualdades entre las personas unidas en matrimonio y constituye una vulneración al principio jurídico de la autonomía de la voluntad, pues obliga a una persona a mantenerse en un matrimonio, a pesar de que su voluntad ha cambiado. El hecho de que para una de las partes sea imposible sostener la vida en común, debe ser suficiente para la disolución del vínculo, pues implica que la razón de ser del matrimonio ha dejado de existir.
Según el diputado Araya Sibaja, “en la actualidad, si no hay mutuo acuerdo, la persona debe abandonar el domicilio común, sin ningún derecho sobre los bienes de ambos y debe esperar 3 años para poder reclamar estos bienes que le corresponden y son fruto también de su aporte. Esto podría dificultar la posibilidad de separarse por necesidades económicas y las personas se ven obligadas a sostener una convivencia, que es en alguna medida, forzada”.
