El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con ayuda del Partido Liberación Nacional (PLN), pretenden retrasar indefinidamente la votación del proyecto frenteamplista 19.639 “Reforma al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, que busca desjudicializar el secreto bancario para combatir el fraude fiscal.
Diputado Frank Camacho
En la sesión de este martes, el diputado socialcristiano Jorge Rodríguez solicitó la lectura de documentos que constan desde hace meses en el expediente, lo que retrasaría por un tiempo indefinido la votación de una iniciativa de suma importancia que se discute en la Comisión de Hacendarios. Liberación Nacional, partido que preside dicha comisión con la diputada Paulina Ramírez, cedió a la solicitud de Rodríguez y sus intenciones de bloqueo, además se opusieron a someter a votación el proyecto.
“Curiosamente el diputado socialcristiano que hoy impide la votación hace unos días firmó un informe de subcomisión que recomendaba el proyecto. Esto no puede ser, esta iniciativa del Frente Amplio propone dotar a la administración tributaria de herramientas para combatir el fraude fiscal y en la situación en la que se encuentra el país, ciertos partidos que dicen preocuparse por la situación fiscal están bloqueando proyectos en materia de combate contra el fraude”, denunció Frank Camacho, jefe de Fracción del Frente Amplio.
El proyecto frenteamplista propone hacer más eficiente el proceso de levantamiento del secreto bancario por parte de la Administración Tributaria cuando se necesita de dicha información en un proceso de investigación de posible defraudación fiscal.
Actualmente es más sencillo para una Administración Tributaria extranjera acceder a información bancaria en nuestro país para investigar posibles incumplimientos tributarios. Esto debido a que el artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone que cuando una administración foránea solicita información cubierta por el secreto bancario en manos de entidades financieras nacionales, dicho secreto se levanta sin necesidad de aprobación de un juez. Es decir, el proceso es administrativo.
Mientras tanto, cuando es nuestra propia administración Tributaria la que necesita acceder a información de este tipo, tiene pasar por un largo proceso Judicial, lo que entorpece la investigación contra el fraude fiscal.
