El Expediente 20.179, “Reforma a los artículos 176 y 184 y adición de un transitorio a la Constitución Política para la estabilidad económica y presupuestaria”, fue presentado el 21 de diciembre del 2016 por los Diputados: Johnny Leiva, Rosibel Ramos, Luis Vásquez, Gerardo Vargas Rojas y William Alvarado del PUSC; Franklin Corella y Ottón Solís del PAC; Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel de Renovación Costarricense; Fabricio Alvarado de Restauración Nacional; Michael Arce, Olivier Jiménez y Aracelli Segura del PLN; y Mario Redondo de ADC.
¿En qué consiste el proyecto?
Esta iniciativa propone despidos y recortes a programas sociales, remuneraciones y pensiones, como solución al déficit fiscal del Gobierno Central.
En particular, la regla establece que si se cumplen una de dos condiciones: A) Déficit fiscal mayor al 3% del PIB, ó B) Deuda superior al 60% del PIB; entonces la Asamblea Legislativa deberá establecer reglas de contención de los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria que deberán incluir:
- Cláusulas para limitar los gastos no esenciales (el texto no define “gasto no esencial”).
- Cláusulas de subejecución obligatoria a las instituciones públicas.
- Cláusulas anti exoneraciones y anti subsidios no exigidos directa y expresamente por ley.
- Cláusulas de contención de empleo público y de los beneficios reconocidos.
- Cláusulas para limitar los disparadores del gasto público (remuneraciones y pensiones).
Además establece que el Presupuesto de la República que tramita la Asamblea Legislativa cada año, podrá fijar límites máximos al crecimiento presupuestario y al empleo público de las instituciones autónomas (las cuales no guardan relación alguna con el déficit del Gobierno Central ya que no forman parte de él), así como los mínimos de inversión en infraestructura, investigación y equipamiento.
¿Por qué estas medidas implican despidos y recortes?
El proyecto establece recortes de “al menos” 0,75% del PIB a partir de 2018, a fin de reducir el actual déficit hasta alcanzar el objetivo del 3% de déficit (recordemos que actualmente, el déficit estimado ronda el 6% del PIB). Esto implicaría un recorte de aproximadamente 270 mil millones de colones en un plazo de un año y un recorte total de 1.07 billones de colones en cuatro años. Y resulta que para alcanzar esa cifra de recortes, necesariamente deben: despedir maestros y policías (las dos planillas más grandes del Gobierno Central), recortar programas sociales como Avancemos o FONABE, recortar el presupuesto a instituciones como el MEP, el PANI, el BANVHI o el INVU; o bien, afectar el pago de pensiones.
Queda entonces claro lo que proponen los firmantes de este proyecto: recortes y despidos mal disimulados. ¿Está usted de acuerdo con despedir maestros y policías? ¿Le parece que una solución al déficit fiscal es recortarle al PANI o al INVU?
¿Y cómo afecta el proyecto a la economía costarricense?
Es de todos y de todas conocido que esta es una vieja pretensión de los políticos que impulsan la agenda neoliberal en el país. Es la idea de supeditar los derechos y regulaciones reconocidas por el ordenamiento legal y sus reformas, a la disponibilidad de recursos fiscales. Es sujetar las determinaciones políticas hechas en el marco de un régimen democrático con imperfecciones, a las posibilidades fiscales existentes.
Esta forma de plantear el problema comete un error extremadamente grave, ya que es altamente probable que el mecanismo propuesto opere de una forma pro-cíclica, es decir, que tenderá a aplicarse de una forma coincidente con el ciclo de la economía, con lo que potencialmente agudizará ese movimiento cíclico en vez de compensarlo o, cuanto menos, atenuarlo, como sería deseable.
Para entender esto debe tenerse en cuenta lo siguiente: en el contexto de una economía capitalista, cuando ésta entra en una fase de ralentización o, peor aún, cuando cae en recesión, los ingresos públicos tienden, al mismo tiempo, a perder dinamismo y, eventualmente, a reducirse. Ello es así porque algunos de los impuestos más importantes, se mueven con el ciclo de la economía, o sea, tienden a ganar dinamismo o a perderlo según lo haga la economía misma. Ese es destacadamente el caso del impuesto a las ganancias empresariales o impuesto a las sociedades, el impuesto sobre la renta personal (ingresos salariales o vinculados a actividades empresariales personales), e igualmente acontece con el IVA o, para el caso costarricense, el impuesto sobre las ventas, como también algunos otros impuestos vinculados al consumo (traspaso de automóviles, selectivo de consumo, etc.).
En cambio, y en el mejor de los casos, los gastos del gobierno tienden a tener un comportamiento inercial, es decir, que aunque la economía baje los gastos no se reducen.
Incluso, es bien probable que en fases de ralentización o recesión de la economía, los gastos tiendan a aumentar automáticamente. Así, por ejemplo, en países donde se da subsidio por desempleo, el monto desembolsado por ese concepto irá en aumento al aumentar el número de personas que se quedan sin trabajo. Y aunque en Costa Rica no existe ese mecanismo de protección social, es muy probable que una economía estancada o en recesión provoque aumento de la pobreza y obligue entonces a mayores gastos de asistencia social.
Por lo tanto, un déficit relativamente alto –y potencialmente mayor al 3%– es más probable que se dé cuando la economía tiende a estancarse o a entrar en recesión que cuando está en auge y creciendo a un ritmo dinámico. Aplicar una receta de austeridad en esas condiciones demuestra flagrante ignorancia de los mecanismos más básicos de funcionamiento de una economía capitalista, porque con ello sencillamente se agravará el movimiento recesivo en la economía.
Está claro que en un país con serias dificultades fiscales, una sujeción de este tipo puede significar la imposibilidad de legislar para asignar nuevos derechos o nuevas regulaciones requeridas por la población para su mejor estar, entendiendo que la sociedad es cambiante y fluida y requiere de un continuo ajuste de dichas condiciones.
Por otra parte no se debe dejar de considerar la necesidad de dotar al estado de los recursos necesarios para llevar a cabo sus compromisos legales, pero esto no debería condicionar el avance en temas sociales, ambientales y de derechos humanos. La aprobación de esta reforma constitucional implicará una nueva forma de legislar que requerirá la creación de recursos fiscales frescos para poder presentar proyectos de ley que impliquen nuevas erogaciones del estado. Como ejemplos de esta situación podemos señalar la ley contra el maltrato animal que requeriría nuevos fondos estales para que el estado pueda ejecutarla, o propuestas como la de despenalización del aborto que implicaría una erogación seguramente muy alta por parte de la CCSS para atender la demanda de la población. Es decir, bajo esta nueva modalidad proyectos no rentables, de carácter social o ambiental, resultarían inviables.
¿Y cómo le afecta este proyecto a usted?
Los maestros que pretenden despedir son quienes le dan clases a sus hijos e hijas en escuelas y colegios. La pensión que pretenden recortar es la suya, la de sus abuelos, padres, hermanos e hijos. La calle que el Estado no podrá arreglar o el puente que no podrá construir por falta de recursos es el de su comunidad. Esto nos afecta a todos y a todas.
Una vez más, el bipartidismo y las fuerzas políticas conservadoras y austericidas le proponen a Costa Rica que la crisis fiscal la paguen las personas trabajadoras, los estudiantes, las familias en condición de pobreza y la niñez vulnerable. Una vez más proponen que el déficit fiscal lo pague la clase popular y una vez más decimos:
¡Que el rico pague como rico y el pobre como pobre!
¡Que la crisis fiscal la paguen los evasores!
¡No más recortes a los programas sociales!
¡No a la Regla Fiscal Constitucional del Bipartidismo!
