Amplia repercusión en los medios ante acción de inconstitucionalidad presentada por el Diputado José María Villalta, contra las modificaciones a la convención colectiva de Japdeva:
• Diputado de Frente Amplio la considera abusiva y discriminatoria:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR INDEMNIZACIÓN EN JAPDEVA
MARIETTA ESPINOZA M
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Una acción de inconstitucionalidad fue presentada ayer contra la nueva Convención Colectiva de Japdeva por ofrecer una millonaria indemnización a cambio de la concesión de los puertos.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó ayer una acción de inconstitucionalidad contra el pago de $137 millones que se haría a los trabajadores de Japdeva como indemnización por permitir la concesión de los puertos.
Los artículos impugnados van desde 124 al 133 de la nueva Convención Colectiva, ratificada el pasado 1 de junio por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Villalta indicó que las Convenciones Colectivas son un valioso instrumento para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero jamás podrían estar de acuerdo en que se utilice esta herramienta como “Caballo de Troya” para lograr la concesión.
“Nos hemos basado en los mismos precedentes que ha utilizado la Sala al decir que otras convenciones colectivas son abusivas, excesivas, desproporcionadas, discriminatorias, así que no veo razón para que nos digan que no tenemos la razón”, indicó.
Según lo pactado, los $137 millones, unos ¢80 mil millones, serían repartidos entre 1.400 trabajadores a los que les correspondería ¢4 millones por cada año de servicio.
“No es si privatizar si o no, sino el precedente ético, antiinmoral que representa que por una privatización haya que pagar”, dijo Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
Y es que a los trabajadores de Japdeva se les pagarán además todos los beneficios que contempla el Código de Trabajo.
FINANCIAR OTRAS OBRAS
Vargas indicó que mientras el gobierno planea pagar esta millonaria indemnización, no cuenta con dinero suficiente para desarrollar las “Redes de Cuido”, uno de los principales compromisos de campaña de la presidenta Laura Chinchilla.
“Para hacer realidad la red de cuido el gobierno ocupa ¢28 mil millones pero con la vara de la mordida se hacen tres redes de cuido en el país. Con los 28 mil millones se beneficiarían 33 mil niños, mientras que con los ¢80 mil millones que se quieren repartir entre 1.400 personas se beneficiaría a 100 mil niños que viven en situación de pobreza”, insistió el sindicalista.
Fuente: Diario Extra
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Piden inconstitucionalidad en artículos de convención colectiva de Japdeva
Escrito por Krissia Morris Gray
• Partido Frente Amplio
José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio aseguró que el último capítulo de la nueva convención colectiva es abusivo y desproporcional.
El jefe de fracción del partido Frente Amplio, José María Villalta presentó al medio día, a la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el último capítulo de la nueva convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), por considerar que dicho apartado contiene beneficios desproporcionales y abusivos a cambio de dar en concesión los muelles limonenses.
A criterio del legislador, el capítulo XVII, bajo el título “Desarraigo de la Convención Colectiva” los artículos 124,125,126,127,128,129, 130 y 133 contienen una serie de beneficios que en el pasado fueron cuestionados y desaplicados por la Sala Constitucional, por considerar que eran desproporcionados e irracionales, por lo que espera que se reitere la respuesta de los constitucionalistas en este caso.
Esos artículos hacen referencia a las condiciones de pago de la indemnización, prestaciones, movilidad laboral, prejubilación y pensión anticipada.
“En ese capítulo el gobierno busca legalizar el soborno millonario, pues se establece un monto que el concesionario deberá cancelar de $137 millones por concepto de indemnizaciones a los trabajadores que se traduce en ¢80.000 millones y que a cada empleado se propone cancelarle hasta un máximo de ¢80 millones sin contar las prestaciones de ley. Esto resulta abusivo, nocivo, injustificado, irracional, comprometerá las finanzas públicas y es discriminatorio. “No vemos porque a este grupo de trabajadores se les deba dar un trato diferente, peor si se trata de comprar la conciencia de los trabajadores”, reafirmó Villalta.
El congresista comentó que dicha agrupación cree que en la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero “no para emplearlo como caballo de Troya para lograr la concesión”, añadió Villalta.
A su criterio, ningún concesionario de primera entrada se responsabilizará del pago de$137 millones para el pago de indemnizaciones, sino que sostuvo que la recuperación de la suma se haría vía incremento de aumento tarifario que propondrá la empresa o concesionario que logre la adjudicación de las obras.
“Ningún concesionario vendrá a regalar $137 millones. Los van a cobrar de las tarifas y eso lo pagaremos todos los costarricenses”, mencionó Villalta.
No vemos porque a este grupo de trabajadores se les deba dar un trato diferente, peor si se trata de comprar la conciencia de los trabajadores” dijo el jefe de fraccion de Frente Amplio, José María Villalta.
Fuente: La Prensa Libre
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En contra de pago en Japdeva
Karla Barquero, colaboradora
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El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar que se indemnice a los trabajadores del Sindicato de Japdeva, como parte del proceso de privatización de los puertos.
Según Villalta, destinar $137 millones a 1.400 trabajadores de la Junta con el fin de lograr la privatización de los muelles de Moín y de Limón, es un acto deshonesto, que se trata de una “mordida”.
El diputado cuestiona los artículos del 124 al 133 de la nueva convención colectiva de los trabajadores de Japdeva.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Albino Vargas, destacó que el dinero que se destinaría a estas personas se podría utilizar para formar tres redes de cuido que beneficiaría a 100 mil niños.
Otro punto que mencionó el diputado Villalta, del Frente Amplio, para plantear el recurso ante la Sala IV, fue que varios estudios de Japdeva indican que se necesitan $80 millones para modernizar los puertos.
Fuente: Al Día
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Diputado Frente Amplio impugnó convención colectiva de JAPDEVA
El diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Convención Colectiva de JAPDEVA que trata de legalizar el soborno a los trabajadores para que se queden callados ante el proceso de privatización de los puertos del Caribe.
“Esta reforma a un documento que es legítimo, lo desnaturaliza, para después usarlo como caballo de troya para legalizar un pago abusivo e injustificado a costa de las finanzas públicas, ya que dice que JAPDEVA es responsable del pago a los trabajadores, y aunque la plata inicialmente la pusiera el concesionario privado que venga, al final se le terminará cobrando a los usuarios de los servicios públicos portuarios”, afirmó Villalta.
Esto, consideró Villalta es “un chantaje, un soborno absolutamente ilegal, que dejaron plasmado en una reforma a la Convención Colectiva del Sindicato SINTRAJAP con la complicidad de una junta directiva espúrea”.
“Estamos hablando de un pago de más de 80 millones por trabajador, más el auxilio de cesantía que ya está fijado en el tope máximo de 20 años, establecido por la Sala Constitucional como razonable como indemnización. Es un pago que no tiene ninguna justificación y que se daría por igual a todos los trabajadores, independientemente del cargo que ocupen, de su rendimiento o responsabilidad, además es beneficio discriminatorio que no tiene ningún otro trabajador de este país”.
“La excusa es, dijo el legislador a Informa-tico.com, que acepten y se queden callados ante el proceso de privatización de los puertos, aunque dicen que es por desarraigo de la convención colectiva, pero por esa razón se pagan las prestaciones, ya que cuando una relación laboral termina el trabajador deja de percibir los beneficios de esa relación laboral. Entonces esto es un doble pago, ilegal y abusivo”.
Villalta dijo que el recurso de inconstitucionalidad se basa en la propia jurisprudencia de la Sala IV que “en el pasado reciente ha declarado inconstitucional convenciones colectivas por considerar que tenían cláusulas abusivas o de privilegio”.
“Estamos ante el mismo caso, dijo, y esperamos ver coherencia, no sería legítimo que cuando es para privatizar, los magistrados acepten los sobornos que se ofrecen a los y las trabajadoras y las gollerías con fondos públicos y después, en negociaciones de otras convenciones colectivas eliminen cualquier cosa que les suene a priviligio”.
Recientemente en la Convención Colectiva de la Junta de Protección Social se eliminó la cláusula que establecía un derecho de cesantía mayor a los 20 años; en otros casos la Sala IV eliminó pagos aduciendo que no respondían a una razón lógica, entonces estamos esperando que se apliquen éstos mismos criterios establecidos en su propia jurisprudencia a las reformas a la Convención Colectiva de JAPDEVA.
La nueva Convención Colectiva de JAPDEVA, negociada entre cuestionada junta directiva del sindicato de trabajadores de esta institución autónoma (SINTRAJAP) y la presidencia ejecutiva de JAPDEVA -firmada el 27 de abril y homologada por el Gobierno el 1 de junio-, modifica la anterior convención para permitir el soborno señaló el legislador.
Villalta dijo que decidió interponer el Recurso de Inconstitucionalidad “por lo que considero es un procedimiento ilegal y un privilegio que se da a 1.500 trabajadores públicos a costa de las finanzas públicas y mediante un mecanismo engañoso que consiste en que el gobierno pone los 37 millones de dólares iniciales y la futura concesionaria los otros 100 millones de dólares pero hay una cláusula que dice que si la empresa falla el Gobierno cubre el faltante”.
El legislador agregó que desde el punto de vista legal estas regalías que se están dando a los funcionarios de JAPDEVA en realidad son “la compra de conciencia que quedó plasmada en esa reforma convencional inmoral, que afecta las finanzas públicas y los derechos de los usuarios que pagan las tarifas de los servicios públicos” y no hay manera de justificarlas legalmente.
Las modificaciones, tienen el objeto de pagar 80 millones de colones a cada uno de los cerca de 1500 empleados de la institución y una “pensión juvenil” a trabajadores y trabajadoras a quienes se les pidió acogerse a la pensión a los 50 años de edad, todas estas acciones son inconstitucionales, según el legislador.
Por último el diputado Villalta fue enfático al señalar: “no es posible que se diga que no hay dinero para poner a funcionar la Red Nacional de Cuido Infantil ofrecida en campaña por la Presidenta Chinchilla y para la cual se requieren 28 mil millones de colones y sí hay plata para chantajear a 1.500 trabajadores con regalías inconstitucionales”.
Fuente: InformaTico
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Frente Amplio impugnó nueva Convención Colectiva de JAPDEVA en Sala IV
San José (elpais.cr) – El diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo que considera “un chantaje, un soborno absolutamente ilegal y que dejaron plasmado en una reforma a la Convención Colectiva del Sindicato SINTRAJAP con la complicidad de una junta directiva espuria”.
La nueva Convención Colectiva de JAPDEVA, negociada entre la cuestionada junta directiva del sindicato de trabajadores de esa institución autónoma y la presidencia ejecutiva de JAPDEVA, fue firmada el 27 de abril, modificando la anterior y fue homologada por el gobierno actual el 1 de junio anterior.
En enero anterior, el gobierno de Oscar Arias intervino el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), e impuso una nueva dirigencia afín al oficialismo.
Villalta dijo que “como diputado he decidido interponer este Recurso de Inconstitucionalidad porque considero absolutamente ilegal el procedimiento y el privilegio que se está dando con 1.500 trabajadores”.
“Es un chantaje, la compra de conciencia que quedó plasmada en esa reforma convencional inmoral, que afecta las finanzas públicas y los derechos de los usuarios que pagan las tarifas de los servicios públicos”, resaltó el legislador.
Aseguró que “las modificaciones, tienen el objeto de pagar un chantaje de 80 mil millones de colones entre alrededor de 1500 empleados y una pensión juvenil de trabajadores y trabajadoras a los 50 años”.
El diputado del Partido Frente Amplio hizo un llamado a “aquellos que en tiempos anteriores interpusieron acciones contra varias convenciones colectivas ahora den la cara en contra de este verdadero privilegio y soborno”.
Villalta enfatizó en que “no es posible que se diga que no hay dinero para poner a funcionar la Red Nacional de Cuido Infantil ofrecida en campaña por la Presidenta Chinchilla, para la cual se requieren 28 mil millones de colones, y para chantajear a 1.500 trabajadores si hay 80 mil millones de colones”.
Este lunes, en rueda de prensa, el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes y Villalta, dieron a conocer la acción legal interpuesta contra lo que consideran “un chantaje, un soborno absolutamente ilegal”.
Destacaron que la legítima Junta Directiva de SINTRAJAP, liderada por el Secretario General Ronaldo Blear Blear, fue destituida por el gobierno de los hermanos Arias Sánchez con el fin de montar a dirigentes dóciles y así poder hacer una modificación en la Convención Colectiva y privatizar los muelles de Limón y Moín.
A esta privatización se opusieron siempre los dirigentes legítimos de SINTRAJAP y los trabajadores y trabajadoras que en su mayoría apoyó siempre esta oposición.
Una vez “legitimada” la espuria junta directiva, realizaron modificaciones en la Convención Colectiva de Trabajo para lograr la privatización, pagar el chantaje s y la pensión juvenil de trabajadores y trabajadoras a los 50 años.
“Debemos ser claros de que no estamos en contra de las convenciones colectivas de trabajo, no estamos en contra de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA. A lo que nos oponemos es al ilegal chantaje y los privilegios que quedaron plasmados en esa reforma convencional”, dijo Vargas Barrantes.
Fuente: Nuestro País
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Frente Amplio impugnó convención colectiva de Japdeva
SAN JOSÉ, 15 jun (CRH)-. El partido Frente Amplio comentó ayer por la tarde que el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo que considera “un chantaje, un soborno absolutamente ilegal y que dejaron plasmado en una reforma a la Convención Colectiva del Sindicato SINTRAJAP con la complicidad de una junta directiva espúrea”.
La nueva Convención Colectiva de JAPDEVA, negociada entre la cuestionada junta directiva del sindicato de trabajadores de esa institución autónoma y la presidencia ejecutiva de JAPDEVA, fue firmada el 27 de abril, modificando la anterior y fue homologada por el gobierno actual el 1 de junio anterior.
El diputado Villalta dijo que “como diputado he decidido interponer este Recurso de Inconstitucionalidad porque considero absolutamente ilegal el procedimiento y el privilegio que se está dando con 1.500 trabajadores. Es un chantaje, la compra de conciencia que quedó plasmada en esa reforma convencional inmoral, que afecta las finanzas públicas y los derechos de los usuarios que pagan las tarifas de los servicios públicos”.
Las modificaciones, según el FA; tienen el objeto de pagar un chantaje de 80 mil millones de colones entre alrededor de 1500 empleados y una pensión juvenil de trabajadores y trabajadoras a los 50 años. Todas esas acciones son consideradas como inconstitucionales por el accionante.
El diputado del Partido Frente Amplio hizo un llamado a “aquellos que en tiempos anteriores interpusieron acciones contra varias convenciones colectivas ahora den la cara en contra de este verdadero privilegio y soborno”.
Por último el diputado Villalta fue enfático al señalar que “no es posible que se diga que no hay dinero para poner a funcionar la Red Nacional de Cuido Infantil ofrecida en campaña por la Presidenta Chinchilla y para la cual se requieren 28 mil millones de colones y para chantajear a 1.500 trabajadores si hay 80 mil millones de colones”.
Fuente: Costa Rica Hoy
