Diputado Gerardo Vargas Varela
El artículo del diputado Gerardo Vargas Rojas, intitulado “Otro pacto en la oscuridad”, publicado por La Nación el 5 de noviembre, contiene un conjunto de inexactitudes que deben ser aclaradas.
Primero: señala que el presupuesto “incrementa, por segundo año consecutivo, el gasto muy por encima de la inflación”. Esa afirmación no es verdadera. El crecimiento nominal del presupuesto 2016, respecto al autorizado a agosto de este año, es del 2,8%, y la meta de inflación para el 2016 es del 4% (±1%). Así, el gasto no se incrementa por encima de la inflación estimada.
Segundo: asegura que “es un presupuesto irresponsable (…) que no contiene reglas para, al menos, exigir cuentas sobre la racionalidad y la calidad del gasto que se ejecute”.
¿A qué reglas se refiere? Si es a las fiscales, para establecer límites y metas, ya sea en lo concerniente al aumento de la deuda, el gasto corriente u otros indicadores, una norma de tal naturaleza no puede incluirse en una ley de presupuesto.
Por otra parte, si el diputado alude a las normas de ejecución cuando menciona las “reglas para al menos exigir cuentas”, comete otro error. El dictamen de mayoría del presupuesto 2016 sí incluye normas de ejecución que buscan establecer mecanismos de rendición de cuentas.
La Comisión de Hacendarios aprobó, a la luz del día, un conjunto de normas de ejecución, firmadas por todos los integrantes, incluida su compañera de bancada Rosibel Ramos.
Tercero: afirma que fue “un pacto entre el PLN, el PAC y el FA”. Se equivoca absolutamente. No, diputado, nosotros hemos defendido el presupuesto de manera totalmente coherente, sin cambios de posición, porque nosotros, en el Frente Amplio, actuamos basados en nuestros principios políticos.
Defendimos el presupuesto el año anterior. Nos opusimos a los recortes que ustedes en el PUSC negociaron con el PAC y hemos defendido el presupuesto este año.
No hace falta ningún pacto para que el Frente Amplio se oponga al recortismo ciego, a la erosión del Estado social de derecho. Así que se equivoca: el FA no es parte de ningún pacto.
Firmamos el dictamen de mayoría porque defiende el presupuesto para la salud, la educación, la niñez, el agro, etc.
No hace falta nada más para que lo hagamos, que nuestros firmes principios políticos.
Juzga el diputado Vargas Rojas a la bancada liberacionista, duda de que el PLN haya negociado a cambio de nada. Supongo que la duda deriva de su experiencia previa. De esos pactos no somos parte. Del pacto del PLN y el PAC, el FA no es parte.
Cuarto: califica de irresponsable el presupuesto 2016. Las calificaciones generalistas producen errores significativos. De lo dicho tendría que desprenderse que el diputado socialcristiano cree que es irresponsable invertir en educación, en salud, en programas contra la pobreza, y considera irresponsable también que se autorice el gasto necesario para pagar el salario de decenas de miles de docentes que educan a nuestros niños y jóvenes.
Califica, además, don Gerardo, de irresponsabilidad la utilización de recursos para las juntas de educación y la inversión en infraestructura educativa.
Califica de irresponsable el gasto destinado a sostener el funcionamiento de los CEN-Cinái, que atienden a miles de niños costarricenses. Ese absolutismo, ese desdén por el detalle, produce afirmaciones insostenibles.
Quinto: afirma que él y su bancada se encuentran del lado de la responsabilidad fiscal. Curioso concepto de responsabilidad fiscal, porque es la fracción socialcristiana la que tiene bloqueada la Comisión de Asuntos Hacendarios con cientos de mociones, que impiden el avance de proyectos necesarios para hacer frente al déficit fiscal.
La presidencia de la Comisión la tiene hoy la diputada Rosibel Ramos, del PUSC. ¿Sabe usted cuántos proyectos de ley han salido de esa comisión durante el periodo en que ha sido presidida por ella? Uno. Sí, un solo proyecto ha sido dictaminado afirmativo.
Permanecen, sin avance, el de exoneraciones, que produciría nuevos ingresos por ¢15.000 millones; el de caja única, que generaría ¢60.000 millones; el del impuesto a las sociedades anónimas, que dejaría ingresos frescos por ¢45.000 millones; el proyecto de reforma del impuesto sobre la renta, que significarían ¢160.000 millones.
Entonces: ¿A qué tipo de responsabilidad fiscal se refiere el diputado Vargas Rojas? ¿Qué clase de responsabilidad es esa que impide una mejora en las herramientas para la lucha contra los evasores? ¿Qué clase de responsabilidad fiscal es esa que impide que se trabaje en una reforma fiscal progresiva, que haga más justo y equitativo el cobro de impuestos?
Sexto: lo que más llama la atención del artículo del diputado Vargas Rojas es el maniqueísmo profundo que exhibe. O se está del lado oscuro o se está del lado de la luz. Polarización y maniqueísmo. A eso apela. Apela a la ausencia de espacios de encuentro, a la imposibilidad de establecer diálogos. Apela a negar los matices, a negar los puntos de coincidencia.
Poco aporta a la democracia, en un Parlamento multipartidista, una actitud polarizante, el aislamiento, la negación de la posibilidad de establecer diálogos y encuentros.
El autor es jefe de Fracción Frente Amplio.
