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| De Frente Amplio |
San José, (NP/20-09-2008) El Gobierno de Costa Rica ha estado ocultando información y mintiendo a nuestro país en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos, denunció el legislador del Partido Frente Amplio, José Merino del Río.
“Hoy sabemos que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) había sido, desde junio anterior, renovada para los otros países que están en la ICC, y que es absolutamente mentira que la no entrada en vigor del TLC estuviera afectando a la Industria textil, a la industria atunera y a otros sectores”, lamentó Merino.
Aseguró que “han estado cerrando empresas de textiles sin tener eso nada que ver con el Tratado, han estado cerrando, simplemente por lo que ya estábamos denunciando, por situaciones del mercado
internacional que no les permite ser competitivas en las condiciones de ese mercado internacional en Costa Rica”.
En las últimas horas, a raíz de las carreras de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), ante las presiones de los empresarios para agilizar la demora de aprobación de leyes complementarias del TLC,debieron reconocer información que estaban ocultando.
La viceministra del Comex, Amparo Pacheco, informó que Estados Unidos amplió por dos años más, hasta setiembre del 2010, los beneficios arancelarios y de acceso a su mercado a textileros, atuneros y del cuero.
Las ventajas comerciales se establecieron en el 2000, mediante la ampliación de la ICC, y la prórroga de los beneficios se incluyó en la denominada ley Farm Bill, tramitada en junio anterior en el Congreso
estadounidense, que aprobó un paquete de ayudas internas a la agricultura de ese país.
En el 2008, la administración del presidente George Walker Bush había vetado inicialmente la Farm Bill, pero el Congreso la puso en vigencia mediante el resello en junio, reconoció el COMEX para apaciguar al
sector empresarial.
Estratagema
“Yo acuso al Gobierno costarricense de haber usado esa estratagema para imponerle al Congreso la aprobación de leyes que van mucho más allá del TLC, que precisamente la llamada Ley Escoba (sobre Propiedad Intelectual), que fue detenida mediante la consulta que hicimos a la Sala Constitucional y que nos dio la razón”, dijo Merino.
Indicó que “precisamente la usaron para tratar de sorprender al país y bajo una campaña que prácticamente seguía con el Memorando del miedo, de la manipulación, de la presión para justificar reformas en propiedad intelectual que en ningún momento eran obligaciones contraídas en el marco del TLC”.
Además, explicó que nunca le fueron consultadas al pueblo de Costa Rica como la reforma a la Ley de Biodiversidad “para poder patentar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas”.
Merino del Río sostiene que la reforma a la propiedad intelectual se hizo “para alargar el período de patentes de los medicamentos de marca, como las reformas que hicieron a última hora sobre los derechos de autor, para realmente fortalecer, no los derechos individuales, sino los derechos de las empresas”.
“Entonces, fíjense lo que ha ocurrido, realmente hoy está claro que el país no tiene la soga al cuello, que podemos discutir esa legislación el tiempo que sea necesario, que hay tiempo para hacer la consulta a los pueblos indígenas”.
Propuso que lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente solicitar una nueva prórroga hasta que se haga la consulta a los pueblos indígenas, a raíz del vencimiento del plazo para aprobar el TLC y sus
leyes complementarias a finales de este mes.
“No hay en estos momentos ningún sector de la industria nacional amenazado por la no entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, puesto que hasta el 2010 Costa Rica tiene todas las ventajas de la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe”, reiteró.
“La presión que siguen haciendo sobre el parlamento para darle un trámite “chapucero” a la obligación que ha señalado la Sala Constitucional de publicar las reformas y de hacer las consultas a los
pueblos indígenas es simplemente un nuevo engaño de este gobierno y de las autoridades del COMEX”, ahondó Merino.
Aunque para el legislador, la decisión de la consulta no es vinculante, “pero cuando los territorios indígenas le digan no a esta reforma, vamos a ver si aquí hay 38 diputados que se atrevan a ir en contra de la voluntad mayoritaria de los pueblos indígenas”.
Advirtió que “no es vinculante para la Asamblea Legislativa, pero obviamente sí es vinculante para la salud moral y política de nuestra vida democrática. Si ellos no lo toman en cuenta, obviamente en este país podrán pasar muchas cosas”.
Más presión
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pidió este viernes que la Asamblea Legislativa apruebe cuanto antes la reforma necesaria para modificar la última ley de implementación, para la inmediata puesta en vigencia del TLC.
El presidente del sindicato empresarial, Manuel Rodríguez, informó que envió una carta a los 57 diputados que integran la Asamblea, tanto a los que han apoyado el TLC como sus opositores.
En ella la UCCAEP exhortó a los diputados a que realicen las modificaciones al proyecto de propiedad intelectual en el menor tiempo posible, mientras que en ese sentido se pronunció el jueves la Cámara
Costarricense de Exportadores (Cadexco).
“El retraso en la puesta en vigencia está perjudicando a los sectores productivos, que habían empezado a hacer cambios, entre ellos renovando contratos, reincorporando personal y comprando materia
prima para exportar a Estados Unidos y Centroamérica a partir del primero de octubre próximo”, dijo el dirigente del sindicato empresarial.
Sobre el particular, Merino dijo que no hay prisa y reiteró que siguen usando el chantaje y la mentira para obtener logros que al final afectará los sectores populares.
Fuente: Nuestro País
