Iniciamos el análisis del informe acerca del Estado de la Nación, rendido por el señor presidente Carlos Alvarado, que trató de ser un discurso motivacional, un discurso emotivo, pero que tiene notables carencias que ya han sido señaladas aquí por otras fracciones.
Tratando de no incurrir en los errores que criticamos, vamos a dividir este análisis en tres partes. Vamos a señalar puntos de coincidencia que tenemos con el informe del presidente Alvarado; de seguido, vamos a señalar críticas y cuestionamientos sobre lo expuesto y la gestión del Gobierno; y también vamos a resaltar las carencias, lo que faltó, lo que no estuvo presente, que talvez es el punto más significativo.
APOYAMOS LO BUENO QUE HACE EL GOBIERNO
Apoyamos lo bueno que hace el Gobierno. En ese sentido, coincidimos en que el manejo de la pandemia del nuevo Coronavirus, causante de la enfermedad covid-19, por parte del Ministerio de Salud y de la Caja, especialmente, y de otras instituciones públicas, ha sido eficiente y ha mostrado una vez más las fortalezas del Estado social de derecho costarricense. Esto es indiscutible.
Veía hoy con orgullo un pequeño reportaje de la BBC sobre los éxitos de Costa Rica en la atención de la emergencia. Ciertamente, un país como Costa Rica, que logra pocas muertes, todas lamentables, pero logra un número tan bajo de muertes, reduciendo los casos de contagios, sin aplicar medidas tan extremas como han tenido que aplicar otros países con mucho más recursos, con mucho más riqueza, es un logro significativo y hay que reconocerlo.
La emergencia sanitaria se ha manejado, hasta ahora, de forma satisfactoria, aunque está dejando, lógicamente, una estela de destrucción de empleos, de daños muy graves a nuestra economía y al tejido social.
Los trabajadores y las trabajadoras de la salud y de otras instituciones que ayer fueron vilipendiados por cometer el que para algunos debería ser un delito de hacer uso de sus derechos laborales colectivos, como el derecho de huelga, hoy son reconocidos como héroes y heroínas. Ojalá que eso no se nos olvide.
Recuerdo que este Parlamento gastó múltiples sesiones discutiendo sobre las medidas tomadas en la Caja, si se debía reconocer la anualidad porcentual o no porcentual a estos trabajadores del sector salud.
¿Cuánto vale el salario de estos trabajadores del sector salud? ¿Es que realmente ganan mucho para los sacrificios que están haciendo, poniendo en peligro sus vidas todos los días, y la de sus familias, para atender a la población costarricense? ¿Cuánto vale una enfermera de la Caja, un técnico en salud, un médico general? Recordemos esto, porque es necesario que no tengamos una memoria tan corta.
Aquí mismo, en la Asamblea Legislativa, hemos reducido nuestras jornadas de trabajo, los diputados ya no sesionamos en comisiones, nos preocupa nuestra seguridad, nuestra salud, pero los trabajadores de la salud no tienen esa posibilidad, no tienen la posibilidad de hacer parte de su trabajo a través del teletrabajo.
Sin embargo, hasta hace poco eran los malos de la película, eran los que había que satanizar, había que ver cómo se les rebajaba más el salario, no olvidemos eso para las futuras discusiones que vienen.
Reconocemos también que se esté enfrentando la crisis social con el bono Proteger, y los subsidios del IMAS para cubrir a más de quinientas mil personas que han visto disminuido sus ingresos parcial o totalmente. Y que se haya aceptado la propuesta para entregar el Fondo de Capitalización Laboral, para aquellas personas que perdieron su empleo, y para los que les fue suspendida su jornada laboral parcial o totalmente. Aunque consideramos que el bono Proteger debe aumentarse para cubrir una especie de salario mínimo vital.
Coincidimos en la importancia de haber avanzado la ley que regula el uso de los datáfonos en beneficio de los comercios, en este Plenario legislativo fuimos la primera fracción que alzó su voz denunciando los cobros de comisiones abusivas y la colusión entre los bancos, para que no haya competencia alguna en esta actividad.
Igualmente reconocemos la importancia de que se haya avanzado con la aprobación, en primer debate, del proyecto de Ley para combatir la usura, aunque tenemos serias dudas de que el Gobierno pueda atribuirse algún logro en esta materia.
Creo que esa ley avanzó a pesar del Poder Ejecutivo, a pesar del presidente Carlos Alvarado, que durante mucho tiempo no solo no quiso convocar el proyecto, sino que directamente lo torpedeó, o ya ustedes se olvidaron que el Gobierno presentó un proyecto de ley alternativo a esta Asamblea Legislativa que le bajaba el piso a la Ley contra la usura, acogiendo la postura de la Asociación Bancaria Costarricense, que no se fijara en la ley un tope a las tasas de usura. Creo que esta ley ha avanzado a pesar de esa postura del Poder Ejecutivo.
Es cierto que por fin se promulgó la norma técnica sobre el aborto terapéutico para la protección de la vida y la salud de las mujeres y que hemos avanzado en el acceso a los anticonceptivos de emergencia, son decisiones acertadas que reconocemos. También que la fertilización in vitro está al alcance de todas las familias que la necesitan y que en pocos días será legal el matrimonio igualitario, son avances que celebramos.
No podemos, sin embargo, celebrar, y quiero que me entiendan bien, no podemos hacer un comentario de celebración sobre el tema de los femicidios, mientras existan femicidios en Costa Rica. Reconocemos el trabajo del Inamu, el trabajo del Sistema Nacional de Atención a las Mujeres y del Plan Nacional, el Planovi, el Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia de Género. Y la articulación entre las instituciones con el Ministerio de Salud para atender esta problemática y reducirlas y las campañas que se están haciendo y la capacitación que se están haciendo a decenas, cientos, miles de mujeres en todo el país para atender integralmente el problema de la violencia. Pero mientras exista un femicidio en Costa Rica no hay motivo para la celebración, aunque reconocemos que se está caminando en esta materia.
Desde el Frente Amplio estamos de acuerdo en la necesidad de promulgar la ley sobre extinción de dominio para combatir el crimen organizado, y sobre todo los capitales ilegales del narcotráfico.
Aplaudimos con entusiasmo la decisión de seguir manteniendo al país libre de exploración y explotación petrolera y hacer esfuerzos por transformar nuestra matriz energética.
Tenemos una oportunidad en el contexto actual, agradecemos el respaldo a la reforma constitucional que permitirá consagrar el derecho humano de acceso al agua en la Carta Magna, en la Constitución Política y reconocerla como un bien de la nación.
CRITICAS CONSTRUCTIVAS A LA ADMINISTRACION ALVARADO
Pasamos ahora a hacer algunas críticas constructivas al discurso presidencial y a la gestión del Gobierno.
No se defiende ni se moderniza el Estado social de derecho aplicando las políticas económicas neoliberales. No nos quieran meter gato por liebre, la Caja no se moderniza privatizando hospitales, clínicas o servicios mediante la terciarización. El Estado no se moderniza privatizando el Consejo Nacional de Producción o la Fábrica Nacional de Licores, tampoco desmantelando a poquitos el Instituto Nacional de Aprendizaje.
El Estado no se moderniza imponiendo una desmejora en las condiciones laborales en el sector público, precisamente en el que más se requiere de las instituciones, algunos quieren aprovechar la situación de la emergencia para reducir el Estado a su mínima expresión, no han aprendido nada de la lección que la historia nos está enseñando hoy en el mundo. Casi para dejarla únicamente cumpliendo su función de gendarme, defensor de los intereses de los de arriba, no es esa la modernización del Estado que esperamos y lamentamos la ambigüedad del discurso presidencial en esta materia.
Un discurso donde, efectivamente, como decía alguna compañera diputada, cabe todo y es muy difícil desligar o deslindar políticas públicas coherente y claras.
La técnica no erradica la pobreza. Es positivo que haya hoy herramientas técnicas que son un instrumento que ayuda a identificar a las familias pobres, pero por sí solo no erradican la pobreza. Durante ya casi doscientos años de vida independiente los políticos de todos los signos han prometido acabar con la pobreza, y todo ha quedado en eso, promesas, porque realmente no se adoptan políticas de redistribución de la riqueza efectivas y duraderas, que terminen por lo menos con la pobreza extrema. Por eso no se modifican sustancialmente los indicadores de concentración de la riqueza. Esta se sigue concentrando en pocas manos, mientras son cada vez las familias pobres, antes del Covid-19, dato que no nos da ningún motivo para celebrar ni regocijarnos.
Ya había más de un millón de costarricenses sobreviviendo la pobreza o la pobreza extrema. Durante la pandemia esa cifra ha crecido y de no cambiar el rumbo del modelo económico, se volverá a estacionar en un porcentaje mayor, ya no será el veinte por ciento de las familias, sino que podría ser el treinta o hasta el cuarenta.
Para pasar de un discurso demagógico sobre el combate de la pobreza que venimos oyendo desde hace años, a una política real y efectiva que acabe al menos con la pobreza extrema, se requiere impulsar medidas más profundas, como cumplir en el presupuesto nacional el porcentaje de gastos en educación que establece la Constitución Política, cancelar la deuda del Estado con la Caja para fortalecer la salud integral y universal, y avanzar hacia el establecimiento de una renta básica universal, proteger los derechos laborales y garantizar un salario mínimo a las personas trabajadoras, un ingreso mínimo vital a las personas trabajadoras.
Sobre la flexibilización laboral. En dos ocasiones, en su discurso el presidente Alvarado hizo varias referencias a proyectos que buscan modificar la jornada laboral, argumentando posibles beneficios en el marco de la emergencia que es desde el Frente Amplio no tenemos claros, porque tenemos críticas de fondo a estos proyectos de ley en los que han coincidido sectores e instituciones.
Deben mejorarse los mecanismos de negociación de las jornadas, deben garantizarse mecanismos para proteger los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas que podrían ser las grandes perdedoras de estas reformas, especialmente las mujeres que tienen responsabilidades de cuido.
En diciembre de 1920 se aprobó en Costa Rica la ley de la jornada laboral de ocho horas, hace ya casi cien años, después de varias huelgas de obreros y artesanos con el acompañamiento de Carmen Lyra, don Joaquín García Monge y otros intelectuales. Esperemos que exactamente cien años después no sea el pretendido Gobierno del bicentenario el que quiera echar por tierra esa conquista de derechos humanos que hoy está amenazada.
Quiero recordarle, especialmente a la fracción del PAC, que tanto habla de derechos humanos individuales, quiero recordarle que los derechos laborales también son derechos humanos. Se les olvida reiteradamente eso, ojalá que no se les olvide demasiado.
Camino empedrado y cuesta arriba. Dice el presidente Alvarado que de previo a la crisis avanzábamos por buen camino. Acto seguido se refirió al comportamiento de los indicadores fiscales y de la inversión extranjera directa, pero oculta que al mismo tiempo no avanzábamos por buen camino en lo laboral por el altísimo y sostenido nivel de desempleo, y porque más de un millón de compatriotas estaban o desempleados o con empleos informales; ni tampoco en lo social por el altísimo y sostenido nivel de pobreza y desigualdad. Pero además, por el inclemente, el gravísimo incumplimiento que existe de la legislación laboral que tenemos.
Hasta que no avancemos con un verdadero fortalecimiento de la inspección general del trabajo para poder efectivamente fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales, vamos a seguir teniendo graves problemas de incumplimiento y de violación a estos derechos, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población. Y es un tema que estuvo ausente en el discurso presidencial y que es necesario abordar para que las reformas que aquí se impulsen sean equilibradas, sean justas.
Moratoria para los créditos. El presidente, lamentablemente, aparece en la cuestión de los créditos como un vocero de la Asociación Bancaria Costarricense. Definitivamente hace falta legislar para que exista una moratoria sobre los créditos de todo tipo. Sus directrices no se están cumpliendo como deberían cumplirse y son insuficientes.
Hay muchas familias, personas y empresas a las que les están aplicando condiciones leoninas, si es que les han hecho algún tipo de readecuación de los créditos en el marco de esta crisis. Incluso, les están subiendo los intereses y las condiciones del préstamo.
Y ni hablar de la banca para el desarrollo que tiene recursos, pero que los bancos no quieren ejecutar, no quieren ejecutar, no quieren poner en práctica. Recuerden que el sistema de banca para el desarrollo que se creó en esta Asamblea Legislativa es una banca de segundo piso, hay un consejo rector que dicta políticas, que dicta directrices, que recolecta recursos. Pero si a las entidades bancarias no les da la gana de prestar en esas condiciones, ese sistema no funciona y sigue amarrado. Y eso lo que está pasando.
Abandono del agro. A los agricultores les siguen rematando fincas, las casas comerciales están acusando sus deudores con el fin de que cancelen, y los préstamos para estudiantes siguen en problemas. También, hace falta legislar sobre los alquileres, permitir una moratoria en vista de la afectación del nuevo Coronavirus.
Hay dos proyectos de ley que forman parte de la agenda para atender la emergencia y que ojalá podamos dispensar y conocer en este Plenario, como corrimos para tramitar otros proyectos de ley que beneficiaban a otros sectores.
Recuperación de territorios indígenas. Es una de las partes donde yo sería más crítico del discurso presidencial. Dijo el mandatario que han trabajado en la ejecución de las medidas cautelares para la defensa de las poblaciones indígenas que recuperan sus tierras. Nada más falso.
Como se sabe, la violencia continúa y nada más en el último año, contado desde marzo del año pasado, ha costado la vida de dos líderes indígenas, como Sergio Rojas el año pasado, y Jhery Rivera a inicios de este año.
¿Cómo va a decir que se está avanzando y que se están cumpliendo las medidas cautelares, si los dos líderes asesinados estaban protegidos por esas medidas cautelares?
Recientemente, más bien las comunidades más afectadas denunciaban a un poderoso empresario con vínculos con el Gobierno que de nuevo ha invadido fincas en los territorios indígenas, sin que las autoridades muevan un dedo.
Hay negligencia, hay inoperancia, no es cierto que se está actuando para proteger a los más débiles.
¿Diálogo social? El presidente dice que ha dialogado con lideres religiosos y de la sociedad civil sería positivo un grado mayor de transparencia y diga quiénes han participado en esas reuniones.
Debiera dar a conocer las minutas de esas sesiones para saber a qué sectores y corrientes de pensamiento se refiere, todas y todos sabemos que en la Casa Presidencial se atiende con alfombra roja a un sector de la élite empresarial de este país, ni siquiera podemos hablar de todos los empresarios porque a muchos se los está llevando candanga sobre todo a los pequeños, esos no tienen acceso directo al Gobierno, hay grandes empresarios que incluso le dan asesoría mediante un equipo de economistas de ANFE y la Academia de Centroamérica.
También se sabe que se recibe a los grupos sociales afines al partido de Gobierno, pero no hay señales de que se dialogue y se atienda las necesidades de sectores sociales que tienen posiciones y propuestas alternativas distintas a las de los poderes fácticos, no hay conversación con el sector laboral representado por organizaciones sindicales, ni con las organizaciones de los agricultores, ni con los pescadores, ni con los taxistas y otros gremios del transporte, ni con universidades, ni con los ambientalistas o las feministas, movimientos y sectores críticos de las políticas del Gobierno.
El presidente Alvarado y su equipo económico saben que han servido de forma sistémica a los intereses de las élites durante dos años y por eso insiste en repetir sobre una apertura al diálogo pero lo hace de una forma que dice mucho, dice que este es un país plural, de muchos intereses, ese discurso que quiere hacer creer que en democracia solo hay un montón de gente con intereses propios, todos equivalentes lo que busca es negar que hay relaciones de poder, y no todos los intereses son equivalentes.
Con ese cuento de que lo que hay son intereses intentan ocultar que son distintos los intereses de las élites egoístas e insensatas a las demandas de las personas afectadas por relaciones de subordinación, por ejemplo, los intereses de parte de las élites que quieren que no se apliquen medidas sanitarias necesarias para favorecer sus ganancias privadas aunque eso cueste vidas humanas no son equivalentes a las demandas de las personas empobrecidas que piden soporte estatal para no padecer hambre.
Combate al narcotráfico. El presidente felicita con razón a los organismos de seguridad que han logrado aumentar la cantidad de droga decomisada en el territorio nacional, sin embargo no se refiere a dos hechos relevantes en materia de narcotráfico, de un lado el creciente decomiso de droga en puertos de Europa, provenientes de Costa Rica, ocultan exportaciones de piña y banano y del otro el creciente número de asesinatos perpetrados por sicarios al servicio de los cárteles locales de la droga, que alimentan la inseguridad en numerosos barrios y ciudades del país.
Economía y bienestar social. Dice el mandatario Carlos Alvarado que enfrentamos una triple amenaza, a la vida, al bienestar social y a la economía, separar la economía del bienestar social y de la vida muestra la postura ideológica del presidente, para él la economía es cosa aparte de la reproducción de la vida y del bienestar social, pero no es así, la economía no es algo a proteger, abstracto en sí mismo, es algo a organizar para asegurar la defensa de la vida y del bienestar social, tiene que estar supeditada a estos bienes superiores.
Protección de la niñez. En política social, casi ausente del discurso, se refirió al PANI para informar que atiende veinticuatro horas al día en dos oficinas regionales pero no se refirió a medidas para la protección de la niñez que toma mayor relevancia ahora que tenemos un PANI debilitado por los recortes presupuestarios aplicados por este Gobierno, que además no está respetando las sentencias de la Sala Cuarta que ha dicho que estos recortes son inconstitucionales.
¿Repartir cargas? El presidente dice que hay que repartir cargas para sobrellevar la crisis económica y social, suena bonito pero no es cierto que eso se esté haciendo, igual que en el plan fiscal las mayores cargas son para los sectores asalariados y los pobres mientras no se toca el gran capital y mucho menos al gran capital especulativo.
Así por ejemplo, se decidió suspender el aumento de salarios por costo de vida del Gobierno central, ahora quieren eliminar también las anualidades durante este año y se habla seriamente de incautar el aguinaldo y el salario escolar, la reducción voluntaria del presidente Alvarado de sus ingresos en un diez por ciento se dice ya que prepara el nuevo impuesto a los salarios, pero no vemos hasta ahora medidas integrales para que aquellos sectores con, más riqueza a los que les está yendo bien incluso en el marco de esta crisis, esas empresas que declaran cero ganancias, esos sectores que más bien han incrementado sus dividendos y sus rentas contribuyan proporcionalmente, y también los salarios verdaderamente altos como los de los diputados y diputadas.
Pero con una medida integral, mientras se siga este camino, no hay, tal y como ha propuesto el Frente Amplio un impuesto temporal a las grandes rentas, los grandes contribuyentes, a las grandes pensiones y a los grandes salarios. Eso sí sería repartir cargas.
LO QUE NO DIJO EL PRESIDENTE ALVARADO
Política económica frente a la crisis. Talvez lo más preocupante es lo que le faltó decir al presidente, en el inciso 4) del artículo 139 de nuestra Constitución se dice claramente que el presidente no solo debe referirse de forma general al Estado político de la república, también debe, y abro comillas, “proponer las medidas que juzgue la importancia para la buena marcha del Gobierno y el progreso y el bienestar de la nación”, ante la grave emergencia nacional coincido con otros compañeros que han señalado que la expectativa fundamental era que el presidente sin cálculos y con responsabilidad planteara, explicara un plan claro, preciso y concreto para abordar los efectos socioeconómicos de la crisis y lo que nos dijo es que un día de estos alguien de su equipo económico nos dirá cuáles serán esas medidas.
Efectivamente, no se cumplió esa oferta que se había hecho y eso es un paso en falso grave, una oportunidad perdida, como ya han dicho muchas y muchos de ustedes.
¿Y el financiamiento de la CCSS? Al Frente Amplio, de todas las omisiones, la que más nos preocupa es la de referirse en términos claros a cómo va el Estado costarricense a honrar su deuda y cumplir su obligación para garantizar el financiamiento inmediato y necesario que requiere la Caja Costarricense de Seguro de Salud, para enfrentar esta crisis, cómo se va a pagar esa deuda que puede rondar los siete punto cinco billones de colones.
Les recuerdo que las deudas del gobierno con la Caja son uno punto nueve billones de colones, pero hay un juicio de ejecución de sentencia pendiente, por una demanda que presentamos para que se cuantificara la deuda por el traslado del primer nivel de atención en salud a la Caja. Le pasaron todas las obligaciones a la Caja y se dejaron en el Gobierno central el presupuesto para financiar esas obligaciones. Más bien, es un milagro que no haya quebrado la Caja con ese golpe que le dieron.
¿Cómo se va a pagar esa deuda? No nos dijo. Elogios generales a la seguridad social, pero si la seguimos desmantelando no va a haber nada qué elogiar. Esto es urgente. Esperamos que se cumpla esa grave omisión.
Y vamos a luchar desde la comisión especial que se va a crear, en los empréstitos que se quieren conocer, en los presupuestos que se van a plantear, para que se honre esa deuda.
Y celebro, celebro, que prácticamente todas las fracciones legislativas se han apropiado de esa bandera y que la vamos a levantar juntos desde este Plenario legislativo, para que se cumpla esa obligación fundamental.
Otra vez se olvida al sector agropecuario en el discurso presidencial. Dice que es clave para la reactivación económica, pero no mencionó una sola medida para ayudarle, salvo la propuesta del cáñamo, sin concretar nada. Ojalá hubieran convocado el proyecto del cáñamo, a través del largo período de sesiones extraordinarias que acaba de terminar. Habríamos podido avanzar.
Ambiente. En ambiente se omiten referencias a objetivos claros sobre conservación ambiental y el mantenimiento de las áreas de protección. Se hace una referencia vaga el AyA, pero se deja el análisis integral del marco institucional ambiental, donde hay graves carencias.
Educación. En educación, al inicio de la Administración el presidente dijo que iba a ser un eje central, pero continúa incumpliendo con asegurar el ocho por ciento del PIB del presupuesto para educación. El presupuesto del año 2020 para educación fue el más bajo desde el año 2003, en términos relativos. Ninguna de las metas que anuncia el mandatario se cumplirá, si no se cumple con este mandato constitucional.
La UPAD. Me parece que evadió rendir cuentas con claridad sobre la UPAD. Nadie cuestiona el uso de datos para tomar decisiones públicas, el problema es la estructura paralela al INEC que montaron en Casa Presidencial sin transparencia.
VIVIENDA. No dijo nada el presidente sobre las políticas del sector vivienda y vivienda de interés social. Brilló por completo en su discurso.
AUSENCIA DE POLITICAS PROGESISTAS. Y brillaron por completo por su ausencia políticas progresistas más claras, más profundas, que nos marquen un derrotero en el marco de la crisis que estamos viviendo. Una oportunidad para replantear aspectos de nuestro modelo económico, para promover iniciativas que más bien nos permitan avanzar, a reducir la desigualdad y la pobreza, como la renta básica universal y otros derechos fundamentales en los que tenemos que avanzar.
No debería un discurso sobre el estado de la nación, en el contexto de la crisis mundial que estamos viviendo, donde se están poniendo en entredicho esas grandes certezas sobre el modelo económico, no debería un discurso presidencial, en un país como Costa Rica, que tiene tanto que aportarle al mundo, no debería dejar ir esa oportunidad de plantear ese derrotero que queremos para las próximas décadas, esas líneas de transformación que son tan importantes para no solo salir de la crisis, sino salir fortalecidos con más justicia social, con más equidad, para una sociedad donde realmente quepamos todos y todas de pie y con nuestra dignidad intacta.
- Diputado del Frente Amplio en el período legislativo 2010-2014 y 2018-2022. Ex candidato presidencial del Frente Amplio en el 2014 y abogado de profesión.
