Comunicado de la Comisión Política del Frente Amplio.
El Partido Frente Amplio condena y rechaza el uso de la represión contra los y las manifestantes que en este momento mantienen distintos cortes de ruta en las zonas rurales del país. El gobierno de Costa Rica, y en particular, su presidente Carlos Alvarado Quesada, tienen la responsabilidad política de garantizar y abrir mecanismos de diálogo, reales, transparentes y efectivos con todos los sectores. Apostar por la represión, únicamente contribuye a aumentar el malestar y el descontento ciudadano.
En este sentido, hacemos un enérgico llamado al presidente Carlos Alvarado, para que de manera inmediata convoque a un proceso de diálogo social transparente, para construir como país la mejor ruta que nos permita enfrentar la crisis, provocada por la implementación de más de tres décadas de un modelo que ha despojado a la mayoría de las personas que habitan este territorio de las condiciones necesarias para garantizar su sustento y una vida digna. Este proceso debe tener mecanismos reales que conduzcan acciones efectivas y concretas. Este pueblo no está más para frases vacías que no conducen a nada.
El hambre, el desempleo, el dolor y la desesperación que sufre una enorme cantidad de personas en el país, es real. El descontento social que se ha acumulado, es legítimo. Las medidas económicas que desde el inicio ha tomado este gobierno, dedicado a gobernar solo para, y con, los grandes empresarios, no han hecho más que agravarlas y profundizarlas. Este pequeño grupo de grandes empresarios, que gobierna el país desde hace décadas, no ha hecho más que acumular cada vez más dinero, a costa de evadir y eludir impuestos, y desentenderse de la crisis en que vive la mayoría de la población. Es momento de que estos grandes ricachones se soquen la faja, y contribuyan al país en la misma proporción en que se han enriquecido a costa de él.
Rechazamos y denunciamos las intenciones de aprovecharse del descontento social acumulado, por parte de quienes precisamente han sido los grandes responsables de generar la crisis política y económica, que es cada vez más profunda y evidente en el país: grandes empresarios y políticos oportunistas, que están moviendo una agenda tendiente a reducir y eliminar las políticas e instituciones de bienestar social, privatizar y vender importantes empresas públicas como la FANAL, retroceder en materia de derechos humanos, y abrir preocupantes portillos para aumentar la inestabilidad política e institucional. Estas agendas en nada benefician al pueblo de Costa Rica, tampoco los llamados a la ruptura del orden constitucional. En América Latina, sobran los ejemplos para saber que rupturas de este tipo, siempre son altamente negativas para los sectores populares.
Finalmente, hacemos un llamado al pueblo para seguir luchando por justicia social y económica, por una reforma fiscal que se guíe por el principio de “Que el rico pague como rico, y el pobre como pobre”, como lo hicimos en el 2018. ¡No más privilegios para los grandes ricachones, a costa del bienestar del pueblo!
