Intervención del Diputado José Merino del Río en el plenario de la Asamblea Legislativa, el lunes 19 de abril, durante la discusión del proyecto de “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”, que permite la privatización de servicios públicos municipales.
DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:
Gracias, señora Presidenta.
Tengo razones para oponerme a este proyecto, aunque agradezco la votación que recibió la moción que presenté sobre el artículo 24, porque por lo menos, por lo menos garantiza que estas empresas de economía mixta no perderán las municipalidades el control sobre el cincuenta y uno por ciento de las acciones como se abría la posibilidad en este proyecto.
Digo que este proyecto que como recordaba un proyecto iniciativa de un señor diputado, el diputado Ovidio Agüero del Movimiento Libertario, dictaminado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Municipales y que se corre el riesgo cuando estamos terminando nuestro trabajo parlamentario, siempre ocurre esto, es lógico que en el último mes cada diputado quiera añadir si es que tiene alguna… añadir alguna flor más a su ojal, algunos pueden ser que las tengan ya muy cubierta de proyectos que les han aprobado, pero en el último mes, a veces por una cortesía también mal entendida, se suele dar un trámite rápido a un montón de proyectos, algunos de manera razonable y otros de manera, por lo menos, inquietante y peligrosa, como es el caso de este proyecto de ley.
Yo decía, al principio, incluso la aprobación de esa moción no modifica la visión global que tengo sobre este proyecto, que, en uso del buen castellano, debía llamarse ley para privatizar servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles.
Señora Presidenta, yo voy a hacer un… no voy a usar los treinta minutos, después le voy a rogar que incluya esta exposición que traigo por escrito en el acta respectiva, del día de hoy, pues, yo valoro también positivamente el gesto de los señores, señoras diputadas, de avalar la moción que me parece de gran importancia sobre el artículo 24.
Pero decía que esta ley al final pretende obligar a las municipalidades interesadas en constituir una empresa pública, a entregar parte del negocio a la empresa privada aunque no lo necesite, que casi todo puede privatizarse, que las atribuciones de estas sociedades son sumamente amplias abarcando, decía, cualquier actividad económica y la ejecución de, prácticamente, todos los servicios públicos municipales.
Implica que cualquier servicio público municipal puede ser transferido a las sociedades mencionadas, incluyendo tanto nuevos servicios públicos que asuman en el futuro los gobiernos locales, como los servicios públicos que en la actualidad ya son prestados por las municipalidades, sin importar que se trate de servicios esenciales para la población. Hay aquí una falacia neoliberal, en que todo lo privado siempre tiene que funcionar mejor que lo público, que lo público no puede funcionar adecuadamente o mejor que lo privado y esta es la filosofía que subyace a este proyecto de ley.
Decía que de los servicios públicos municipales, únicamente quedan a salvo, por el momento, los servicios públicos de Acueductos y Alcantarillados gracias a una moción presentada también por este diputado que fue aprobada en la comisión, pues la versión dictaminada en comisión también incluía los acueductos municipales.
También decía anteriormente que hay una grave amenaza a los derechos laborales de los trabajadores, que se ponen en riesgo los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores municipales al permitir que los servicios, actividades que hoy prestan y realizan los gobiernos locales sean trasladados a sociedades anónimas regidas por el Código de Comercio, lo cual abre de par en par las puertas para la restructuración total del régimen de empleo municipal.
Si las actividades que hoy realizan las y los servidores municipales pasan a ser gestionadas por estas sociedades privadas, muy seguramente estas personas tendrán que escoger entre perder su empleo o ser trasladadas a dichas sociedades.
Me preocupa que el proyecto de ley no contemple norma alguna que dé participación a los trabajadores afectados o a sus representantes, y también me preocupa que no haya sido consultado a ninguna organización que represente los derechos de las y los trabajadores municipales.
Decía que por dicha fue corregido el artículo 24 que dejaba abierto el portillo para que las municipalidades, una vez constituida la empresa mixta, perdieran el control de las mismas sin mantener el cincuenta y uno por ciento del capital accionario. El proyecto, simplemente, al remitir a la legislación de sociedades mercantiles del Código de Comercio, no repara que allí existen una serie de mecanismos relacionados con el manejo de capital accionario que pueden afectar, ahora eso se mitiga o se impide de momento, afectar directamente el control real y efectivo de las sociedades por parte de los gobiernos locales.
Decía también que me preocupa, como diputado y como ciudadano, la situación de muchas municipalidades del país. Yo no digo que la corrupción sea inherente a las municipalidades, pero lo cierto es que una avalancha de denuncias sobre actos deshonestos en los gobiernos locales no ayudan a generar confianza ciudadana en esos entes de tanta importancia para nuestra vida democrática. Yo me lamento, yo quisiera que eso no fuera así, pero es una realidad que, incluso, esos problemas se agravan en aquellas zonas del país como las zonas costeras donde las municipalidades gestionan el otorgamiento de concesiones y muchos funcionarios municipales naufragan ante el dinero, muchos alcaldes están hoy ante los tribunales de justicia, precisamente, acusados de actos ilícitos.
Pero fíjense que este proyecto contiene débiles controles para evitar en un tema tan importante como la creación de empresas de capital mixto para evitar los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos. Se incrementan las posibilidades de confundir la esfera de lo público y de lo privado, y se abren infinitas posibilidades para que jerarcas municipales inescrupulosos y sus nuevos socios privados se enriquezcan a costa de los recursos públicos.
El proyecto puede afectar directamente y de muchas y diversas maneras los derechos de los ciudadanos y de las comunidades que integran las municipalidades, el traspaso de servicios públicos municipales a sociedades anónimas integradas con capital privado implica que los nuevos socios tendrán derecho a lucrar con la explotación de dichos servicios, de lo contrario no habría negocio.
Los servicios municipales que debían fortalecerse su carácter público al servicio de las comunidades, con el debido control y fiscalización sobre la gestión de los mismos, más bien con este proyecto, que no es un proyecto que contemple medidas para garantizar ese control y esa fiscalización, podrían verse afectados, esos servicios, en detrimento de los intereses de las comunidades.
Al analizar los impactos de este negativo proyecto de ley, es inevitable recordar la lucha que hace unos años dimos con el Magisterio Nacional contra otro proyecto de ley, aprobado en primer debate, que pretendía autorizar la transferencia a las municipalidades de prácticamente cualquier servicio público prestado por el Gobierno Central y las instituciones autónomas, incluyendo lo que se calificó como la municipalización de la educación.
En este momento, denuncio que ese no era más que un primer paso de una nueva estrategia para privatizar los servicios públicos que todavía se administran en función del bien común y no del lucro de unos pocos.
Hoy quedan claras las… Hoy quedan claras las dos caras de una misma moneda, primero se trasladan a las municipalidades servicios públicos que son prestados por el Estado y las instituciones autónomas, y luego los privatizan a través de las sociedades anónimas municipales.
Por esta y otras razones, el Partido Frente Amplio manifiesta su oposición a este expediente. No sé si estaremos a tiempo de hacer un llamado a las señoras diputadas y diputados para que no avalen este proyecto, y, lamentablemente, no ha habido la publicidad, la participación necesaria para que los movimientos sociales se pronuncien, y, seguramente, conociendo este proyecto, se hubieran movilizado contra lo que a mí me parece una agresión al patrimonio nacional.
Señora Presidenta, le ruego… Entonces, aquí termino y le ruego incluir el documento completo, autorizar que se incluya en el acta respectiva de esta sesión.
Gracias, señora Presidenta.
(Con autorización de la diputada Xinia Nicolás Alvarado, primera secretaria del Directorio legislativo, se incluye el documento aportado por el diputado José Merino del Río, que se detalla a continuación.)
Alerta al pueblo costarricense:
NUEVO PROYECTO DE LEY PARA PRIVATIZAR SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
En los primeros lugares del orden del día del Plenario Legislativo se encuentra un proyecto de ley denominado “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”, que se tramita bajo el expediente N° 16.385.
Este proyecto, iniciado por el Movimiento Libertario, fue dictaminado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Municipales y recibe un trámite acelerado en el Plenario, al punto de que ya se venció el plazo para presentar mociones de fondo.
Su nombre correcto debería ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”. Pues, se trata de un nuevo intento por trasladar al capital privado los bienes y servicios públicos, en este caso los que se encuentran bajo administración de los gobiernos locales.
El proyecto pretende autorizar a los concejos municipales a crear “sociedades de economía mixta”, es decir sociedades mercantiles controladas mediante acciones que estarían integradas por recursos públicos municipales y capital privado y se regirían por “las normas que rigen las sociedades anónimas” (Código de Comercio).
Negocio privado obligado. Aunque en teoría una empresa pública puede crearse únicamente con la participación de diversos entes públicos, el proyecto de ley establece que para crear estas sociedades se requerirá la participación de “al menos un sujeto de derecho privado” (artículo 23) Es decir, por ley se pretende obligar a las municipalidades interesadas en constituir una empresa pública a que entreguen parte del negocio a empresas privadas. Aunque no las necesiten.
Casi todo puede privatizarse. Las atribuciones de estas sociedades son sumamente amplias, abarcando prácticamente cualquier actividad económica (artículo 5) Incluyen desde “desarrollar nuevas actividades productivas” (inciso b) hasta lo que es más grave: la “ejecución“ de “los servicios públicos locales” (artículo 2), incluyendo expresamente: “modernizar. Recionalizar y ampliar los servicios públicos y actividades productivas existentes” (artículo 5, inciso a).
Esto implica que prácticamente cualquier actividad o servicio público municipal puede ser transferido a las sociedades mencionadas, incluyendo tanto nuevos servicios públicos que asuman en el futuro los gobiernos locales, como los servicios públicos que en la actualidad ya son prestados por las municipalidades. No importa que se trate de servicios esenciales para la población. Casi todos podrán ser privatizados. La excusa es la misma falacia de siempre: que entregar lo público a la empresa privada “moderniza, agiliza y obtiene mejores resultados”.
Una vez creadas las sociedades anónimas, el proyecto establece que las municipalidades podrán “invertir” sus recursos en ellas y hacer “aportes en especie” (artículo 24 NUEVO) Y realizarles “transferencias y donaciones” (artículo 27) que pasarán a formar parte de su patrimonio. Es decir, podrán trasladarles también los bienes y recursos públicos necesarios para la prestación de los servicios municipales que antes eran prestados por los gobiernos locales.
De los servicios públicos municipales esenciales para la población únicamente quedarían a salvo -por el momento- los “servicios públicos de acueductos y alcantarillado” (artículo 5 párrafo final) a partir de la aprobación de una moción de fondo presentada por el diputado José Merino del Frente Amplio (N° 1-1, 1-137) pues la versión dictaminada en comisión también incluía los acueductos municipales.
Gravísima amenaza a los derechos laborales. El proyecto pone en serio riesgo los derechos y la estabilidad laboral de las y los trabajadores municipales. Al permitir que los servicios y actividades que hoy prestan y realizan los gobiernos locales sean trasladados a sociedades anónimas regidas por el Código de Comercio abre de par en par las puertas para la total reestructuración del régimen de empleo municipal. Si las actividades que hoy realizan las y los servidores municipales pasan a ser gestionadas por estas sociedades privadas, muy seguramente estas personas tendrán que escoger entre perder su empleo o ser trasladados a dichas sociedades.
La consecuencia directa de este tipo de traslados ya es conocida: la pérdida sistemática de derechos y garantías laborales, pues regirá el régimen de empleo de la empresa privada, donde no existe ni estabilidad laboral ni respeto alguno a la libertad sindical.
A pesar de lo anterior, el proyecto de ley no contempla norma alguna que dé participación a los trabajadores afectados o sus representantes y tampoco ha sido consultado a ninguna organización que represente los derechos de las y los trabajadores municipales.
La venta de acciones y otros conocidos “portillos” para la privatización total. Como aparente consuelo para los incautos, el proyecto establece que el 51% debe pertenecer a las municipalidades que conforma la “empresa municipal de economía mixta” (artículo 24) Según los defensores del proyecto esto sería una garantía de que los gobiernos locales al menos no perderán el control total de la sociedad.
Sin embargo, el mismo proyecto contiene normas que abren inmensos “portillos” para que esta supuesta garantía sea fácilmente burlada. El artículo 10 inciso d) faculta a las sociedades municipales a “suscribir, comprar vender acciones obligaciones u otros títulos de empresas propias o ajenas”. Para la venta de estas acciones no hay limitación alguna, ni en cuanto al monto del capital, ni en cuanto a su impacto sobre el control de la empresa, ni en cuanto a los servicios municipales que resultarían afectados. Por esta vía, los servicios municipales traspasados a las sociedades mixtas pueden privatizarse por completo.
Además el proyecto simplemente remite a la legislación de sociedades mercantiles del Código de Comercio, sin reparar que allí existen una serie de mecanismos relacionados con el manejo del capital accionario que pueden afectar directamente el control real y efectivo de la sociedad por parte de los gobiernos locales.
No cabe duda de que esa es la intención final de los promotores de este nefasto proyecto. Así quedó evidenciado con el rechazo en comisión de varias mociones del Frente Amplio que pretendían evitar los graves riesgos apuntados. Entre ellas, se votó en contra una que decía: “En todo momento, las municipalidades deberán mantener el control de las empresas municipales de economía mixta. En este sentido, las acciones de las municipalidades en las SPEM que garanticen el control municipal de estas empresas serán intransferibles a sujetos de derecho privado. Tampoco serán aplicables a estas empresas esquemas de acciones preferenciales u otros mecanismos societarios que puedan afectar el control de las municipalidades sobre sus asambleas generales de accionistas.”
En el penúltimo día de mociones se eliminó el artículo 7 que se titulaba “creación y venta de empresas”. Esta norma agravaba el problema descrito pues facultaba a las sociedades a “vender las sociedades que creen”. Es decir, una vez creadas las sociedades anónimas municipales, estas podrían constituir otras empresas subsidiarias y traspasarles capital, bienes y otros “aportes en especie”. Ya constituidas y capitalizadas, podrían venderlas íntegras a sujetos privados. Si bien se eliminó el artículo 7, el “portillo” sigue abierto: el artículo 9, inciso b) establece que es función de las sociedades municipales “crear y vender nuevas empresas”. También el Código de Comercio permite la creación de sociedades subsidiarias. Para estas subsidiarias o empresas controladas el proyecto ni siquiera exige que las municipalidades mantengan el control de una parte del capital. Si estas normas se relacionan con el numeral 10.d) que autoriza a las empresas municipales a vender sin límite las acciones de “empresas propias” queda claro que la vía para la privatización total sigue abierta de par en par.
Nueva fuente de corrupción. Hoy en día, son innumerables las denuncias sobre malos manejos de los recursos municipales y actos de corrupción en los gobiernos locales. Es seguro que con este proyecto esos problemas se multiplicarán y agravarán, pues uno de los objetivos explícitos de trasladar la gestión de los servicios municipales a sociedades anónimas es precisamente evadir los controles propios de la Administración Pública.
De más está citar la interminable lista de casos donde este modelo ha fracasado. Sin embargo, el proyecto abre nuevas opciones para la corrupción. Contiene débiles controles para evitar los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos. Más bien se incrementan las posibilidades de confundir la esfera de lo público y lo privado y se abren infinitas posibilidades para que jerarcas municipales inescrupulosos y sus nuevos socios privados se enriquezcan a costa de los recursos públicos.
En perjuicio de las comunidades. El proyecto afecta directamente y de muchas y diversas maneras los derechos de las y los ciudadanos y comunidades que integran las municipalidades. El traspaso de servicios públicos municipales a sociedades anónimas integradas con capital privado implica que los nuevos socios privados tendrán derecho a lucrar con la explotación de dichos servicios. De lo contrario no sería negocio. Si sus ganancias no salen de los bolsillos de los usuarios de los servicios no nos explicamos de donde saldrán. La privatización de los bienes y servicios municipales mediante su traslado a sociedades anónimas implica una pérdida de la capacidad de las comunidades de ejercer control y fiscalización sobre la gestión de dichos servicios. Ni hablar de su olvidado derecho a tomar decisiones sobre esa gestión.
A pesar de lo anterior, el proyecto no contiene norma alguna para garantizar la participación de las comunidades locales en estos procesos. La gente no tiene “vela en el entierro” de los servicios y bienes municipales. Las y los ciudadanos afectados no tienen participación alguna en los órganos sociales de las sociedades privatizadas. Brillan por su ausencia los mecanismos de trasparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, tan ajenos a la lógica hermética y secretista que rige el funcionamiento de las sociedades anónimas.
La otra cara de la famosa “transferencia de competencias” a las municipalidades. A analizar los impactos de este nefasto proyecto de ley inevitable recordar la lucha que hace unos años dimos con el Magisterio Nacional contra otro proyecto de ley aprobado en primer debate sin mayor discusión que pretendía autorizar la transferencia a las municipalidades de prácticamente cualquier servicio público prestado por el Gobierno Central y las instituciones autónomas, incluyendo lo que se calificó como la “municipalización de la educación”. En ese momento denunciamos que ese no era más que un primer paso de una nueva estrategia para privatizar los servicios públicos que todavía se administran en función del bien común y no del lucro de unos pocos. Pero los promotores de esta iniciativa negaron cualquier vínculo entre transferencia de competencias e intentos de privatización.
Hoy quedan claras las dos caras de una misma moneda. Primero trasladan a las municipalidades servicios públicos que hoy son prestados por el Estado y las instituciones autónomas y luego los privatizan a través de sociedades anónimas municipales.
Por las razones expuestas, la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio su rotunda oposición al expediente Nº 16.385 y hace un vehemente llamado a las personas y organizaciones sociales que integran el movimiento patriótico a pronunciarse y movilizarse contra este nuevo ataque al patriotismo nacional.
