Frente Amplio pide al Presidente Luis Guillermo Solís respetar la autonomía de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular
En una carta enviada el pasado 3 junio, el Jefe de la Fracción del Frente Amplio, Diputado Gerardo Vargas Varela, instó al Presidente Luis Guillermo Solís a no intervenir en el proceso que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para elegir a su representante en la Junta Directiva de dicha entidad.
El Diputado Vargas Varela a nombre del Frente Amplio le recuerdó al Presidente los compromisos expresados en campaña a favor de aumentar las medidas para dar mayor autonomía al Banco y a limitar la injerencia del poder Ejecutivo en las decisiones del Banco y respetar la autonomía de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Crece conflictividad social por el acceso y tenencia de tierras en Palmar Sur y Venecia de Osa
Esta tarde el Diputado Carlos Hérnandez, en conjunto con vecinos de la zona, expuso a la prensa el problema que viven cientos de familias que ocupan, desde hace más de diez años, las fincas 9, 10 y Térraba, en Palmar Sur, y la finca Puntarenas en Venecia, de Osa. A ellas se suman las 40 familias desalojadas el pasado 9 de junio de la Finca Chánguina, que había sido recuperada más recientemente.
Las familias que viven en esos terrenos tienen una larga historia de proyectos fracasados por malas políticas, embargos bancarios y abandono estatal, muchas de ellas sin embargo, están asociadas en cooperativas y hoy exigen su derecho a la tierra y al trabajo digno.
En total suman más de 1000 hectáreas y las ocupan y viven de ellas más de 400 familias campesinas, integradas por mujeres jefas de hogar, adultos, adultos mayores y jóvenes que no tiene ningún otro medio de vida.
La posible construcción del Aeropuerto Internacional del Sur se suma también a las amenazas que viven estas familias, pues el proyecto contempla las fincas siete, ocho, nueve, diez y la seis-once.
Según comentó el diputado Hernández, “La construcción de este aeropuerto no es un asunto que la región requiera para promover el turismo y un desarrollo sostenible ya que existen más de treinta pistas que con algunas labores de acondicionamiento podrían cumplir satisfactoriamente con estos objetivos”. El legislador también señaló el grave impacto ambiental que el proyecto podría tener en el cercano humedal Térraba Sierpe.
Diputados llaman la atención sobre la falta de interés para aprobar el derecho humano al agua.
Hoy en el Plenario nuestros diputados Edgardo Araya, José Ramírez y Ronal Vargas, denunciaron el desinterés demostrado por las otras fracciones para avanzar en el trámite del proyecto de reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano y un bien de dominio público.
Ronal Vargas llamó la atención sobre el problema de las aguas contaminadas con arsénico que se ven obligadas a consumir los habitantes de Bagaces y Cañas, lo cual es una flagrante violación a los derechos humanos. El legislador instó a las autoridades del AyA a que asuman con responsabilidad su tarea de velar por el bienestar de estas comunidades.
Edgardo Araya por su parte fustigó a los diputados y diputadas que no estaban en el Plenario, recordándoles que la última hora de la sesión de los miércoles está destinada a discutir la llamada “agenda legislativa del agua”, discusión que no avanza debido a que en esa hora se acostumbra solicitar recesos o se rompe el quórum. “Digámosle claramente a la ciudadanía que carajos hacemos aquí”, dijo indignado, “Digámosle al país: no nos interesa la reforma constitucional sobre el agua” y dejemos de estar usando estas sesiones como comodín para recesos y reuniones de cualquier otro tema”, añadió. Araya pidió al presidente del Directorio que más bien ampliara el tiempo de la discusión en aras de que se puedan dar debates de fondo.
En esa misma línea, el Diputado José Ramírez señaló al Movimiento Libertario, que ha tenido una posición contraria a las reformas, pero poco clara en sus argumentos y compartió datos de un informe de la Contraloría que da fe del desconocimiento y descoordinación que existe en las instituciones que velan por el agua. Ramírez recordó que las comunidades de los 81 cantones del país van a defender su derecho al agua, y llamó a los y las diputadas a estar de su lado.
Proyecto busca distribuir 20% de ingresos del Volcán Poás entre cuatro municipios
Un proyecto de ley busca que un 20 por ciento de los ingresos que recibe el Parque Nacional Volcán Poás por el turismo se distribuyan entre los municipios de Alajuela, Poás, Grecia y Valverde Vega, que se destinaría para la protección ambiental.
La iniciativa fue presentada por el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya. El legislador argumenta que actualmente este parque es uno de los que más reciben ingresos y el agua que se recarga en esta zona no puede ser protegida más allá de los límites del Volcán, por lo que arriesga la protección del recurso. Con este proyecto se quiere brindar un respaldo económico a los municipios citados para que inviertan la protección de los ecosistemas.
Comisión de Derechos Humanos podría ser observadora en PARLACEN
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Diputado Ronal Vargas Araya, recibió este miércoles a una delegación oficial del Parlamento Centroamericano. El objetivo de la visita fue discutir la posibilidad de que la Comisión pueda ser observadora del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones.
Costa Rica no es parte del PARLACEN, no obstante podría participar como observadora en instancias como esta. “Espero poder propiciar un mayor acercamiento entre nuestros países y que demostremos solidaridad con las causas justas en los mismos”, comentó Vargas Araya.
Frente Amplio se pronuncia en apoyo pensión de educadores
La Diputada Ligia Fallas hizo eco del grupo de educadores y educadoras que esta tarde se manifestaron en las afueras del edificio parlamentario exigiendo la aprobación de un proyecto de Ley que les permita retornar al régimen de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
La Junta estima que se trata de unos 4.000 funcionarios, que se incorporaron al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS en 1995, con la reforma realizada al sistema de pensiones. Dos años después se abrió un plazo para que pudieran retornar a JUPEMA, pero no fue suficiente. Los manifestantes piden un nuevo periodo de un año y medio que les permita tomar la mejor decisión sobre su futuro.
