Hacer justicia no solo es condenar a los culpables materiales e intelectuales de los delitos de corrupción, sino cambiar la legislación neoliberal que promueve la pérdida de recursos públicos y elimina los controles que lo impiden.
Los actuales casos de corrupción del llamado caso Cochinilla, que estremecen el país por el altísimo monto de lo robado en tiempos de crisis económica, no son casos aislados. Estos casos, que se suman a muchos otros de las últimas décadas, son el efecto de una forma de gobernar que ha favorecido que los fondos públicos sean entregados a grandes empresas, por el creciente abandono de las funciones del Estado y el constante desmantelamiento de instituciones públicas.
Estas políticas que han promovido los gobiernos del PLN, PUSC y PAC, han limitado las funciones de las entidades públicas para favorecer la contratación de privados para cumplir con tareas que antes ejecutaban sin problemas.
A esto se suma la intencional baja de controles y fiscalización, por vía del debilitamiento presupuestario, o el abierto encubrimiento de una red cada vez más extensa de tráfico de favores y corrupción, que involucra desde los niveles más básicos de la gestión pública hasta los más altos cargos de poder.
También es fundamental recordar que los grandes empresarios de este país han sido sistemáticamente favorecidos por políticas fiscales que permiten que no paguen los impuestos que deberían, con políticas económicas que facilitan la vulneración de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, y aún no bastándoles eso, han querido ir más allá de las leyes que les favorecen, robando y sobornando a placer.
No se puede desvincular de este ambiente de descomposición, a las descubiertas redes de narcotráfico y lavado de dinero con el poder político, que involucra desde Alcaldes hasta Diputados, y que también ha utilizado la obra pública como mampara para sus intereses.
Al final, el pueblo paga triple: 1) paga los impuestos que se le recargan a pesar de la crisis, 2) paga los negocios de los grandes empresarios que se aprovechan de las políticas del Gobierno y las redes de compadrazgo corrupto, y 3) pagan con el deterioro de la cantidad de servicios y obras públicas a las que tiene derecho.
Llamamos a la militancia frenteamplista, y al pueblo honesto en general, a manifestarse por todos los medios que sea posible, para exigir:
- ponerle fin a estas redes corruptas que favorecen el desangramiento de las finanzas públicas,
- ponerle freno a la impunidad,
- ponerle fin a las políticas neoliberales que facilitan que todos estos delitos sucedan,
- que los responsables políticos y empresariales sean juzgados con todo el peso de la ley.
