Escrito por José María Villalta Flórez-Estrada *
Miércoles 24 de Agosto de 2011
LA PRENSA LIBRE publica el viernes 19 de agosto su editorial bajo el título: “El caso de Villalta debe forzar un cambio en el Congreso”. Ejerciendo mi derecho de respuesta, defenderé el deber del parlamentario de ejercer el control político.
Lo que el editorialista llama “el rol” de la Asamblea Legislativa tiene sus fundamentos en la Constitución Política. En esencia el papel del representante popular no es solo legislar, sino también, a la par, ejercer el control político.
Todos los días desayunamos conociendo en la prensa nuevos escándalos de corrupción política. La lista de funcionarios y políticos tradicionales condenados o procesados crece sin cesar. De manera que no hay que explicar mucho por qué cada vez adquiere mayor importancia el control político democrático en el parlamento.
La Sala Constitucional en varias sentencias ha delimitado claramente los campos de acción de cada poder de la República. La denuncia del legislador procura establecer las responsabilidades políticas ante determinados hechos de corrupción. Las responsabilidades administrativas las establece la Contraloría General de la República y las responsabilidades penales los Tribunales de Justicia.
Los juicios políticos que se emiten desde la Asamblea Legislativa procuran sanciones morales que alertan a la opinión pública, pero las personas señaladas como responsables de casos de corrupción política, no necesariamente coinciden con las que tienen responsabilidades administrativas o penales.
Para el ejercicio de esa labor de control político, la Constitución le da garantías al parlamentario para que pueda alertar y denunciar ante cualquier sospecha. En esas condiciones por supuesto que la posibilidad del error existe, pero está subordinado al interés general del combate abierto y frontal a la corrupción política, que cada vez es más señalada como de carácter sistémico.
En el caso que nos alude la documentación recibida por parte de Judesur nos indujo a un lamentable error por el que hemos ofrecido disculpas, ya que se solicitaron los documentos que se habían emitido con recursos de esa entidad a cargo de una cuenta para “atender a miembros de los Supremos Poderes”, entre los cuales venía una factura a nombre de una persona homónima de un expresidente de la República, que además es empleado y no integrante de los Supremos Poderes.
Este error admitido, lejos de invalidar lo actuado nos reafirma el deber de continuar ejerciendo el deber constitucional del control político, pues no hubiera ocurrido de no haberse echado mano a dineros de Judesur indebidamente. Por eso hemos trasladado nuestra denuncia a la Fiscalía. Contrariamente a las voces que han intentado aprovecharlo para callarnos, pueden estar seguras de que no ocurrirá.
Seguiremos alertando a la sociedad sobre las corruptelas, los fraudes, las trampas, que deslegitiman la democracia y producen la huida de la política. Y continuaremos proponiendo los proyectos y las políticas que erradiquen la desigualdad y devuelvan la solidaridad a nuestro país.
* Diputado del Frente Amplio, publicado en La Prensa Libre
