El aumento del desempleo y la contracción económica a raíz de las medidas sanitarias tomadas para afrontar la crisis del coronavirus tienen implicaciones inesperadas sobre el principal instrumento de atención de la pobreza de nuestro país. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) que a su vez financia distintos programas de ayuda directa del Instituto Mixto de Ayuda Social, del Patronato Nacional de la Infancia, a todo el Instituto Nacional de las Mujeres y al programa de los comedores escolares del Ministerio de Educación, obtiene su totalidad de recursos del cinco por ciento de las planillas salariales y otra porción de lo recogido por el impuesto de valor agregado.
La lógica del financiamiento genera un ciclo perverso. Al reducirse la fuente de ingresos de FODESAF (por la baja en consumo y la subida del desempleo), las instituciones que dependen de este fondo y que deben acudir a la ayuda de las personas desempleadas y afectadas por la actual crisis se ven impedidas y limitadas, justamente por las mismas razones que están llevando a esas familias a requerir ayuda tan necesaria del Estado. Proyecciones preliminares estiman que a partir de junio el fondo podría mermar entre un 20% y un 60% en relación con el año anterior.
Lo anterior plantea la necesidad de asegurar, mediante reformas legales, una fuente de financiamiento más seguro y constante para el fondo, como podría ser trasladar el impuesto a las planillas hacia un impuesto sobre las rentas en general, pero a corto plazo esta situación recalca la urgencia de priorizar la puesta en marcha de políticas sociales de atención directa y más allá de las instituciones mencionadas, para poder dar a basto con la atención de los afectadas económicamente por la crisis. Esbozo dos áreas puntuales.
Vivienda. Mientras las autoridades nos instan a quedarnos en nuestras casas y evitar el contacto físico para frenar la propagación de covid-19, las consecuencias económicas producen desahucios entre quienes dependen del día a día de la economía informal. Muchas de estas personas viven en cuarterías de pago diario que no están pudiendo costear, situación que los suma a los más de cinco mil costarricenses sin hogar que ya habitan en las calles y quienes en conjunto se ven imposibilitados de cumplir las órdenes sanitarias, exponiéndose a ellos y sus comunidad a dolencias relacionadas con el coronavirus y otros males comunes de las calles, lo que a su vez genera una demanda de servicios médicos, que hoy deben centrarse en la atención de la pandemia.
La mayoría de países azotados por la crisis están enfrentado el mismo problema de diversas maneras, desde unas absurdas e injustas, como la imposición de multas en Italia, a otras de carácter más social y solidario, como moratorias temporales a los desalojos de vivienda de alquiler y el uso de hoteles, hoy vacíos por la crisis, para albergar temporalmente a las personas sin hogar. Estas medidas, que la autoridades nacionales todavía se reúsan a tomar, reducirían el riesgo de transmisión del virus y permitirían centralizar la atención sanitaria y social de estas personas, reduciendo los costos y peligro de atenderles en las calles.
Ayudas directas. En unas pocas semanas, la conmoción económica se tradujo en llamados de auxilio en todo el país. Miles reclaman recursos para alimentos, medicinas, alquileres, servicios básicos como luz y agua y otros insumos para sobrellevar la crisis. Las instituciones han respondido en la medida de sus posibilidades, por ejemplo llevando los comedores escolares a domicilio pese al cierre de escuelas, pero sin suficientes recursos, los comedores escolares no podrán seguir funcionando. La merma del FODESAF nos obliga a replantear y refinanciar los instrumentos sociales para que tengan el mayor impacto posible sobre la mayor cantidad de personas con necesidades materiales.
El Estado no puede conocer las necesidades y particularidades de todas las personas y familias afectadas, menos aún en un escenario tan cambiante como el actual. El dinero en efectivo, en lugar de ayudas en especie, podría dirigirse cada familia sin una fuente estable de ingresos para solventar este problema y eliminar los rubros de transporte y almacenamiento, que significaría más fondos donde más se necesitan.
Además de las ventajas operativas, las aportaciones en efectivo empoderarían a los beneficiarios para que puedan tomar decisiones por sí mismos y de forma digna de cara a la crisis, permitiría atender a las familias sin violentar sus particulares culturales y avivaría las economías locales: en lugar de centralizar las compras en unas pocas cadenas comerciales, muchas de ellas trasnacionales a las que la crisis no ha golpeado, como ocurriría con las ayudas en especie, el efectivo se gasta localmente y según la decisión de cada familia, inyectando liquidez y generando encadenamientos locales en estas comunidades.
El Bono Proteger impulsado por el Poder Ejecutivo plantea un primer espacio de trabajo para llegar a las familias de esta manera, pero aún no es una solución tangible. Al no poseer una fuente de financiamiento permanente ni una arquitectura legal que le de soporte interinstitucional, trascurridos dos meses del inicio del confinamiento, aún ha sido imposible trasladar recursos a las primeras familias beneficiarias, adicionado al monto máximo arbitrario de hasta ₡125.000 por familia que no corresponde al costo de vía real de una familia que hoy no tiene fuentes de ingreso.
Asimismo, la exclusión de personas con condición migratoria irregular, como familias costarricense ngäbes que viven en la frontera con Panamá, uno de los países más golpeados por la pandemia en la región, nos recuerda que “Nos salvamos juntos o nos hundimos separados”, como afirmó Nicanor Parra. Las propuestas descritas requieren esfuerzos colectivos y de coordinación interinstitucional para ser efectivas, debemos empezar por estudiarlas.
- Egresado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y asesor estratégico en el Instituto Nacional de las Mujeres.
