Partido Frente Amplio – 17 de febrero de 2020
Comisión de Economistas
1.- El aparato institucional, reactivación y empleo.
El gobierno debe entender que el aparato institucional de Costa Rica no es una ocurrencia; es el resultado de un largo proceso político de creación de un sistema social y económico que ha dado resultados altamente positivos en el continente americano y particularmente subcontinente latinoamericano.
El gobierno debe entender que el aparato institucional es un activo para la sociedad costarricense. Está compuesto por un conjunto de instituciones que regulan la distribución del producto social haciéndola menos orientada hacia los fondos de capital de las grandes empresas nacionales y extranjeras como se presenta en otros países donde no existe esa estructura institucional como en los países de nuestra región centroamericana.
Debe quedarle claro al gobierno que el crecimiento justo y equilibrado de una economía no se logra con el favorecimiento de esos fondos de capital. Ya ha sido demostrado hasta la sociedad por renombrados teóricos y teóricas de la economía, que la concentración del ingreso nacional en pocas manos contraría directamente el crecimiento de la economía de los países, produciendo elevadas tasas de subempleo y desempleo. En este sentido debe saber el gobierno que cuando una sociedad ofrece una distribución justa y correcta del ingreso nacional, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas, entre los grupos menos favorecidos de ese reparto y, en general, entre la gran población, la economía presenta en corto tiempo signos de reactivación y crecimiento.
Asimismo, el gobierno debe saber que está comprobado, también por los más reconocidos economistas, que la distribución del ingreso nacional en la forma tan concentrada como se presenta en Costa Rica, reduce la oferta agregada del sistema, porque entre más dinero reciben las personas de mayores ingreso, menos en proporción gastan, y particularmente menos entre los bienes que conforman la canasta de bienes y servicios que constituye el gasto corriente de la mayor parte de la población del país. Esta situación resulta en menos dinamismo de la demanda general del sistema que tiende a reducir el crecimiento de la oferta, de la producción nacional y, a final de cuentas, del empleo.
Así, lo que urge en este momento, no es eliminar o reducir el aparato institucional. Nosotros creemos que debe ser modernizado y adecuado a las nuevas necesidades de la sociedad; pero no es reduciéndolo en este momento que vamos a ganarle la partida al desempleo y a la pobreza. Se necesitan medidas más enfocadas al estímulo de la pequeña y mediana empresa, al fortalecimiento del pequeño, mediano productor y productoras agropecuarias, al estímulo de los pequeños emprendimientos, al rescate de las personas y empresas ahogadas en créditos que no responden a las verdaderas condiciones de ese empresariado, de esos consumidores. Y se necesita un aparato institucional sintonizado con esa estrategia; puesto al servicio de ese proyecto de desarrollo social y económico.
2.- Política monetaria y sistema financiero nacional.
El Banco Central debe ser más consecuente con las necesidades de recursos frescos para el sistema financiero nacional. Debe de proyectar una política monetaria en favor del patrimonio de los ciudadanos, en favor de las necesidades de crédito de las empresas de producción y comercio y reorientar su política que hasta ahora ha favorecido los intereses principalmente de la Asociación Bancaria de Costa Rica.
Debe corregirse desatención incurrida por la Junta directiva del Banco Central del objetivo que dispone su Ley Orgánica de “Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación, procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio”. Los esfuerzos por alcanzar este por medio de medidas de política monetaria son urgentes.
El sistema de bancos estatales debe reconvertirse en un sistema de crédito para el desarrollo de nuestras empresas. Las grandes empresas transnacionales tienen suficientes recursos para financiar sus inversiones en el país, mientras las empresas nacionales tienen que pagar altos precios por sus préstamos. Si el gobierno quiere realmente reactivar la economía y reducir el desempleo debe actuar inmediatamente con medidas para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas nacionales y hacer que realmente camine el Sistema de Banca para el Desarrollo, dotando de mayores recursos al Sistema y facilitando los trámites para el acceso a sus créditos, para los pequeños emprendedores y las pequeñas emprendedoras.
Además, es urgente eliminar, con la adecuada regulación, los procedimientos bancarios y financieros que permiten a los bancos la obtención de ganancias extraordinarias y hasta escandalosas. Esa carencia de reglas y controles sobre el mercado financiero permite la existencia de tasas de interés de usura, cobros de comisiones sobre el crédito absolutamente desproporcionadas y aprovechamiento del sistema de pagos con datafonos para cargar al sector comercio con comisiones pactadas de forma anti-competitiva.
Una reorientación en esta dirección de la política monetaria y crediticia resultaría en un impulso importante a la economía nacional y a reducir el empleo crónico que caracteriza a nuestra economía.
3.- Política de empleo.
En vez de orientar el recurso humano, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, hacia las necesidades de las empresas, ¿por qué no buscar el apoyo de empresas que requieran los recursos humanos desempleados que hoy hacen a nuestro país uno con las tasas más altas de desempleo en América Latina? Nuestra fuerza de trabajo desempleada merece respeto y puestos de calidad. Si la oferta laboral no requiere las habilidades y destrezas que ellos y que ellas tienen, no es su culpa, es culpa del modelo de desarrollo que ha impuesto la globalización conducida por un proyecto neoliberal. Y la sociedad tiene la responsabilidad de darles el sustento diario que el desempleo les está prohibiendo.
El desempleo es un reflejo del estado de la economía y éste es el resultado del clima de inversión y negocios en el país. La mejor forma de combatirlo es generando crecimiento y dinamismo en la economía. La reactivación del sector privado debe hacerse de manera que su crecimiento actúe sobre esa población desempleada, que la busque y le dé trabajo. Nada hacemos con traer o financiar con recursos nacionales empresas que requieren doctores en Química o en Física; lo que nuestra reactivación económica requiere es actuar sobre lo que tenemos: darle empleo a los miles de trabajadores y trabajadores que han sido desplazados por un sector hiper inflado en servicios administrativos y suntuarios.
El gobierno puede hacer, con el apoyo del empresariado consciente nacional, que esa enorme cantidad de recursos financieros que se encuentra en el sistema económico global en busca de oportunidades de inversión, se radique en nuestro país para darle empleo a esa población desempleada, y no gastar recursos en promociones internacionales engañosas en busca de proyectos de alta tecnología.
Hay en la corriente legislativa bajo el expediente No. 19-312 un proyecto de ley con el que se pretende reconocer un salario mínimo vital a toda persona en edad de trabajar que no encuentre trabajo. El gobierno podría utilizar este proyecto para crear una base de empleo que pueda usar para sus inversiones en infraestructura, en producción agropecuaria, en acopio y transporte de cosechas, en transporte de personas, en nuevas formas de reciclaje y en otras obras que dinamicen la actividad económica y el empleo.
Así, es urgente, corregir las restricciones presupuestarias impuestas por la Regla Fiscal, que además de inconstitucionales limiten los ya raquíticos niveles de inversión pública. Esta reducción a la inversión pública afecta el dinamismo de la economía en el presente, y embarga el futuro bienestar de las generaciones más jóvenes.
Finalmente, es tiempo de que el gobierno tome conciencia de la enorme capacidad del gasto público para promover el clima de negocios en el país. En los países socialmente más desarrollados se está tomando esta responsabilidad muy en serio. El gasto público bien orientado es un poderoso instrumento de creación de empleo y de estímulo a la producción. Las soluciones al desempleo deben contar con un plan de inversión pública que favorezca a las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios. Que genere empleo entre la gran población de desocupados.
