Condenamos las declaraciones del presidente Carlos Alvarado del pasado jueves 5 de julio, en las que mencionó que hablar del aborto “distraía” de los temas prioritarios y acusó a quienes hablan de ese tema de hacerlo porque es la única forma en la que pueden visibilizarse.
Primero, para la militancia frenteamplista el tema del aborto sí es una prioridad pues es la salud de las mujeres la que se encuentra en el centro de esta discusión. En nuestro país existe la figura del Aborto impune o terapéutico establecido en artículo 121 del Código Penal desde 1970, que se considera una opción cuando la salud y la vida de la mujer gestante está en riesgo. Esto refleja que la legislación en cuanto a aborto no pasa de ser letra muerta desde hace casi 50 años y esto por la falta de un protocolo de atención o norma técnica que garantice la aplicación adecuada de un aborto terapéutico.
No hay que olvidar que este documento es resultado de los compromisos contraídos por el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el marco de un proceso conciliatorio resultado de las denuncias presentadas por Ana y Aurora contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de que el Estado reconoció que por acción y omisión violó derechos humanos al negarse a aplicar la ley y permitir a ambas mujeres practicarse un aborto, el gobierno anterior desistió de firmar la norma por razones electorales. Al parecer, su sucesor tiene intenciones de transitar el mismo camino.
La ausencia de este protocolo ha hecho que muchísimas mujeres, igual Ana y Aurora, tengan que pasar por profundo dolor físico y emocional, en el que han tenido que llevar un embarazo a término cuando ya era sabido que la vida extrauterina era incompatible.
Por otro lado, el Partido Acción Ciudadana contemplaba la aplicación la norma del aborto impune en su Plan de Gobierno 2018-2022. Por lo cual está incumpliendo uno de sus principales compromisos.
Conocemos el acuerdo establecido con Rodolfo Piza, sin embargo este dice “No modificar ninguna ley relacionada con el aborto ni por acción del gobierno ni de ninguna entidad internacional”, la aprobación del protocolo es un procedimiento ejecutivo, es decir, no modifica ninguna ley, como lo mencionamos anteriormente, solo reglamentaría la legislación ya existente.
Apoyamos las declaraciones de la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, quien en reiteradas ocasiones ha expresado que urge la aprobación del protocolo, indicando que es una deuda histórica que tiene el país con las mujeres.
La posibilidad que las mujeres decidan sobre su cuerpo y de decidir si interrumpen un embarazo o no, no obliga a todas a hacerlo. Lo hace quien se sienta segura, de acuerdo con sus creencias y espiritualidad. Además, se establecen plazos durante el embarazo específicos para realizarlo, que responden a criterios médicos.
En Costa Rica hay abortos en condiciones desiguales: quienes tienen altos ingresos pagan servicios médicos privados; quienes tienen bajos ingresos exponen su salud al practicarlo con riesgos de higiene y sin especialistas. Se debe garantizar una atención adecuada para quienes deban pasar por la difícil situación de requerir un aborto terapéutico. Se debe garantizar que las mujeres reciban información concerniente a su estado para que tengan la opción de elegir entre lo que consideren mejor para ellas en sumo respeto a sus visiones personales y espirituales. El aborto es una realidad en Costa Rica, negarla solo perjudica la salud de las mujeres.
¡Exigimos la aplicación de la Norma Técnica de Aborto Terapéutico!
¡Por el aborto, legal, seguro y gratuito!
