La Comisión Política del Frente Amplio, ante la intención de un grupo de ciudadanos de iniciar el proceso de convocatoria a un referéndum con el fin de, eventualmente, aprobar un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente
Considerando que:
- No existe en estos momentos un consenso social, derivado de una discusión pausada y serena, del contenido mismo de una nueva Constitución para nuestro país. El proyecto presentado no es producto de un diálogo social, lo cual es, de alguna manera “poner la carreta delante de los bueyes”, primero se debe hablar de lo que se quiere cambiar y luego de cómo lograrlo.
- Llamar a una asamblea constituyente en los momentos de volatilidad política que se viven en nuestro país y con fuerzas políticas y económicas cuya inspiración es la de debilitar el contenido social de nuestra actual constitución, eventualmente podría significar un retroceso y echar por la borda los progresos alcanzados y que han permitido que nuestra sociedad posea los niveles de protección social que nos han diferenciado de otras sociedades latinoamericanas.
- Al caer en la trampa de la inmediatez, los proponentes han establecido en el proyecto de ley una serie de plazos que no creemos faciliten un debate adecuado para el delicado trabajo que implica el discutir con todos los sectores y aprobar una nueva Constitución.
- La experiencia del referéndum relativo a la aprobación o rechazo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) demostró que la actual regulación de los procesos de este tipo es débil, con vacíos importantes en lo que respecta al financiamiento de las campañas y la intervención de intereses empresariales en las mismas. Nada garantiza que de realizarse un referéndum como el que pretende este grupo de personas, el acceso a los medios, el papel de la prensa como vocera de sólo unos sectores o intereses y el financiamiento, se lleven a cabo en un ambiente de equidad y se promueva la sana discusión racional y objetiva.
- Otra de las debilidades que posee el proyecto presentado, en consonancia con el punto anterior, es el de considerar al Código Electoral como norma supletoria, en áreas en las que hay vacíos o no hay legislación clara. La experiencia es que este tipo de fórmulas legales lo único que logran es crear incertidumbre por cuanto terminan siendo licencias para interpretaciones de algún magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones.
- Estos y otros vacíos del proyecto presentado por algunos ciudadanos, no podrían ser modificados por la Asamblea Legislativa por cuanto no lo permite el mecanismo de referéndum.
- Nuestra actual Constitución Política es un instrumento que, a nuestro criterio, reúne una base importante sobre la cual se ha organizado nuestro estado social de derecho. Es producto de un pacto social y no se puede sustituir sin un diálogo amplio entre todos los sectores. Por ello existe un mecanismo para hacer reformas constitucionales, que aunque no es lo célere que debería, sí resguarda y mantiene nuestra paz social. Es cierto que nuestra constitución política requiere de cambios, pero no creemos que en las actuales circunstancias y con el proyecto de ley presentado, la pluralidad de la Costa Rica actual quede garantizada
Acuerda:
- Alertar al pueblo de Costa Rica sobre la inconveniencia de la realización de un referendum para la convocatoria de elecciones de una Asamblea Constituyente en las actuales circunstancias.
- Llamar a las fuerzas populares y progresistas a iniciar el estudio de nuestra actual Constitución a fin de plantear, de forma transparente y estudiada, las reformas requeridas para mejorar el carácter solidario e inclusivo de nuestra sociedad, así como los mecanismos que garanticen una representación democrática de los distintos sectores sociales en el debate posterior.
San José de Costa Rica, 29 de enero 2017
