- Iniciativa de Ley presentada por el FA cerraría la posibilidad de que políticos acusados de corrupción se vayan del país esperando que sus causas prescriban.
- Piden a precandidatos apoyar proyecto antes de elecciones 2018
Esta tarde la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de Ley para reformar el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de manera que el paso del tiempo no garantice la impunidad penal para las personas acusadas de corrupción. De aprobarse esta iniciativa, los delitos contra los deberes de la función pública y otros previstos en dicha Ley no prescribirían y podrían ser juzgados en cualquier momento.
Para la diputada Patricia Mora Castellanos, gestora de la iniciativa, los delitos de corrupción son un cáncer que mina la credibilidad y la confianza del pueblo en las instituciones democráticas. “Tras los escándalos que han involucrado a jerarcas de gobiernos anteriores y las historias de políticos que se amparan en la inmunidad del cargo o que se van del país esperando que el tiempo pase, el mal ejemplo se traslada al resto de la función pública. Es urgente para la salud de nuestra democracia cerrar los portillos legales que permite a los corruptos evadir la justicia”, señaló.
De acuerdo con un estudio de la ONG Transparencia Internacional Costa Rica, se puede estimar que la corrupción en nuestro país representa 483 millones de dólares aproximadamente. Según este estudio, considerando los últimos seis casos más graves de corrupción ocurridos en los últimos años se habría ocasionado una pérdida al país de más de ciento cincuenta mil millones de colones (¢150,377,500,000).
Debido a su naturaleza, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública son delitos cometidos por las autoridades de turno, que suelen conocerse hasta tiempo después de cometidos sin que la ciudadanía pueda de inmediato tener acceso a la justicia. En estos casos, los acusados de corrupción cuentan con una serie de prerrogativas como la inmunidad, si son miembros de supremos poderes, el manejo de la información y el acceso a las pruebas. En estos casos, la llegada del plazo de prescripción de la acción penal, se convierte en un premio para el delincuente cuello blanco.
Al presentar el proyecto, la diputada Patricia Mora pidió el apoyo específico de los diputados que se perfilan como precandidatos presidenciales “Quisiera aprovechar este espacio para pedirles el apoyo y que esta iniciativa se convierta en Ley antes de las elecciones presidenciales en las que todos ustedes son aspirantes”, señaló.
