PROPUESTA DE UN PROGRAMA COMÚN
QUE AGLUTINE LAS FUERZAS CIUDADANAS Y POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS Y PROGRESISTAS DE COSTA RICA
Desde el 2007, el amplio movimiento social de oposición al Tratado de Libre Comercio clama por la construcción de una alternativa política que articule las fuerzas del “NO” y su postulación a las elecciones de 2010 con el propósito de reorientar desde el gobierno la acción del Estado y las políticas públicas. A pesar de que se han generado y llevado a cabo múltiples iniciativas para construir una unidad electoral, ésta continúa siendo tan solo una aspiración y no una realidad, debido principalmente a la diversidad política e ideológica del movimiento, a las diferencias en las dinámicas de los partidos y la sociedad civil, así como la prevalencia al interior de los partidos de una acción política centrada en la disputa por las candidaturas.
Desde el Frente Amplio consideramos que debemos hacer un esfuerzo adicional, dados los efectos negativos que tendría la continuidad en el poder público-estatal de la misma élite neoliberal que ha dirigido al país por los últimos 25 años. Un componente esencial para avanzar en el proceso de articulación, es la definición de posiciones y propuestas políticas compartidas que faciliten la confluencia de los diversos actores. Es fundamental construir la articulación sobre la base de aquello que nos une, y enmarcarla en el más pleno respeto de las diferencias. En lo que sigue, señalamos los puntos de lo que, desde nuestra perspectiva, podrían servir para construir esa propuesta común compartida.
I. Principios orientadores fundamentales
Este programa común debe hacer valedero, en sus contenidos específicos, los siguientes principios fundamentales:
a. La democracia como fundamento de la organización política e institucional.
b. La participación ciudadana crítica, activa y autónoma y la deliberación política como elementos constitutivos fundamentales de la democracia y el desarrollo social
c. La búsqueda de la plena igualdad de derechos y la superación de toda forma de discriminación como principio fundamental que define la calidad de la convivencia.
d. La justicia en la distribución de la riqueza, el ingreso y las oportunidades como guía de las políticas públicas, tanto sociales como económicas.
e. El respeto a la diversidad y la pluralidad de todos los individuos y sus organizaciones como principio orientador de la acción política.
f. La búsqueda del equilibrio entre el respeto a la naturaleza y las necesidades sociales, como principio guía de nuestras formas de organizar la economía, producir y consumir.
g. La transparencia, la responsabilidad, la honestidad y la permanente rendición de cuentas como obligación ineludible de toda persona que ocupe cargos públicos y, en general, de toda institución u organización pública.
h. La responsabilidad social y ecológica como referente ético ineludible de la actividad privada.
i. La paz asentada en la justicia, la igualdad y el respeto como aspiración suprema de la civilización humana.
j. El diálogo e intercambio solidario, amistoso, respetuoso y muy amplio con el mundo entero y, en especial, con nuestros pueblos hermanos de Centroamérica, América Latina y el Caribe.
II. Áreas fundamentales de interés y prioridades de las políticas públicas
1. Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación pública en todos sus niveles, incluyendo infraestructura, dotación de laboratorios y bibliotecas, planes de becas de amplia cobertura y mejoramiento de las capacidades y los salarios de las personas profesionales en educación. Énfasis en una educación que fortalezca el sentido crítico, la independencia de criterio, el respeto hacia lo diverso y plural, la participación cívica responsable, la ética ambiental, la solidaridad, el pleno respeto a los derechos humanos y los valores de paz y justicia. Política de supervisión responsable de la educación privada a fin de garantizar su apego a los valores y lineamientos antes enunciados. El presupuesto dedicado al financiamiento de la educación pública aumentará, por disposición constitucional, a un 8% del PIB y, en un plazo de una década, al 10%.
2. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de salud a través del fortalecimiento de las instituciones de salud pública, mediante programas de ampliación y mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento, la disponibilidad de medicamentos, mejoramiento de la comunicación entre las personas usuarias de los servicios y el personal de salud. Énfasis en la salud preventiva a través de la educación, la vacunación y la promoción de hábitos saludables de vida y de alimentación. Debe buscarse la sostenibilidad y solidaridad del sistema de salud a través de la universalidad de la cotización así como la prestación de servicios de muy alta calidad, cobertura y oportunidad.
3. Fortalecimiento del sistema de pensiones, para lo cual se crearán las condiciones jurídicas que permitan invertir los recursos en el financiamiento de obra pública para el desarrollo. Además deberá impedirse que los fondos de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la CCSS sean utilizados con fines de financiamiento del déficit fiscal. Estudiar opciones jurídicas y actuariales que permitan avanzar progresivamente hacia la integración de todos los regímenes públicos de pensiones y su universalización.
4. Fortalecimiento de los programas de vivienda popular y desarrollo de nuevos mecanismos financieros que faciliten el acceso a vivienda de los grupos sociales populares y medios. Planificación cuidadosa de los asentamientos humanos a fin de prevenir riesgos, minimizar impactos ambientales y promover barriadas y ciudades agradables y seguras.
5. Definir una política agropecuaria basada en principios de soberanía y seguridad alimentaria y orientada a garantizar una autosuficiencia razonable en materia de producción agrícola alimenticia. Con ese fin deberá recuperarse el CNP y fortalecer su función para la estabilización de precios. Se pondrá en marcha una política integral de desarrollo de la agricultura que integre, al menos, los siguientes aspectos: precios de sustentación; compra de excedentes; crédito; investigación científica y tecnológica para generar una producción saludable para el consumo de las personas y amigable con el ambiente; desarrollo de mecanismos apropiados para la transferencia de tecnología, difusión de conocimiento, capacitación, apoyo técnico y apoyo a la comercialización; fortalecimiento de organizaciones cooperativas y otras formas de propiedad asociativa o social.
6. Política de creación de empleo decente, definido como aquel que además de generar un ingreso justo, es congruente con una política sostenibilidad ambiental, abre posibilidades de acceder a un trabajo productivo con seguridad laboral, libertad de expresión y organización, así como protección social para el trabajador o la trabajadora y sus familias. Una política de empleo decente implica también la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y para los hombres, y mejores perspectivas para el desarrollo personal y para la inclusión social de todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su género, color de la piel, religión, orientación sexual, cultura, nacionalidad, edad u otros posibles factores de diferenciación. Requiere, además, una política de salarios crecientes que garanticen la protección de un nivel de vida digno para los amplios sectores asalariados y su progresivo mejoramiento, de forma que se favorezca una más equitativa distribución del ingreso.
7. Promover el respeto y ampliación los derechos laborales en la legislación nacional, así como la aplicación de los convenios internacionales en la materia. Defensa de la sindicalización, como requisito indispensable de la vigencia de la democracia. El Estado debe cumplir a cabalidad su función como garante de los derechos laborales, en particular la libertad de sindicalización.
8. Impulsar una reforma tributaria integral que imprima progresividad y justicia a la estructura tributaria. y la cual ha de incorporar, además, formas de penalización a los excesos de riqueza, el consumo conspicuo y las formas de producción ambiental o socialmente dañinas. Mediante la reforma tributaria y un control estricto de la evasión de impuestos –en especial los tributos sobre ganancias empresariales y sobre las ventas que son los rubros donde mayor evasión se registra- se logrará, en un plazo de cinco años, un aumento de la carga tributaria, al menos hasta un 25% como proporción del PIB. Esto tiene por objetivo dar sustento a las diversas propuestas de política que aquí se formulan, todo lo cual estará bajo directo y permanente escrutinio, tanto de las instituciones públicas encargadas de ese cometido –en particular la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes- como de la ciudadanía organizada.
9. Deuda: reestructuración integral de la deuda interna que permita reducir sustancialmente el pago de intereses y el efecto regresivo que esto trae consigo. Planificación cuidadosa de los procesos de endeudamiento externo, a fin de garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos: Fortalecimiento de la capacidad de inversión pública por medio de planes de inversión quinquenales y de los planes de inversión de la banca pública, buscando las mejores condiciones financieras; favorecer, de forma especial, la cooperación financiera con países centroamericanos y latinoamericanos en el marco de acuerdos o instituciones asentadas en valores y objetivos de cooperación, solidaridad y mutuo respeto.
10. Desarrollar mecanismos amplios, sencillos, precisos y públicos para la rendición de cuentas por parte de las instituciones y empresas públicas, tanto en relación con el manejo de los recursos a su disposición como respecto de los productos y resultados de su trabajo. La calidad y cantidad de información pública, sumada a mecanismos de consulta accesibles y ágiles deben posibilitar el control ciudadano permanente. Revisar el papel de la Contraloría General de la República para efectos de facilitarle controles expost que agilicen el procedimiento de inversión a las instituciones públicas. Promover y fortalecer la organización ciudadana con miras a desarrollar mecanismos de auditoría ciudadana y un control político más democrático.
11. Una reforma bancaria que fortalezca la banca pública y restablezca su naturaleza y función como instrumento de desarrollo y pleno respeto al medio ambiente, la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado, y que, además, ponga en funcionamiento mecanismos de supervisión y regulación de la banca privada que prevengan comportamientos especulativos y eviten el despilfarro en la asignación del ahorro. Establecimiento de prioridades de financiamiento que favorezcan las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional, así como las empresas cooperativas y de economía social, incluyendo los emprendimientos cuyos propietarios son las trabajadoras y los trabajadores. Establecer condiciones que garanticen que también la banca privada brinde aporte al cumplimiento de esto objetivos. Un manejo de la política monetaria –en relación con tasas de interés y oferta monetaria- que incorpore elementos de desarrollo y no solamente de estabilidad inflacionaria. Reforma del Banco Central a fin de independizarlo de los intereses financieros privados, dar transparencia pública a su gestión y sujetarlo a mecanismos de rendición de cuentas y control político y ciudadano.
12. Políticas de balanza de pagos y de la tasa de cambio, que permitan recuperar espacios de manejo discrecional de la balanza de pagos, tanto en relación con flujos de comercio como de capitales, a fin de prevenir los efectos desestabilizantes que puedan resultar de los shocks externos, y a fin de introducir una racionalidad mínima en la forma como esos flujos comerciales y financieros impactan el desarrollo nacional, de forma que las relaciones económicas con el resto del mundo funcionen como instrumentos que propicien un desarrollo socialmente justo, económicamente equilibrado y ambientalmente respetuoso.
13. Desarrollar políticas de fortalecimiento de las instituciones públicas, por medio de regulaciones que agilicen la gestión y la ejecución presupuestaria e incrementen la capacidad de inversión. Promover la democratización en sus formas de manejo y conducción a través de cambios en las juntas directivas que permitan la representación de distintos sectores de la sociedad civil, como los sindicatos, las universidades públicas, las cooperativas, las organizaciones ambientalistas.
14. Creación de un régimen de empresas públicas que propicien su independencia respecto de intereses políticos coyunturales, fortalezcan su solvencia técnica, capacidad de inversión, eficiencia en el uso de los recursos, eficacia y oportunidad en la generación de respuestas ante las demandas de la población y rendición de cuentas. Avanzar en procesos generales de reforma del Estado y modernización del sector público, que respeten rigurosamente la estabilidad, los derechos y la dignidad de las personas empleadas en el sector público, y los cuales se orientarán a mejorar la eficiencia, agilizar y simplificar procedimiento, elevar sustancialmente la calidad y oportunidad de los servicios y productos que se brindan y ampliar la rendición de cuentas y la transparencia ante la ciudadanía. Se avanzará en procesos de descentralización en la medida en que ello fortalezca la eficiencia, eficacia y rendición de cuentas desde las instituciones del sector público y siempre que ello no implique debilitar estas instituciones ni renunciar a responsabilidades propias del Estado.
15. Impulsar reformas del sistema político para que este pueda procesar institucionalmente, de forma eficaz y expedita, los conflictos sociopolíticos y canalizar las demandas y aspiraciones populares. Mejoramiento de la representación política a través de la democratización de los partidos políticos y las formas en que estos acceden al gobierno (reforma político electoral). Creación, ampliación y consolidación de espacios de democracia participativa y de mecanismos de democracia directa.
16. Promover la transformación del régimen electoral, a través de la limitación del financiamiento privado, limitación de la publicidad, ampliación del debate público de posiciones políticas y garantía de acceso equitativo de todas las fuerzas políticas a los medios de comunicación colectiva.
17. Recuperar la capacidad del Estado para la formulación de políticas de desarrollo que fijen como prioridades de las políticas productivas aquellas que contribuyan al desarrollo de las empresas de capital nacional, en especial las micro, pequeñas y medianas, las asociaciones cooperativas y empresas de economía social incluyendo las de propiedad de trabajadores y trabajadoras, así como políticas que contribuyan a disminuir las desigualdades en el desarrollo entre diferentes regiones del país. Fortalecer la infraestructura estatal de apoyo al desarrollo a través de la recuperación de la red ferroviaria, el desarrollo energético y de las comunicaciones. Defender y garantizar los derechos históricos a la propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la tierra.
18. Revisar las políticas en materia de inversión extranjera, que privilegie la atracción de aquella que genere empleo abundante y de buena calidad, desarrolle vínculos significativos con la economía nacional, promueva la capacitación, facilite la transferencia de tecnología, apoye las políticas de desarrollo regional equilibrado y respete de forma meticulosa nuestros objetivos de respeto y plena vigencia de los derechos laborales, protección ambiental y respeto a la naturaleza.
19. Desarrollar una amplia política nacional de ciencia y tecnología que integre universidades, organizaciones científicas privadas, organizaciones ciudadanas de diversa naturaleza, organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y otras formas asociativas y sectores empresariales, con el cometido de definir prioridades de política que integren y equilibren los objetivos productivos con los de democratización del conocimiento y sus frutos, la justa distribución de la riqueza y el respeto a la naturaleza. Fortalecimiento de la capacidad y producción investigativa.
20. Ampliar y fortalecer las políticas de equidad de género, de forma que se avance hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: laboral, salarial, político, social, cultural. Formular políticas educativas y de cambio cultural que promuevan, en forma sistemática, la construcción de una cultura de respeto y pleno entendimiento entre mujeres y hombres, y que favorezcan un cambio profundo que permita superar el machismo, las manifestaciones del patriarcado en sus múltiples expresiones y todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.
21. Definir políticas y acciones claras para avanzar en la superación de los déficits de inclusividad, originados en la existencia de formas de discriminación que implican negar o restringir derechos y, por lo tanto, comportan lesión para la dignidad de las personas y con el objetivo fundamental de dar plena vigencia a los derechos humanos en sus diferentes vertientes y expresiones. Ello incluye: población afrodescendiente; pueblos indígenas; niñez, personas jóvenes y de la tercera edad; la diversidad sexual en sus diversas expresiones; población migrante; personas con alguna forma de discapacidad; minorías religiosas o culturales.
22. Desarrollar una política integral de protección ambiental, la cual incluye el fortalecimiento de la institucionalidad pública de protección al ambiente, la resolución eficaz de las problemáticas de manejo de los desechos sólidos y las aguas servidas, el tratamiento de los ríos contaminados, la protección de los bosques y los mantos acuíferos. Prohibición de la minería a cielo abierto. Impulsar la legislación y regulaciones que definan y consoliden el dominio soberano y democrático de los bienes públicos, en especial el agua, los litorales, los mares, el espectro radioeléctrico, el recurso hidroeléctrico y otras formas naturales de generación de energía. Desarrollar una política de planificación del desarrollo urbano y de los asentamientos humanos que minimice impactos ambientales, prevenga riesgos y recupere y rehabilite las áreas urbanas marginales.
23. Fomentar el transporte público tanto urbano como interurbano, regional y nacional a fin de promover la disminución del uso de automóvil y transporte privado y reducir la emisión contaminante de los vehículos. Recuperar, ampliar y modernizar la infraestructura de transporte ferroviario como una forma de reducir al mínimo el efecto contaminante del transporte de carga con base en furgones, así como el riesgoso congestionamiento vial y daño a las carreteras que éstos producen.
24. Impulsar una política de protección al consumidor que vigile la calidad de los productos vendidos, las condiciones de los créditos comerciales, los seguros y garantías ofertados. Promover el cambio en la cultura de consumo, mediante estrategias sistemáticas de educación y concientización, a fin de propiciar un mayor sentido crítico, mayor sobriedad y comedimiento y una mayor capacidad selectiva por parte de la población; el uso responsable de los artículos de consumo; la reducción de la generación de desechos y una mejor disposición de éstos, favoreciendo, en particular, el reciclaje, así como la aplicación de una política estricta de divulgación del impacto ambiental de los productos ofrecidos. Promover formas de producción e intercambio solidario así como el desarrollo de mercados locales que reduzcan al mínimo las distancias y los tiempos que median entre la producción y el consumo.
25. Redefinición a profundidad de todas las leyes y compromisos en materia de propiedad intelectual que afectan la agricultura y los saberes tradicionales, incluyendo aquello que tiene que ver con semillas, agroquímicos y apropiación privada o patentado del conocimiento popular, tradicional o indígena. Con ese fin se modificarán las leyes y reglamentos que así lo ameriten y se renegociarán o, de ser necesario, se denunciarán compromisos internacionales que pudieran tener efectos negativos en esta materia. Redefinición a profundidad de las políticas sobre propiedad intelectual que afectan la disponibilidad de medicamentos genéricos. En general, revisión de las políticas en materia de propiedad intelectual a fin de favorecer el libre flujo del conocimiento, un ambiente intelectual abierto al debate científico sin restricciones y un pleno aprovechamiento de los frutos del intelecto y la creatividad humana.
26. Desarrollar políticas de turismo que fomenten aquellos tipos de empresa que distribuyan ampliamente los ingresos que genera entre la población, en particular en comunidades rurales o pequeñas ciudades fuera del área central del país, que genere encadenamientos entre empresas, y lo haga respetando meticulosamente los equilibrios de la naturaleza, los bagajes culturales del pueblo costarricense y de acuerdo a estrategias debidamente planificadas de prevención de riesgos.
27. Seguridad ciudadana: el primer frente de batalla contra la violencia y la inseguridad es el impulso y firme compromiso con formas de desarrollo socio-económico que promuevan la igualdad y la justicia, que gesten nuevas oportunidades de vida al alcance de todas las personas y que se asienten en valores de respeto, solidaridad, sobriedad y comedimiento. Sin embargo, las manifestaciones inmediatas del problema deben ser enfrentadas firmemente y con carácter de urgencia, mediante una política que, de forma consistente, fortalezca los cuerpos policiales, de investigación criminal e impartición de justicia. Debe garantizarse que los distintos cuerpos policiales reciban una sólida formación cívica, que fortalezca su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y las leyes y el sentido de responsabilidad y servicio público. Con ese mismo fin se desarrollarán y fortalecerán mecanismos de control sobre el funcionamiento de los cuerpos policiales, así como el fortalecimiento de la formación de una policía civilista y atenta a las necesidades ciudadanas, con idoneidad técnica e independiente de todo interés político coyuntural.
28. Arte, deporte y políticas de juventud: construcción de instalaciones deportivas y centros de arte y cultura a nivel nacional; presencia de promotores deportivos y artísticos, que incentiven el interés y participación de los barrios urbanos o las comunidades y pueblitos rurales. Todo lo anterior acorde con el objetivo de masificar la práctica del deporte y generalizar el gusto por el arte y su práctica activa, así como la recuperación y proyección de las expresiones y productos del arte popular, incluso aquellos propios o característicos de la juventud. Fortalecer financieramente el Ministerio de Cultura y sus distintos órganos adscritos dedicados al cultivo de distintas expresiones del arte. Planificar una estrategia nacional que coordinen los distintos niveles de la organización deportiva, fomente su masificación y organice apropiadamente el desarrollo del deporte de alto rendimiento. Por medio de organizaciones y asociaciones de jóvenes, con apoyo del presupuesto público, se crearán espacios de recreación y esparcimiento infantil y juvenil en las comunidades y ciudades.
29. Formular un plan nacional amplio y extensivo, proyectado al largo plazo, que programe los procesos de inversión nacional en infraestructura pública, incluyendo: carreteras, puentes y caminos; puertos y aeropuertos; producción, trasmisión y distribución de electricidad; desarrollo de fuentes alternativas de energía; redes de fibra óptica; alcantarillados. La formulación de estos planes se hará de forma que se equilibren los criterios técnicos, con la participación ciudadana y el control público y contemplen criterios de respeto al medio ambiente; desarrollo regional balanceado a nivel nacional y prevención de riesgos.
30. Una política exterior que promueva relaciones amistosas con todos los países del mundo, independientemente de factores religiosos, culturales y políticos. Sin embargo, seguiremos una política exterior que incorpore activamente nuestro compromiso con los derechos humanos, la democracia y la paz, en función de lo cual se diseñará el tipo de alianzas internacionales y acciones que el país emprenda. Respeto al principio de autodeterminación de los pueblos y naciones, por lo que rechazamos toda acción militar o intervencionista por parte de cualquier potencia en cualquier punto del planeta. Nuestra política exterior enfatizará la profundización de lazos de amistad, cooperación e integración con los pueblos y países hermanos de Centroamérica, América Latina y el Caribe.
31. Se procederá a denunciar el TLC o, en todo caso, y considerando las complejidades políticas inherentes a ese proceso, al menos se iniciará, de inmediato, su revisión integral, con énfasis en los puntos más delicados desde el punto de vista del desarrollo soberano y con justicia del pueblo y la sociedad costarricense. El nuevo gobierno abrirá un intenso proceso de negociación internacional para revisar conjuntamente con los otros países del área, los términos de los tratados comerciales con los Estados Unidos.
