Por: Patricia Mora Castellanos *
Con gran orgullo presenté recientemente, junto a la fracción legislativa del Frente Amplio (FA), el proyecto de Ley No. 19135 “Ley para restituir la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social”.
Y su presentación fue doblemente simbólica para nuestra fracción y nuestro Partido, pues coincidió con la noticia de que el compañero José María Villalta, consiguió ganar a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) el juicio que había presentado contra el Estado costarricense, con el fin de obligar a este a honrar la deuda que por más de 260 mil millones de colones sostenía para con nuestra seguridad social. Nuestro actual legislador del FA, compañero abogado Edgardo Araya, merece también todo nuestro reconocimiento por su activa participación en el proceso.
El proyecto de ley en cuestión ha sido el resultado de un importante proceso de construcción conjunta entre nuestro partido y numerosas organizaciones sociales y progresistas.
Y es que, en el FA planteamos una nueva forma de hacer política. Concebimos el ejercicio parlamentario desde una perspectiva transformadora, solamente desde el diálogo, la articulación y la acumulación de fuerzas con los movimientos sociales y con la gente que lucha.
Las diputadas y los diputados del Frente Amplio –como decía muchas veces José Merino haciendo suya una cita de Carlos Marx- no practicamos el llamado “cretinismo parlamentario”… por el contrario, entendemos nuestro trabajo con un pie en la curul, pero con el otro en la calle, en los barrios, en las organizaciones, en los sindicatos, somos gente que lucha.
Restituir la autonomía. El proyecto de Ley que presentamos es una iniciativa que la fracción del FA ha venido trabajando de la mano con el Frente Nacional por la Seguridad Social, que es una instancia que agrupa una enorme cantidad de organizaciones comunales, sociales y sindicales y que, en lo fundamental, coinciden en cuanto a la necesidad de defender a la Caja como condición para la estabilidad y la paz social de Costa Rica.
Sobre esa base, proponemos avanzar hacia una reformulación integral en cuanto al tema de la estructura en la toma de decisiones en la CCSS, y que en lo fundamental, apunta a eliminar la injerencia excesiva que, al día de hoy, los gobiernos de turno ejercen sobre nuestra querida Institución, mediante la figura de la llamada presidencia ejecutiva.
Estamos convencidas de que la seguridad social le pertenece a las personas trabajadoras y a todo el pueblo, y no al gobierno y/o partido de turno. Ese el espíritu que anima el principio de autonomía que nuestra Constitución Política reconoce a la Caja del Seguro Social en su Artículo 73.
Con la profundización de la estrategia de privatización que los neoliberales vienen impulsando alrededor de la Caja, ha sido más que evidente que la injerencia gubernamental sobre ella ha tenido implicaciones nefastas, originando dentro de la Institución una tensión entre los criterios de tipo técnico y los de tipo “político” (política, eso sí, con “p” minúscula) a la hora de la toma de las decisiones en el seno de su Junta Directiva.
Despolitizar la Caja es, sin duda, un clamor de muchísimos sectores de nuestra sociedad que, bien atendido –como lo hace este proyecto de ley- puede ser un paso muy importante en la perspectiva de la refundación de nuestro sistema de seguridad social por el camino del rescate de los principios de autonomía, universalidad y solidaridad.
La propuesta. Por todas estas razones, el proyecto de ley No.19135 en concreto propone:
– Reformar los Artículos 6 y 15 de la Ley Constitutiva de la CCSS, a fin de sustituir la Presidencia Ejecutiva por una Gerencia General nombrada por la Junta Directiva.
Como es de conocimiento público, decisiones fundamentales para la institución tales como la determinación de los “compromisos de gestión” con los operadores de los centros de salud; los nombramientos de los altos jerarcas y jefaturas (a nivel gerencial, administrativo y de centros de salud); la elaboración presupuestaria y el control sobre el estado de las finanzas de la institución, entre muchos otras, son resorte de una Junta Directiva que está conducida por una figura (la Presidencia Ejecutiva) cuya independiencia de los gobiernos de turno es básicamente inexistente.
– La figura de la Gerencia estará sujeta a las mismas limitaciones y facultades que actualmente poseen los miembros de esa Junta Directiva, pero no formará parte de la misma.
Ello es muy importante, considerando que en la actualidad la remoción de la presidencia ejecutiva está a merced de la voluntad del presidente de la República. El proyecto de ley No.19135 establece con toda claridad los mecanismos procedimentales mediante los cuales la Junta Directiva podría eventualmente destituir de su cargo a la figura de la gerencia.
– Establecer sobre el Gerente General la obligación de presentar a la Junta Directiva un Plan de Desarrollo Institucional para 6 años, basado en las necesidades de salud de la población y que defina las necesidades de recursos humanos, técnicos, de infraestructura y financieros. La Junta Directiva tiene un plazo no mayor a 3 meses para aprobar o no dicha propuesta.
Aspiramos a mejorar el control, tanto público como institucional, de la Caja Costarricense del Seguro Social e impulsar una política de transparencia y rendición de cuentas en la función pública.
* Diputada y Presidenta del Frente Amplio
Publicado el martes 27 de Mayo del 2014, en Página Abierta de Diario Extra
