El Diputado José Merino del Río hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Hacienda para que resuelvan, de manera urgente, las denuncias que presentadas por la subfacturación en las importaciones de productos agrícolas como la cebolla, la papa, el ajo, las uvas y los aguacates.
El legislador del Frente Amplio dijo que ha sido informado que dichas denuncias por subfacturación, se presentaron desde setiembre pasado ante la Dirección Gestión de Riesgo Aduanero del Ministerio de Hacienda, sin que a la fecha se hayan resuelto, con perjuicio para el erario, los productores locales y el consumidor.
Desde hace mucho tiempo las autoridades aduaneras nacionales han calificado la subfacturación, y otras formas de defraudación fiscal, como “un deporte nacional en nuestro país”, sin embargo las denuncias no se resuelven con la celeridad necesaria, dijo el Diputado Merino.
La subfacturación constituye la modalidad más fuerte de evasión fiscal y consiste en declarar un costo menor de las mercancías al que verdaderamente corresponde, siendo entonces que se presenta una base imponible más baja por lo que al aplicar las tarifas tributarias respectivas se recauda una menor cuantía, lo cual se hace mediante la presentación de facturas falsas o alteradas.
La subfacturación y la defraudación fiscal lesionan fuertemente a la Hacienda Pública ya que ocasionan una seria disminución en la recaudación tributaria por concepto de pago de aranceles y demás impuestos a la importación. Peor aún, cuando operan sobre productos agrícolas sensibles para la estabilidad social y la seguridad alimentaria del país, tales como la cebolla y la papa, pues generan un daño social que, sin lugar a dudas, resulta mucho más gravoso que su impacto fiscal, ya que afectan directamente a miles de agricultores y sus familias que sufren la competencia desleal de productos agrícolas importados que son comercializados a precios artificialmente bajos.
En productos como la cebolla y la papa esta situación se viene denunciando desde hace muchos años. Solo en el año 2000 se estimó en 122 millones de colones. Mediante este tipo de artimañas se afecta a nuestros productores, obligándolos a competir con productos cuyos precios no reflejan los costos reales, así como a la empresa nacional, desplazando del mercado incluso a aquellos importadores que declaran a las autoridades aduanales los precios reales y que eventualmente adquirirían la producción nacional a precios que reflejen los costos reales.
