Intervención del Diputado Ronal Vargas Araya con en el Foro sobre Discapacidad, celebrado en la Asamblea Legislativa el 28 de mayo de 2014, con motivo de la presentación del Informe de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, ratificada el 1 de octubre de 2008, y la celebración del 18° aniversario de la Ley 7.600.
Costa Rica ha sido un país bendecido cuando años atrás, varios huracanes que amenazaron el territorio nacional, cambiaron su rumbo, impactando levemente. Ojalá que el huracán que nos trae el Informe del incumplimiento de la Convención sobre Discapacidad no termine siendo un pequeño viento sin mayores consecuencias.
“A pesar de los avances alcanzados en los últimos años con la aprobación de la Ley 7.600 y tratados internacionales de derechos humanos, todavía en nuestro país las personas con discapacidad sufren serias condiciones de discriminación y desatención de sus necesidades especiales. Siguen sin cumplirse las normas dirigidas a garantizar su libre movilidad y el acceso sin barreras a espacios públicos y servicios públicos. A su vez, según la Encuesta Nacional de Hogares, el desempleo entre las personas con discapacidad no sólo es mucho mayor que la media nacional, sino que suele ser más duradero y en condiciones de inserción más precarias para aquellas que trabajan” (Programa de Gobierno Frente Amplio 2014-2018, pág. 89).
Hay una constatación innegable: la población con algún tipo de discapacidad es la más excluida dentro de los grupos ya de por sí excluidos. Y eso que no agregamos otros factores de exclusión, tales como la región donde habitan, la zona rural o indígena, una nacionalidad marginada, adultos mayores, condición sexual y pobreza extrema, circunstancias agravantes de la marginalidad.
Hay varios postulados de la ley 7.600 que se quedaron en papel, y eso es una llamada de atención que nos involucra a todos: Gobierno, Empresa privada, sociedad civil pasiva y grupos organizados por los derechos humanos. Tal vez uno de los más preocupantes sea la concreción efectiva del apoyo del Estado, de sus instituciones y de la sociedad civil a las familias de las personas con discapacidad, para que puedan cumplir su cometido de acompañantes.
Las viviendas propias de las personas en precariedad y con alguna discapacidad casi NUNCA reúnen los requisitos establecidos en la ley. No siempre las instituciones del estado acuden en su apoyo. De nada sirve que se cumpla con las rampas en algunas edificaciones si las aceras de la mayoría de nuestras ciudades se encuentran en pésimo estado, lo que imposibilita el avanzar seguro y confiado.
Si las oportunidades de educación son difíciles para los hombres con alguna discapacidad por la escasa inclusión con metodologías diversas y sin estereotipos discriminadores y los pocos espacios físicos adaptados, las mujeres y personas adultas mayores tienen el doble de dificultades, no sólo por el machismo dominante, sino también por su vulnerabilidad social y por las dificultades de transporte adecuado. Y qué decir de los derechos sexuales y reproductivos de esta población, catalogada por no pocos inhumanos como “personas asexuadas” e inmaduras a las que se les debe controlar totalmente en su ámbito sexual.
A parte de haberse ratificado por nuestro país la “Convención por los derechos de las personas con discapacidad” hay varias iniciativas, propuestas y proyectos de Ley que fueron archivados o se encuentra a la deriva, entre ellos citamos por ejemplo el “Proyecto de autonomía de las personas con alguna discapacidad” y la integración de mujeres con alguna discapacidad a toda iniciativa estatal en favor de las mujeres en general. Esto sin mencionar la poca sensibilidad y desconocimiento general de quienes atienden en primera instancia en las instituciones de Justicia, la que pocas veces es “pronta y cumplida”, y lo que es peor: cuando la persona con discapacidad interpone una demanda generalmente hay una revictimación: esto es inaceptable.
Debemos cuanto antes “exigir el cumplimiento de la Ley 8.862 que reservó al menos un 5% de plazas vacantes para personas con discapacidad en los procesos de contratación de personal del Estado, aplicando sanciones para los jerarcas que ignoren esta obligación. (Debemos) desarrollar un programa de incentivos tributarios y no tributarios para que empresas privadas también den puestos de trabajo a personas con discapacidad. (Debemos) extender la obligación de contratar un porcentaje de personas con discapacidad a la empresa privada, especialmente grandes empresas. (Debemos) dar prioridad en la adjudicación de contratos para prestar servicios a instituciones públicas, a cooperativas integradas por estas personas” (Programa de Gobierno Frente Amplio 2014-2018, pág. 89). Qué país más inclusivo seríamos si estos imperativos los tomáramos en serio.
La poca beligerancia del Consejo Nacional de Rehabilitación y su inacción en casos específicos por falta de personal, presupuesto o voluntad es otra gran deficiencia. Es urgente “fortalecer al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) en su doble papel de órgano rector en materia de discapacidad y órgano ejecutor encargado técnico especializado en brindar servicios de apoyo, atención integral y ayudas técnicas a la población con discapacidad. Garantizar que la prestación de estos servicios continúe a cargo de personal calificado, sensibilizado con la problemática de este sector. Revisar cualquier proceso de reestructuración que implique el debilitamiento de estos servicios” (Programa de Gobierno Frente Amplio 2014-2018, pág. 89).
En fin urgimos un cambio de enfoque general para lograr el paso de la visión asistencialista dominante por un concepto de derechos humanos: hace falta todo un cambio de paradigma, y no sólo pensar que todo se resuelve porque existe un partido político “accesibilidad sin exclusión” (PASE) que lidere esta campaña. O dejamos de lado protagonismos políticos en la lucha contra todo tipo de discriminación o terminamos convirtiendo esta digna bandera en un trapo sucio que en nada servirá a quienes continúa sufriendo por nuestra falta real de auténtico compromiso con los derechos humanos.
Otra urgencia sería “consolidar el funcionamiento de las comisiones municipales e institucionales de discapacidad, con el objetivo de asegurar que las instituciones públicas y gobiernos locales realicen los cambios necesarios para que sus servicios sean realmente accesibles para las personas con discapacidad” (Programa de Gobierno Frente Amplio 2014-2018, pág. 89).
Y finalmente “Incorporar a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (7600) un capítulo sobre accesibilidad informática y a las nuevas tecnologías, incluyendo el acceso a trámites y servicios públicos en línea. En la actualidad, la mayoría de instituciones públicas no contemplan mecanismos para el acceso de las personas con discapacidad a sus plataformas informáticas” (Programa de Gobierno Frente Amplio 2014-2018, pág. 89).
Implementar nueva legislación y políticas más agresivas contra cualquier tipo de discriminación y para favorecer el acceso sin exclusión de toda la población con algún tipo de discapacidad a una vida social plena seguirá siendo desde el enfoque de nuestro partido Frente Amplio un apelativo ético inclaudicable.
