- Estudio del CONAVI demuestra que las obras serían más baratas y se financiarían con actualización de tarifas
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, denunció que se pretenda continuar con la Concesión de la carretera San José-San Ramón, cuyos costos no cesan de aumentar, en vez de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) haga las obras, pues saldría más barato al país y se financiaría con pequeños aumentos en las tarifas de peaje.
El parlamentario recordó que el 27 de noviembre de 2012 envió a la Contraloría General de la República un oficio en el que remitió a su responsable, doña Martha Acosta, un estudio realizado por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en el que se demuestra que, con solo aumentar las tarifas de los peajes a lo largo del tiempo, el MOPT obtendría los ingresos suficientes para recuperar la inversión en todas las mejoras y ampliaciones contenidas en la Concesión.
Además, el monto total de las tarifas de peajes a cobrar por el desplazamiento a todo lo largo de la ruta, sería más bajo para las personas usuarias de la carretera, que el que tendrían que pagar a los concesionarios, de concretarse el contrato.
Como es de conocimiento público, la Concesión de la carretera San Ramón-San José triplicó su costo, de $197 millones en el año 2004 a $552 millones en el año 2011. “Esto es inaudito y corrupto. No se deben forzar las cosas para convertir una obra pública en un negocio privado, cuando las instituciones públicas pertinentes están en perfectas condiciones para hacer las obras de manera eficiente y rentable”, expresó el parlamentario.
En el mencionado oficio, el diputado Villalta también pidió a la Contraloría que no refrendara el contrato de esa concesión, a la luz del estudio del CONAVI PEA-01-12-0279 Ref: Propuestas actualización de tarifas de tasa de peaje, y sus documentos adjuntos, que fueron enviados al Ex Ministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes el 20 de febrero del 2012, por el CONAVI, documento que también le fue remitido a él a su solicitud formal.
“La Contraloría debe evaluar en su justa dimensión los costos y los beneficios de comprometer al Estado costarricense con una nueva y onerosa concesión para el Erario público, pero también para las personas usuarias, teniendo en cuenta las experiencias previas con este tipo de concesiones, y el hecho de que existen diagnósticos sobre las limitadísimas capacidades que tiene el Consejo Nacional de Concesiones para fiscalizar y llevar a término obras de esta naturaleza, sin perjuicio para el país”, expresó el parlamentario.
Además, el diputado Villalta solicitó a la Contraloría General de la República realizar un estudio comparativo exhaustivo del contrato de concesión mencionado, incluyendo sus adenda, y no proceder a refrendarlo antes de brindar a la ciudadanía un informe con los resultados de ese estudio.
“Recientemente hemos sabido, gracias a una información periodística, que los concesionarios de la tristemente célebre carretera San José-Caldera ya recuperaron su inversión, y que, sin embargo, el contrato les da la posibilidad de lucrar con esa obra pública durante 10 años más. Esto no puede ser. La obligación de los gobernantes es buscar el bien del país, no favorecer a poderosos grupos económicos en desmedro de la gente”, enfatizó.
El diputado del Frente Amplio se encuentra en espera de la respuesta de la Contraloría.