-Dejaron prescribir deudas de patronos morosos antes de tiempo
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, exigió hoy, a la Contraloría General de la República (CGR), individualizar a las personas responsables de la pérdida de unos ¢1.600 millones que debieron pagar diversas empresas morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social, y que forman parte de los ingresos para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), pero que fueron ilegalmente declaradas prescritas mediante un criterio administrativo avalado por el Departamento Legal de la Dirección de ese Fondo (DESAF).
Esto fue posible porque desde 1998 la DESAF aplicó un período de tres años para que prescriban esas deudas, en lugar del plazo legal de 10 años que rigió hasta el 2009. Para hacer esta interpretación, la DESAF adujo tener respaldo en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, esta institución ha negado que esto sea cierto.
Por eso, en su oficio a la contralora Martha Acosta, el diputado Villalta se apoya en el Dictamen C-025-2013, de la PGR, del 28 de febrero de 2013, en el que esta institución claramente establece que: “Podemos afirmar que en ningún momento este órgano superior consultivo ha ejercido su competencia consultiva y vinculante sobre el tema en cuestión, sino que ha sido la Administración activa, y en concreto el Departamento Legal de DESAF, la que por su propia cuenta y responsabilidad ha inferido e interpretado cuál era el plazo de prescripción aplicable a la materia”.
“Señora Contralora, lo anterior nos parece contundente y el análisis para identificar a los responsables no puede ni debe estar condicionado a ninguna otra investigación. Por lo tanto, le solicito individualizar a la brevedad a los responsables de emitir los criterios que permitieron prescribir las deudas por planillas e informarme sobre las acciones que tomará la Contraloría General de la República al respecto”, dice el parlamentario.
En Costa Rica, un poco más de 1 millón 200 mil personas vive en condición de pobreza y el presupuesto del FODESAF es el que financia los programas destinados a combatirla.
Esta no es la primera solicitud que realiza el diputado Villalta, tanto a la Contraloría como a la DESAF para que se identifique y sancione a los responsables de las pérdidas contabilizadas por la propia Contraloría. Sin embargo, “las respuestas que he recibido son pasivas y negligentes. No quiero pensar que se quiera dejar esto en la impunidad. No dejaré este tema”, expresó el diputado Villalta.
Comunicado del 12 de junio de 2013
