“Es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía”, afirmó
El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, elaboró el proyecto “Reforma del Artículo 110 de la Constitución Política. Eliminación de la inmunidad de miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción”, con el fin de eliminar, de la Carta Magna, el fuero de inmunidad que protege a las diputadas y los diputados, así como a los demás miembros de los supremos poderes, cuando existan en su contra acciones penales por delitos de corrupción.
“El objetivo de la inmunidad es evitar que se utilicen las acusaciones y demandas injustificadas como un mecanismo para obstruir la labor de las y los integrantes de los Supremos Poderes. Se parte del principio de que quienes ostentan altos cargos dentro de la jerarquía del Estado solo deben someterse a procesos penales cuando existan indicios suficientes de que la causa por la comisión de un delito se encuentra bien fundamentada y no es un mero ardid para impedir que el funcionario o funcionaria desempeñe sus labores o un burdo caso de persecución política”, explicó el diputado.
Actualmente, una persona que integra los Supremos Poderes no puede ser detenida ni procesada penalmente sin la autorización previa de la Asamblea Legislativa, que, mediante votación de dos terceras partes de sus integrantes, declare que hay lugar a la formación de una causa penal contra ella, como indican los artículos 110 y 121 incisos 9) y 10) de la Constitución Política.
Sin embargo, añadió Villalta, ese fuero especial tiene debilidades. “Es posible que las fuerzas políticas mayoritarias utilicen la inmunidad como un escudo para impedir la investigación de cualquier hecho delictivo cometido por integrantes de los Supremos Poderes. En efecto, un uso abusivo del fuero de improcedibilidad penal puede impedir que se investiguen, se juzguen y se sancionen hechos delictivos graves cometidos por quienes ocupan los más altos cargos de la jerarquía del Estado, convirtiendo una prerrogativa necesaria en un privilegio odioso. En estos casos, una fracción legislativa que tiene veinte o más diputados podría bloquear cualquier investigación, aunque se encuentre debidamente justificada. Ese bloqueo puede darse por intereses corporativos y partidarios o incluso por cálculo político. En tales casos, la inmunidad puede convertirse en impunidad”, argumentó.
De acuerdo con Villalta, “la imposibilidad de investigar infracciones inmediatamente después de recibida una denuncia puede significar la diferencia entre una investigación exitosa y una truncada. El paso del tiempo, permite ocultar indicios y desaparecer pruebas, sobretodo si se ostenta una posición de poder. Mientras más tiempo tarde en iniciarse la investigación es más difícil que prospere, especialmente si tampoco es posible ejecutar actos para recabar prueba o aplicar medidas cautelares indispensables, como un allanamiento o la suspensión de la persona investigada del cargo público que ocupa. Al permitirle continuar en el cargo a pesar de estar siendo investigados por casos de corrupción, la inmunidad le otorga vía libre para seguir utilizando su posición de poder, por ejemplo, con el fin de intimidar a subalternos y a otras personas que podrían aportar su testimonio al proceso.”
El parlamentario recordó que el Banco Mundial ha estimado que el costo de la corrupción global, -cuantificando únicamente el pago de sobornos- es de aproximadamente 1 trillón de dólares, es decir, 1.000 billones de dólares anuales. De acuerdo con el estudio de Acuña-Alfaro y de Transparencia Internacional Costa Rica, tomando como base las estimaciones del Banco Mundial en relación con el porcentaje de sobornos del 3% de la economía mundial y considerando que la economía costarricense registra un Producto Interno Bruto de 16.1 billones de dólares “se podría estimar que la corrupción en nuestro país puede representar 483 millones de dólares (US$483,000,000) aproximadamente” (Impacto y costos de la corrupción en el desarrollo, 2004). Según este estudio, considerando los últimos seis casos más graves de corrupción ocurridos en los últimos años se habría ocasionado una pérdida al país de más de ciento cincuenta mil millones de colones ¢150,377,500,000). Si se aplica ese 3% al PIB del año 2011 para actualizar la cifra, actualmente la corrupción por sobornos puede estimarse en $660 millones.
“Nuestra población exige mayor participación y mayor transparencia en manejo de los asuntos públicos. Cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de los instrumentos de la rendición de cuentas. Y como nunca antes hay conciencia y preocupación por daño social que causa un fenómeno que amenaza con destruir nuestras instituciones: la corrupción”, enfatizó.
Finalmente, el diputado del Frente Amplio exhortó a los partidos políticos representados en el Parlamento a que respalden su iniciativa con el fin de enviar a la población una clara señal de su voluntad política para acabar con la impunidad.
