El Diputado José María Villalta rechazó y apeló los argumentos dados por la Dirección Financiera de la Asamblea Legislativa para impedir su renuncia al aumento salarial semestral de ¢150.000, al que calificó de “injusto y desproporcionado”, con lo cual su solicitud deberá ser ahora estudiada por la Dirección Ejecutiva y el Directorio de la Asamblea Legislativa.
En el Oficio No. DF-0295-04-2012, fechado el 19 de abril del corriente, el Director Financiero de la Asamblea, Mario Delgado, comunica al diputado José María Villalta que no se acepta su renuncia a ese aumento salarial debido a que, según el Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea, prevalece la “Tesis sobre la obligación social solidaria, imposibilidad de renunciar al aumento”, según la cual tal renuncia implicaría a su vez renunciar a sus obligaciones con la Seguridad Social, la que dejaría de recibir las contribuciones que por ley le corresponderían según el aumento.
Ese argumento “no es de recibo”, responde el diputado del Frente Amplio, porque “dichas obligaciones se generan en razón de lo efectivamente percibido por concepto de remuneración, de ahí que continuaré cumpliendo con mis obligaciones de conformidad a como lo he venido haciendo hasta el momento.”
Y agrega que “siguiendo esa lógica perversa (que interpreta que al no aceptar el aumento se está afectando a la Caja Costarricense del Seguro Social), al Gobierno le debería estar prohibido por ley congelar plazas del sector público, porque durante todo el tiempo en que estén vacantes, la seguridad social deja de percibir la contribución correspondiente.”
Según la Dirección Financiera, “no sería posible en tesis de principio, la renuncia al aumento en la remuneración, pues ello implicaría la posibilidad subjetiva de decidir sobre los porcentajes de deducción dirigidos a la seguridad social y al pago de obligaciones tales como el impuesto sobre la renta.”
Sin embargo, para el parlamentario tal argumentación “es falsa” porque la no aplicación del aumento no le otorga la más mínima posibilidad subjetiva de “decidir sobre los porcentajes de deducción”, pues están fijados por ley. La cuota obrero-patronal es un 9,17% de las remuneraciones efectivamente percibidas. Y el Impuesto sobre la Renta para los diputados, sobre sus remuneraciones, es de 15%.
“Es absurdo afirmar que dichos porcentajes varían. Por el contrario, si la base salarial es menor porque no se aplica un aumento injusto y desproporcionado, el porcentaje de contribución a la CCSS y a Tributación Directa será el mismo, porque este debe calcularse con base en la remuneración efectivamente percibida”, replica Villalta.
Para el parlamentario, lo que se persigue al impedir que los diputados que han manifestado su decisión de renunciar al aumento, lo hagan, es proteger a los que no tienen escrúpulos en recibirlo.
“Este es un aumento injusto y desproporcionado. Es un aumento indefendible. Y resulta contradictorio que haya diputados que lo acepten cuando al resto del sector público se le aprueba un aumento de apenas ¢5.000, y cuando se aumentan los impuestos, se habla de recortar presupuestos públicos y de congelar plazas para hacer frente a la crisis fiscal”, enfatizó.
Ahora, la solicitud del diputado Villalta deberá ser vista por la Dirección Ejecutiva y el Directorio de la Asamblea.
Comunicado de Prensa
Respuesta del Diputado Villalta a la resolución de la Asamblea Legislativa
