- Discurso del Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio. 3 de mayo del 2016
Para el Frente Amplio, convertirse, a partir del 2014, en la fuerza política de mayor crecimiento en el país (800%), que significó pasar a ser la tercera fracción más numerosa de esta Asamblea Legislativa, implica una enorme responsabilidad histórica. Ser el Jefe de Fracción de esa fuerza política en los dos primeros y más duros años de aprendizaje, es una tarea titánica. Nuestro más sentido reconocimiento al compañero Gerardo Vargas Varela por habernos conducido hasta aquí con evidente buen tino. Su apoyo y consejo, a lo largo de este año, serán claves en nuestro accionar. Gracias a los demás compañeros diputados y compañeras diputadas por la confianza que han depositado en mí. Será un año en el que estaremos permanentemente enfocados en el esfuerzo por llenar las expectativas que tanto ustedes como mucha militancia y simpatizantes frenteamplistas han puesto en este servidor. Espero estar a la altura de esta enorme prueba.
Un partido con vocación de gobierno tiene que saber construir alianzas con los distintos sectores de la sociedad, cuando ello apuntale las propuestas comprometidas con el electorado, sin renunciar nunca a sus principios. Esos no se negocian. Si pretendemos llegar al gobierno, -como llegaremos-, debemos tener claro que su ejercicio pasa por generar diálogos constructivos con las más diversas fuerzas. Con actitud responsable, debemos entender que la oposición no es simplemente ponerle palos a la carreta, sólo para dejar en mal a un determinado gobierno. De este servidor pueden esperar, todos los sectores, la escucha atenta y la acción constructiva permanente; el diálogo franco, abierto, sincero y transparente. Sean bienvenidas todas aquellas fuerzas políticas aquí representadas, que decidan entrar en ese juego democrático, en el que nuestro principal reto será mantener la coherencia entre los que decimos y lo que hacemos, como nuestro principal capital político.
Esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es la principal falencia de una fuerza política que se apreciaba como progresista cuando llegó al Gobierno en el 2014, y que de acuerdo con su propio discurso, suponía una ruptura del modelo neoliberal depredador, que durante los últimos treinta años promovió la enorme desigualdad que hoy vive nuestro país.
Para el primer año de nuestra gestión legislativa, recién ingresado este gobierno, optamos por darles la oportunidad para que llevaran adelante lo que habían prometido en campaña y permitimos que esa fuerza dirigiera este Parlamento; por supuesto, que sin renunciar nosotros al papel que siempre hemos ejercido como oposición responsable, denunciando la corrupción, los abusos en la función pública y los atentados contra nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Ha pasado el tiempo y los cambios prometidos no han llegado. Más bien, comprobamos con indignación cómo el Presidente Solís se ha venido desgastando, repitiendo las recetas pasadas, que motivaron a la gente a buscar el cambio que les permitió llegar al gobierno, que no al poder, necesariamente.
Nuestra actitud como Fracción responsable, fue maliciosamente distorsionada por oscuros intereses, que aprovecharon la oportunidad de vincular al Frente Amplio con las equivocaciones del Partido Acción Ciudadana, mediante el invento de un tal cogobierno. Nada más absolutamente falso.
El verdadero cogobierno lo conforman quienes ocupan puestos en el Directorio Legislativo y en ministerios e instituciones. Son el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, que claramente no han cortado sus hilos de poder, tejidos en treinta años de cogobierno disfrazado de bipartidismo y que se han encargado de frenar cualquier intento de cambio progresista en nuestras instituciones. El tiempo y el actuar de la administración Solís Rivera, nos ha permitido evaluarlo desde nuestra óptica y percibir que aún está amarrado a esos hilos de poder.
Sin embargo, el Frente Amplio seguirá apoyando aquellas propuestas que, -vengan de donde vengan-, contribuyan a reducir la desigualdad creciente en nuestro país, con justicia social y ambiental, con equidad de género e inclusión de minorías marginadas en nuestra sociedad.
Esas propuestas, parafraseando a nuestro guía José Merino del Río, tendrán nuestra mano abierta y amistosa, para construir ese país justo, próspero y solidario que soñamos. Pero tendrán así también nuestro puño cerrado, para luchar con todas nuestras fuerzas, aquellas iniciativas que quieren golpear a los sectores más vulnerables de nuestra población, mediante la profundización de este modelo neoliberal, excluyente y depredador de nuestra Madre Tierra, o abusando del ejercicio de la función pública.
El día domingo pasado conformamos en esta Asamblea Legislativa un Bloque Progresista dispuesto a impulsar propuestas que en temas fiscales y de otra índole, buscan fortalecer nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Nos comprometimos a impulsar una agenda fiscal que combata el déficit de manera progresiva y que aumentará los ingresos del Estado poniendo a pagar a los que nunca han pagado en este país; sea al gran capital y al sector más rico de nuestra sociedad. No habrá vía rápida, ni pasará ninguna iniciativa que disfrazada de contención del gasto, pretenda violentar los derechos laborales.
Nuestra prioridad, que se mantiene más vigente que nunca, es: “Reducir la desigualdad social y luchar contra la pobreza”, porque hoy, como nunca antes, la desigualdad económica se ha ampliado y nos coloca como uno de los países más desiguales de América, en el que cada vez menos tienen más y más tienen menos.
La desigualdad y la pobreza se combaten con el establecimiento de un modelo tributario progresivo, que ponga a pagar proporcionalmente más a los que más tienen. Se combate con un sistema de recaudación eficaz, que ponga a pagar a los grandes elusores y evasores.
El Frente Amplio ha propuesto una agenda para iniciar la discusión en este Parlamento de una reforma fiscal que permita cerrar los portillos que facilitan la evasión y elusión fiscal; una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, que evite cargar con más impuestos a la población de ingresos bajos y medios, que históricamente han llevado la carga tributaria de este país.
Por supuesto que se deben erradicar los privilegios odiosos en el Sector Público, establecidos por y para el disfrute de una casta política que se creó y se alimentó de treinta años de bipartidismo; pero debe quedar absolutamente claro, que el déficit y la pobreza no son causados ni por el empleo público, ni por los derechos laborales que ha conquistado con sudor y sangre la clase trabajadora de este país. El déficit que se les achaca y que es un problema que debe atenderse, tiene por causas la perdida de ingresos tributarios derivada de los TLCs; la evasión fiscal; lo poco que tributan las grandes rentas y riquezas, sobre todo las del 1% super rico de la población y los desmemoriados sinvergüenzas corruptos, muchos vinculados con la clase político-empresarial bipartidista, que saqueó este país en los últimos treinta años.
Por responsabilidad con las actuales y futuras generaciones, es necesario abandonar los discursos irresponsables, tanto desde la derecha neoliberal, como desde la izquierda irracional. En las circunstancias económicas actuales de nuestro Estado, la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos se irá incrementando cada vez más de manera insostenible. Si no hacemos algo para compensar ese déficit mediante el aumento de los ingresos del Estado con una reforma fiscal progresista y orientada hacia la redistribución de la riqueza, lo resolverán las elites político-económicas con una reforma fiscal neoliberal que deteriorará la calidad de los servicios públicos, eliminará los programas sociales de combate a la pobreza, afectará las pensiones, (no hablamos de las de lujo) y acabara con inversión en educación pública e infraestructura.
Pero además, si no hacemos algo, tendremos que buscar el financiamiento de los Organismos Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), que nos impondrán sus condiciones, con recetas añejas que ya conocemos, aumentarán la desigualdad y la pobreza.
No es cierto que el déficit fiscal se resuelva con recortismo presupuestario austericida. Es una solución inviable y con efectos económicos profundamente negativos. Detener el crecimiento de la deuda pública exclusivamente mediante recortes al Presupuesto, implicará mucho menor dinero en la economía y por tanto menor crecimiento económico y más pobreza. Implicará despedir a más de 60 mil trabajadores y trabajadoras, incluyendo, necesariamente, a educadores y educadoras, y policías, aumentando el desempleo a un 12,3%.
Queremos que la clase trabajadora de este país, tanto del sector público, como del privado, tenga muy claro que el Frente Amplio se opondrá con fuerza a los proyectos de ley que pretendan hacer retroceder las conquistas laborales de nuestro pueblo. Nos opondremos a todos los proyectos que busquen golpear los derechos fundamentales de las personas, particularmente aquellos proyectos que con piel de oveja, esconden lobos hambrientos por arrebatar derechos laborales.
Los problemas del desempleo y la falta de oportunidades jamás podrán resolverse precarizando las condiciones laborales de quienes ya ejercen su derecho al trabajo. En esa dirección se inscriben nuestros esfuerzos que contribuyeron para lograr que la Reforma Procesal Laboral sea hoy ley de la República. Miles de trabajadores y trabajadoras no tendrán que pasar esos largos calvarios para hacer valer sus derechos laborales; todo ello sin permitir el más mínimo retroceso en el sagrado derecho a huelga, con todo respeto a la opinión contraria de algunos sectores que se han pronunciado con reservas en los temas de huelga.
En este contexto celebramos el logro de la aprobación de nuestra propuesta de reforma a la Ley de Arrendamientos, planteada por nuestro compañero José María Villalta, que pone tope a los aumentos en los alquileres de vivienda y representa un enorme alivio para más de 225 mil familias, muchísimas de ellas trabajadoras, que no pueden tener casa propia y que dejarán de pagar un aumento del 15 por ciento anual, para pagar un porcentaje igual al aumento de la inflación, que del 2012 al 2015 ha promediado el 3,14%. Muchísimas de esas familias trabajadoras tenían que dejar su casa alquilada antes de la finalización del contrato, porque simplemente a esas familias los aumentos salariales sí eran cercanos o a veces por debajo del costo de la vida.
Celebramos la valoración del trabajo doméstico no remunerado, mediante la Ley de Cuentas Satélites, que permite que el trabajo de tantas personas, principalmente mujeres, no siga invisibilizado y se reconozca su aporte real a la creación de riqueza nacional.
Reducir la desigualdad y la pobreza pasa por el fortalecimiento permanente de nuestra seguridad social. Nuestros seguros de salud y pensiones, ejemplo en el mundo, golpeados permanentemente por las fuerzas privatizadoras, que ven ahí solo un negocio, deben ser defendidos con el rescate y refundación de la Caja Costarricense del Seguro Social y hacia ahí se continuarán dirigiendo nuestros esfuerzos, denunciando y demandando judicialmente, -cuando no nos dejan más opción- los incumplimientos del Estado con la seguridad social y promoviendo el fortalecimiento de su capacidad de cobro. Debe la Caja eso sí, poner de su parte; mejorar su eficiencia y adaptarse a un empresariado micro y pequeño que ante su inflexibilidad opta por la informalidad en el aseguramiento.
Urge poner en raya a este modelo extractivista depredador de nuestra Madre Tierra. A esta guerra no declarada contra la naturaleza, que al fin y al cabo es una guerra contra nosotros y nosotras, contra nuestros hijos e hijas y todas las generaciones futuras. Ante tan descomunal reto, todo aporte suma. Debemos enfocarnos en la defensa de nuestra agua. Urge declarar el dominio público del agua en nuestra Constitución Política; urge que se declare el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano. Urge la aprobación de legislación fuerte y efectiva que ponga orden en el uso del agua y permita combatir el abuso y resolver los conflictos cada vez más crecientes que genera su uso en nuestras comunidades. En ese sentido seguiremos dirigiendo todos nuestros esfuerzos en estos dos años que nos quedan.
La aprobación de la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional, que asegura la efectiva protección de varias especies de tortugas, principalmente la tortuga lora, mientras le da seguridad jurídica a sus humildes habitantes, que tienen ahí su techo y su medio de subsistencia desde hace por lo menos 100 años. Queda pendiente aún el proyecto que dé seguridad jurídica a las comunidades que habitan los territorios costeros.
Aunque aún no es ley, el proyecto ya aprobado en primer debate, de fortalecimiento al INCOFER y la construcción del Tren Eléctrico Inter Urbano, presentado originalmente por el Frente Amplio, brinda la esperanza de alivio a miles de personas que día a día sufren en su calidad de vida el congestionamiento vial y la contaminación ambiental.
El Frente Amplio ha hecho un aporte importante al proyecto contra el maltrato animal, que ha permitido un texto técnicamente viable y armónico entre la protección animal y la seguridad alimentaria, al no afectar la producción agropecuaria.
Urge que miremos a Costa Rica en su diversidad y que mantengamos los esfuerzos para la materialización de los derechos humanos de los sectores y minorías históricamente excluidas y más necesitadas de la atención solidaria del Estado. Hacia allí se enfilarán también nuestros esfuerzos.
Con mucha responsabilidad nos hemos opuesto al Tratado de Protección de Inversiones con China. Como todos esos tratados de protección de inversiones, exponen nuestra soberanía, condicionan nuestra política pública por amenazas de demandas internacionales millonarias, que en su sola atención genera un enorme gasto público. No olvidemos que se crean súperciudadanos, denominados inversionistas extranjeros, con una serie de privilegios que colocan al empresariado nacional, y en general a la población costarricense, en franca desventaja; como ciudadanía de segunda categoría.
Al proyecto de Educación Dual lo maquillan como un programa beneficioso para la juventud y le endulzan el oído a un sector ávido de oportunidades. Le hemos metido el bisturí y le hemos encontrando artículos ocultos y tramposos, que engañan a la población y legitiman la explotación laboral.
De igual manera, porque es parte del mandato de legisladoras y legisladores, pero sobre todo porque es parte de la esencia del Frente Amplio, hemos acompañado las luchas de las comunidades en cientos de casos de denuncias ambientales, laborales y de violación a los derechos fundamentales, y hemos respaldado acciones de los sectores sociales que presionan por la aprobación de proyectos de ley.
Seguiremos denunciando la criminalización de la protesta social y la violencia que sufren las personas que defienden los derechos humanos y la defensa de la Madre Tierra.
El Frente Amplio vino para adecentar la política nacional y para ganar la política para la gente. Esperamos que junto con otras fracciones o grupos de fracciones progresistas, podamos dejar un legado positivo que logre responder a las expectativas que el pueblo depositó en nosotros. Y sobre todo, que permita que este pueblo, en especial las nuevas generaciones, mantengan la esperanza de que es posible construir ese país que soñamos de oportunidades para todas y para todos.
