El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, exigió hoy la destitución del Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Guillermo Constenla, y la intervención de ese Instituto por la Contraloría General de la República (CGR), a raíz de que una auditoría realizada por esta entidad encontró la existencia de mal manejo y pérdida de fondos públicos del Seguro de Riesgos del Trabajo (SRT).
La investigación de la Contraloría se desarrolló luego de que el parlamentario del Frente Amplio presentara sendas denuncias contra el INS, a la CGR y a la Inspección General del Trabajo, el 5 de octubre del 2012, por graves violaciones cometidas contra la Constitución y el Código de Trabajo, con respecto al cobro del SRT.
El diputado acompañó sus denuncias con numerosa documentación de directrices institucionales y de casos concretos que muestran la adopción, por parte del INS, de una política de “flexibilización” indebida y contraria a la ley en el cobro de las deudas por concepto de ese seguro a las empresas que, por su importancia económica, son catalogadas por este Instituto como “clientes estratégicos”.
Entre las empresas que recibieron tratamientos “especiales” se encuentran COMPEX Centroamericana S. A., la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L, y Extrusiones de Aluminio S. A.
“Para favorecer a estas empresas y promover que sigan adquiriendo los seguros comerciales que vende el INS, esta institución estaría omitiendo sistemáticamente el cobro de deudas con el citado seguro social, modificándolas o condonándolas, lo que, además de poner en riesgo la sostenibilidad de este seguro social y violentar la legislación especial que regula dicho seguro, constituye una desviación de recursos que le pertenecen, hacia los seguros comerciales, en clara violación de los principios derivados del artículo 73 de la Constitución Política”, agregó.
Villalta advirtió que esto ocurre cuando, simultáneamente, el INS ha documentado que las deudas por cobrar por concepto de este Seguro, a julio del año 2009,
ascendían a unos ¢13´596.930.784,94 (trece mil quinientos noventaiséis millones novecientos treinta mil setecientos ochentaicuatro colones con 94 centavos).
El parlamentario solicitó a la Contraloría realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y documentados, “que claramente constituyen una práctica sistemática de desviación y manejo indebido de fondos públicos en perjuicio de los seguros sociales.”
Además, le pidió proceder a determinar las responsabilidades de los funcionarios
involucrados y “adoptar medidas urgentes para detener las actuaciones ilegales del INS que vienen lesionando al Seguro de Riesgo del Trabajo y debilitando su patrimonio.”
Esta semana, la Contraloría dio a conocer su informe de fiscalización DFOE–EC–IF–01—2013, del 11 de febrero del corriente, titulado “Auditoria de carácter especial ejecutada en el Instituto Nacional De Seguros (INS) relacionada con la gestión de cobro de los costos generados por los casos no asegurados del Seguro de Riesgos del Trabajo”, en el cual, entre otras irregularidades, efectivamente concluyó que debido a que “la recuperación de los costos de atención generados por los trabajadores no asegurados del seguro de riesgos de trabajo no haya tenido la eficacia requerida, va en detrimento del debido resguardo de los fondos públicos que corresponde ejercer al INS.”
“Es flagrante el incumplimiento de deberes por parte del Presidente Ejecutivo del INS para cobrar y resguardar los fondos de un seguro solidario como es el Seguro de Riesgos del Trabajo. Esto forma parte de la voluntad política de desmantelar este seguro solidario, con el fin de atraer a grandes clientes de los seguros comerciales. Por eso, el señor Constenla debe ser separado de su cargo, y el INS debe ser intervenido por la Contraloría y por la Superintendencia de Seguros para volver a enrumbar al Instituto para que cumpla la función que le asigna la Constitución”, dijo el diputado Villalta.
