José María Villalta Floréz-Estrada*
Mientras los antimotines que protegen el acueducto privado del grupo Mapache garrotean al pueblo de Sardinal, el Gobierno de los hermanos Arias hace público su nuevo proyecto de “Ley de Recurso Hídrico”, que expresamente elimina el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.
¿Coincidencia? De ninguna manera. Lo que está pasando en Sardinal no es otra cosa que un nuevo capítulo de la guerra por el agua que ya estamos viviendo en Costa Rica. Son muchas las comunidades que han sufrido o sufren conflictos similares por el derecho a usar el agua, incluyendo la necesidad de conservarla libre de contaminación y sobreexplotación: Huacas y Lorena en Santa Cruz, Monteverde en Puntarenas, Milano, El Cairo y La Francia de Siquirres, La Perla de Guácimo, Poás y Desamparados de Alajuela, Barva de Heredia, entre muchas otras.
La lista es interminable. Las circunstancias de cada caso pueden variar. Pero en todos el común denominador es el mismo. La contradicción insostenible entre los derechos más elementales de la gente, de las comunidades locales y la voracidad de poderosos grupos económicos, en su mayoría trasnacionales, que presionan por la explotación intensiva de los recursos naturales para sus megaproyectos turísticos, inmobiliarios, de monocultivos o de industrias extractivas. En el fondo lo que está en discusión es si el agua es y seguirá siendo algo más que una simple mercancía.
¿Por qué protesta la gente de Sardinal? Como consecuencia de la proliferación descontrolada de proyectos inmobiliarios construidos sin permisos en regla y sin ningún tipo de planificación ni estudios previos, se han sobreexplotado al límite del agotamiento los acuíferos que abastecen de agua a la zona de playas del Coco y Ocotal (cantón de Carrillo) La explotación irracional de los recursos naturales se ha llevado al extremo de que se han construido nuevas urbanizaciones y condominios de lujo donde sencillamente no existe posibilidad de extraer más agua. Ante esta realidad, la “solución” encontrada por el Gobierno y los dueños del negocio, ha sido la construcción de un acueducto privado para traer agua de otras regiones hacia sus proyectos, en este caso, de los acuíferos que abastecen al pueblo de Sardinal.
Con tal fin 22 inversionistas vinculados al Grupo Mapache y agrupados en una sociedad denominada “Cocowater”, firmaron y una “carta de entendimiento” con el AYA y constituyeron un fideicomiso para financiar la construcción del acueducto privado. Los funcionarios de esta institución, que durante años se ha olvidado de dar mantenimiento al acueducto público de Sardinal, no han escatimado esfuerzos ni recursos para favorecer el proyecto privado de “Cocowater”, incluyendo prestar el nombre de AYA para facilitarles la evasión de requisitos legales.
Las obras se iniciaron sin contar con los permisos municipales y una evaluación de impacto ambiental debidamente aprobada. Los estudios realizados por AYA (con fondos públicos) para justificar la extracción de agua son parciales e incompletos. No contemplan el impacto acumulado sobre los acuíferos de la gran cantidad de proyectos que se están construyendo en la zona. El SENARA, la institución que cuenta con el conocimiento especializado en materia de aguas subterráneas ha denunciado que su criterio nunca fue tomado en cuenta para determinar la viabilidad del proyecto. La auditoría interna de AYA ha detectado graves irregularidades en el mismo.
Sardinal es un pueblo pacífico. Pero ya es demasiado el abuso, el irrespeto y la arbitrariedad. Con indignación, estos pobladores ven como los mismos que se han apoderado de prácticamente toda la zona costera y los han ido desplazando de las mejores tierras, ahora también quieren llevarse el agua que necesita la comunidad.
Por eso se están levantando en todo el territorio nacional cada vez más comunidades como el valiente pueblo de Sardinal. Pelean por su derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano, por su derecho a satisfacer sus necesidades básicas, pero también por su derecho a no ser forzados a abandonar los territorios que habitan, a decidir como se utilizarán y protegerán los recursos naturales ubicados en esos territorios, a definir su propio modelo de desarrollo.
Sin embargo, estos derechos sencillamente no existen para los políticos-empresarios que conciben el agua como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. Para ellos lo importante no es quién necesita agua, sino quién puede pagarla. Si pagaron por el agua “les pertenece”, aunque quieran usarla para regar canchas de golf ubicadas en la región más seca del país, para llenar las piscinas de sus lujosos condominios con “ocean view” construidos sin planificación alguna o para continuar con el multimillonario negocio del agua embotellada. No importa si con ello se amenaza la subsistencia de los ecosistemas o se pone en peligro el abastecimiento de las poblaciones.
En esta lógica mercantilista, que es la lógica del TLC, rige la máxima “primero en tiempo, primero en derecho”. Si las trasnacionales consiguieron primero los derechos para explotar el agua, de ellas será este elemento vital. Para nada interesa que las comunidades humildes que necesitan el agua para vivir, no cuenten con ejércitos de abogados, con sus amenazas de demandas internacionales y sus convenios “a la medida”, o con los millones necesarios para comprar y poner instituciones públicas creadas para servir al pueblo a exclusivo servicio de sus negocios o con los “contactos” que resultan de financiar las campañas políticas de los hermanos Arias y sus testaferros. Es la ley de la jungla, donde el más fuerte se come al débil. Y si esas comunidades no pueden competir por el agua con el Grupo Mapache, saladas…
De ahí que no sorprende que el Gobierno haya bloqueado y congelado durante dos años la nueva Ley de Recurso Hídrico que se encontraba muy cerca de ser votada al final de la administración anterior. Un proyecto de ley que fue ampliamente discutido, consultado y consensuado con las comunidades locales y con un amplísimo grupo de sectores y organizaciones sociales de todo el país; y que, sin ser perfecto, implicaba avances innegables.
Dentro de estos avances, destaca lo que dicha propuesta dice en su artículo 2.a): “Derecho Humano de acceso al agua: El acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad adecuadas es un derecho humano, indispensable para satisfacer necesidades básicas del ser humano.”
Así las cosas, tampoco extraña –aunque sí indigna- que, como primerísima medida, el Gobierno del Premio Nobel de la Paz proponga eliminar de plano este artículo en su propuesta para modificar el proyecto de Ley de Recurso Hídrico.
Con cinismo, el Ministro Dobles llama “texto mejorado” a esta propuesta que nunca se hizo pública durante el debate sobre el TLC. Mejorado para las trasnacionales. Y es que ¿se imaginan a los mercaderes del agua lidiando con el reconocimiento por parte del Estado costarricense de que el acceso a dicho elemento es un derecho humano? Por supuesto que tenían que borrar del mapa una cosa así.
Es que si en Costa Rica de verdad se reconociera y se respetara este derecho, simplemente sería imposible que ocurriera lo que está ocurriendo en Sardinal.
Los condominios de lujo jamás podrían ser prioridad sobre las necesidades de la gente. Solo se autorizarían proyectos debidamente planificados y consultados con las comunidades afectadas. No se otorgarían permisos para proyectos insostenibles, que implican la sobreexplotación del agua y los demás recursos naturales. Sería impensable que se permitiera la perforación de pozos para extraer el agua que necesitan las y los habitantes de pueblos como Sardinal y las generaciones futuras, sin estudios técnicos integrales hechos por entes competentes que descarten de forma fehaciente cualquier impacto negativo para el ambiente y los derechos de las comunidades. El AYA, las municipalidades y las demás instituciones públicas destinarían todas sus energías y recursos a mejorar los abandonados acueductos que abastecen a las poblaciones locales y a proteger lo acuíferos seriamente amenazados. No quedaría tiempo para convenios y demás matráfulas ilegales destinadas a favorecer negocios privados con recursos públicos.
Hoy como nunca antes la lucha del pueblo de Sardinal es la lucha de todas y todos los habitantes de Costa Rica. No solo por solidaridad elemental, sino porque como nunca antes hoy podemos afirmar que Sardinal es Costa Rica.
Aunque todavía hay gente que cree que lo ocurrido con el agua en Guanacaste no va a suceder en otras regiones del país como el Valle Central, la realidad es muy distinta. Hay estudios realizados por el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA que concluyen que la extracción de agua de los acuíferos Barva y Colima “es superior a la recarga por lo que la situación real en cuanto a la disponibilidad del agua es critica en el Valle Central en lo que se refiere al abastecimiento de agua para la población, esto sin considerar parte de los pozos ilegales no registrados en el Archivo Nacional de Pozos. De igual manera es preocupante el crecimiento del proceso urbanístico hacia la zona norte del sistema acuífero, lo que estará provocando una disminución en la recarga y aumento de la contaminación de las fuentes de agua.” Es decir, ya hoy en día se está explotando más agua que la que naturalmente se recarga, de las fuentes que abastecen a la mayor parte de la población del Gran Área Metropolitana.
¿Ante tan grave amenaza, qué ha hecho el Gobierno? Además de afirmar que tenemos agua de sobra hasta para abastecer a China (¿?) y promover nuevos proyectos para explotar las reservas de agua en la zona del volcán Barva, propone desmantelar el Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA para trasladar sus recursos a una “sociedad anónima” que se dedicará a vender servicios a las trasnacionales.
De manera que lo que sufre el pueblo de Sardinal es un adelanto de lo que nos espera al resto de las y los costarricenses si no asumimos la lucha de esta comunidad como una lucha nacional.
Guerra contra la naturaleza, guerra contra las comunidades es la receta del Gobierno. Leyes infames y represión contra quienes resisten, las armas utilizadas. Además de la política del memorando del miedo.
Así que ha llegado la hora de actuar. Apoyemos con todos los recursos a nuestro alcance la lucha por el agua del pueblo de Sardinal y de otras comunidades que enfrentan problemas similares. Con nuestra presencia física. Con donaciones de dinero. Con acciones legales. Con denuncias públicas, volantes, afiches, cadenas informativas. Con movilizaciones y acciones de solidaridad en otras regiones del país.
Apoyemos también la iniciativa popular lanzada por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) para que el pueblo presente de forma directa un proyecto de Ley de Recurso Hídrico que sí respete el derecho humano de acceso al agua. Firmemos. Recojamos firmas.
Exijamos que el derecho humano de acceso al agua no solo se establezca en la ley, sino que además se incorpore expresamente en la Constitución Política. Ya hay una reforma constitucional con este objetivo presentada por el diputado José Merino. Pero ese proyecto estará enterrado hasta que no presionemos para que la Asamblea lo conozca.
Pero sobretodo no nos quedemos inmóviles, indiferentes. No permitamos que estas mafias se salgan con la suya.
* Asesor legislativo del Frente Amplio.
