545 afiliados al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, SINTRAJAP, desafiaron las amenazas patronales y rechazaron por unanimidad el sobono de 137 millones dólares a cambio de privatizar los puertos del Caribe. En esta asamblea también ratificaron a la Junta Directiva electa en enero del 2009, desconociendo al mismo tiempo al grupo impuesto por la administración Arias Sánchez.
El pasado 4 de marzo, a las 5 de la tarde el mítico salón del Black Star Line, que otrora albergara a los movimientos de afirmación de la identidad afrolimonense, acogió a cerca de 700 personas entre afiliados y delegaciones solidarias de sindicatos, ecologistas, comités patrioticos, estudiantes y representantes de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, que se reunieron convocados por la Junta Directiva para evidenciar el apoyo mayoritario a la defensa de los puertos y el respeto a la autonomía y libertades sindicales.
Previa comprobación del quorum y aprobación del acta de la última asamblea legalmente realizada a inicios del 2009, la plenaria analizó los hechos ocurridos el 8, 15 y 29 de enero respectivamente, en los cuales el autodenominado grupo mediador respaldado por la administración de JAPDEVA y el gobierno, usurpó la representación del sindicato. Esos hechos fueron repudiados de manera unánime en un claro respaldo a la legítima directiva de SINTRAJAP.
En cumplimiento de los requisitos formales de la asamblea se conocieron y aprobaron los informes de labores de los secretarios general y de finanzas, para dar paso a uno de puntos medulares de la agenda: el análisis de la oferta del gobierno de pagar 137 millones de dólares a las y los trabajadores a cambio de la renuncia a la convención colectiva y la anuencia a la privatización de los puertos de Limón y Moín.
Antes de pronunciarse sobre la propuesta gubernamental, 544 asambleístas optaron por hacer público su voto, mientras que una sola persona se pronunció por hacerlo de manera secreta. Fue así como el pleno de la asamblea por aclamación, rechazó definitivamente la oferta del gobierno.
Seguidamente, el Secretario General, Ronaldo Blear mocionó para que la asamblea rechazara cualquier intento de privatización, dejando claro que la modernización de los puertos es tarea exclusiva del Estado. Nuevamente la propuesta se aprobó por unanimidad.
Posteriormente se nombró un Comité de Etica, se ratificó alTribunal Electoral del sindicato y se nombró a un grupo de 5 personas representantes de los distintos setores laborales, para que acompañe a la Junta Directiva en eventuales negociacines con el gobierno.
En contraste con la fría llovizna que caía sobre la ciudad de Limón, el ambiente del Liberty Hall hervía de entusiasmo con las manifestaciones de apoyo de los cientos de asambleístas que se sentían identificados con su sindicato y con la lucha que llevan a cabo por su derecho al trabajo y en defensa de un patrimonio que reconocen como de todos los costarricenses.
Tal y como lo resaltó el diputado electo por el Frente Amplio, José María Villata, estos trabajadores y trabajadoras, así como su dirigencia, “son la reserva moral y de dignidad de este país”.
