-Comunicado de la Comisión Política del Frente Amplio.
Desde la Comisión Política del Frente Amplio manifestamos nuestras dudas e inquietudes acerca de la efectividad y voluntad real del diálogo propuesto a través de la iniciativa “Costa Rica escucha, propone y dialoga” presentada por la administración Alvarado Quesada. La informalidad del procedimiento propuesto crea serias dudas sobre la posibilidad de alcanzar resultados tangibles.
Tras cinco meses desde que inició la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, ha sido evidente el favoritismo del presidente Alvarado para con las élites y sectores económicos más poderosos del país, organizados en la UCCAEP y el grupo Horizonte Positivo, los que, en algunos casos, no solo no han tenido pérdidas, sino que han reportado enormes ganancias en el marco de la pandemia. Dicho contubernio, lejos de mermar, se ha fortalecido de manera bochornosa en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida democrática. Hoy, es más claro que nunca quiénes mandan en Zapote. La existencia descarada de este poder de facto, a la hora de la toma de decisiones que literalmente tienen como consecuencia la vida o muerte de las personas, socava los cimientos más elementales de nuestra vida democrática.
Este trato desigual por parte del Presidente de la República ha quedado en evidencia con el rechazo y omisión sistemática que han sufrido todas las propuestas y alternativas presentadas desde hace varios meses por diferentes grupos civiles, colectivos, académicos, gremios, sectores productivos y nuestro propio partido, pensadas para amortiguar el golpe económico que sufren y sufrirán millones de costarricenses. Propuestas han sobrado, pero no ha habido voluntad política por parte del Poder Ejecutivo para considerarlas. Tras muchas promesas presidenciales ninguna de estas propuestas ha fructificado en algo concreto. Por el contrario, las propuestas impulsadas desde la UCCAEP y Horizonte Positivo, apadrinadas por los grandes medios de comunicación, han tenido un impulso privilegiado en Zapote y en la Asamblea Legislativa, cuya mayoría de fracciones sirven de correa de transmisión de estas élites empresariales.
Es por esto, que la propuesta “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, presentada días atrás por la administración Alvarado Quesada, nos parece irrespetuosa y carente de garantías y mecanismos reales, ya que a la fecha se sigue impulsando, con el apoyo de la mayoría de partidos políticos, una agenda cargada de propuestas regresivas que atentan contra la calidad de vida de la mayoría de las personas, la clase trabajadora y el pequeño empresariado del campo y la ciudad, y contra el propio Estado Social de Derecho.
Los empréstitos con el Fondo Monetario Internacional deben ser parte de la agenda del diálogo, pero la opacidad en cuanto a sus alcances, negociaciones y condiciones son muestra de la poca voluntad de diálogo de esta administración, que además ha ignorado las consultas y criterios de voces expertas que proponen la necesidad de echar mano de las reservas monetarias internacionales del Banco Central, como un recurso válido para dinamizar la economía. Es reprochable la pasividad y el cero compromiso por parte del presidente del Banco Central, mientras cientos de miles de compatriotas están cayendo en la pobreza, y miles de negocios y comercios se están viendo obligados a cerrar.
Asimismo, es indignante la voracidad de la UCCAEP y Horizonte Positivo, quienes no solo no contribuyen lo que deberían al Estado, a través de la elusión y evasión fiscal, sino que se han dedicado a boicotear cualquier propuesta para poner un impuesto a las grandes riquezas de este país en el marco de la pandemia, para inyectar de recursos a los programas sociales destinados a apoyar a las personas más afectadas económicamente en esta crisis.
Justamente este descalabro económico y social, abonado a la incertidumbre colectiva, ha servido para que grupos de extrema derecha: anti ciencia, negacionistas y anti derechos humanos, aprovechen el descontento y la incertidumbre ciudadana para fortalecer sus mensajes de odio. Preocupa que, al igual que ha sucedido en otros países, se valgan de los sectores más humildes y propensos para aumentar su poder político. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, que han gobernado y legislado en contra de las y los trabajadores y los sectores populares, son, sin duda, corresponsables del crecimiento de estos grupos.
Ante este difícil panorama, pero con la certeza de que la solidaridad y el trabajo colectivo son las únicas salidas exitosas para la crisis, desde la Comisión Política del Frente Amplio:
- Expresamos una vez más nuestra solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria, económica, política y social, que atraviesa Costa Rica y el mundo a raíz de los impactos de la epidemia del COVID-19: las familias de las víctimas mortales, las personas enfermas y las cientos de miles de personas que han perdido su fuente de ingresos. Agradecemos a todas las personas trabajadoras que se encuentran en la primera línea de batalla.
- Reconocemos el esfuerzo y el trabajo de nuestros representantes populares para buscar soluciones y mitigar los daños causados, desde nuestro diputado José María Villalta Flórez-Estrada, hasta nuestras regidurías y concejalías distritos, así como el realizado por la compañera Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, quien ha redoblado esfuerzos para acompañar a cientos de miles de mujeres, que sin duda son la población más golpeada por esta crisis.
- Hacemos un llamado urgente a la aprobación del proyecto de Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Emergencia Nacional del COVID-19, del diputado José María Villalta. Instamos a los movimientos sociales, grupos organizados y partidos políticos a exigirle a las fracciones legislativas su apoyo a esta iniciativa.
- Denunciamos que no es posible un diálogo efectivo mientras los proyectos de ley que precisamente requieren de una negociación entre amplios sectores del país, sigan avanzando aceleradamente en la Asamblea Legislativa con el único beneplácito de las élites económicas, tales como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas y la venta de instituciones públicas.
- Exigimos que el fortalecimiento y la defensa de la sostenibilidad de la CCSS en atención de enfermedades, promoción de la salud y seguridad social sea la base de cualquier proceso de diálogo nacional, ya que esto es esencial para seguir garantizando y mejorando el acceso a una salud integral por parte de la población.
- Exigimos al gobierno transparentar todo lo referente a los emprestititos con el Fondo Monetario Internacional, desde ya repudiamos cualquier maniobra que impulse solapadamente, desde la parte costarricense, la privatización y venta de Instituciones o activos del Estado. Las anunciadas intenciones de vender activos del Estado tales como la FANAL y Kolbi, instituciones públicas que han sido medulares para la atención de los efectos de la pandemia, son una muestra más del favor del Poder Ejecutivo hacia los grupos económicos más poderosos del país.
- Seguiremos promoviendo el diálogo y la negociación con amplios sectores sociales, jamás nos negaremos a dialogar, sin embargo, es nuestro deber denunciar lo poco convincentes y fructíferos que han sido los procesos propuestos por la administración Alvarado Quesada. Instamos a la conformación de una mesa de diálogo con los diferentes sectores, con garantías y mecanismos reales y formales, iguales a los que mantiene el gran empresariado. Estamos convencidos de que las discusiones fiscales y económicas requerirán de importantes y amplios consensos sociales, no solo el de un sector.
- Saludamos el esfuerzo y el trabajo de todos los grupos organizados, colectivos, plataformas y medios comunicación alternativos, que de manera responsable y decidida han planteado propuestas para enfrentar la crisis, pero que también han construido un tejido social organizativo y comunicativo para enfrentar a los poderes económicos, a los medios de comunicación hegemónicos y a los movimientos de extrema derecha.
