Los grupos de poder económico, político y mediático, movidos por sus intereses particulares y no por el bien común, han desarrollado una campaña sistemática contra las personas trabajadoras del sector público.
Se trata de una etapa más de su estrategia para debilitar el Estado, los servicios públicos y los programas sociales, y con ello ampliar sus negocios privados en los campos de la salud, educación, infraestructura, seguridad, telecomunicaciones, electricidad, comercialización de los combustibles, entre otros.
Ampliar sus negocios y sus riquezas, reduciendo a su vez su responsabilidad fiscal y social. Esos grupos se han opuesto a reformas de ley que reducirían el fraude fiscal; a reformas tributarias donde los ricos pagarían como ricos y los pobres como pobres; a mejorar las capacidades de la CCSS para cobrarle a patronos morosos con la seguridad social; a la reforma procesal laboral, que mejoraría los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado; entre otras medidas que tocarían sus intereses y privilegios.
La campaña contra el empleo público y los derechos laborales busca por un lado desprestigiar y debilitar aún más el valioso capital humano de nuestro Estado Social de Derecho, en el Gobierno Central, las Instituciones Autónomas y las Municipalidades. Y por otro, hacerle creer al pueblo de Costa Rica que esos son los factores que generan el déficit fiscal y el estancamiento económico.
Con esa cortina de humo pretenden ocultar algunas verdades que les resultan incómodas:
- La creciente desigualdad social y el aumento de la pobreza, resultantes de las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas.
- El incumplimiento de salarios mínimos y la violación de otros derechos laborales en muchas empresas privadas, donde no se permite la organización de sindicatos que defiendan a las personas trabajadoras.
- El escandaloso incumplimiento tributario (empresas y profesionales privados que no pagan sus impuestos) cuyo monto es mayor que el déficit fiscal mismo.
- Las exoneraciones fiscales que favorecen a muchas empresas, mientras que todas y todos los costarricenses tenemos que soportar la pesada carga de una estructura tributaria regresiva.
- Los pobres resultados de la estrategia de libre comercio en materia de empleo: no se han cumplido a cabalidad las promesas del TLC y más bien se han destruido muchos puestos de trabajo al debilitarse actividades productivas de pequeñas y medianas empresas.
- La corrupción y la ineficiencia enquistadas, en algunas dependencias de las instituciones públicas, durante los gobiernos de los partidos tradicionales.
De esos y otros problemas estructurales, no son responsables las personas trabajadoras, ni del sector público ni del privado. Son responsables las elites políticas, económicas y mediáticas que controlan el país y solo les preocupa seguir acumulando riquezas y poder, sin solidaridad social.
Por ello, saludamos y acompañamos a las trabajadoras y trabajadores, estudiantes y otros sectores del pueblo costarricense, que el día 26 de octubre saldrán a las calles en defensa del Estado Social de Derecho. Compartimos igualmente la exigencia de un Gobierno que resuelva democráticamente y el llamado a un diálogo nacional participativo.
Basta de imposiciones !!! Basta ya, de campañas de miedo y mentiras !!!
Es hora de enfrentar las verdades y de construir soluciones conjuntas, con diálogo, participación y responsabilidad
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARTIDO FRENTE AMPLIO
